Paysandú, Miércoles 17 de Octubre de 2012
Locales | 16 Oct Si bien el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aún no recibió ningún planteo para que el Estado se haga cargo de pagar los despidos de los alrededor de 80 ex trabajadores de Paylana que reclaman una indemnización, en principio el ministro Eduardo Brenta no recuerda antecedentes de este tipo, y no cree que el Estado deba hacerse cargo de deudas laborales de empresas privadas. No obstante, aseguró que si el grupo de trabajadores, o algunos de ellos, presentan algún proyecto productivo viable, “hay varios mecanismos” para apoyar esa propuesta.
“Aún no conozco el planteo que hacen los trabajadores, hay que ver varios aspectos jurídicos para ver si se puede aplicar, por lo que preferiría esperar a que ellos hagan llegar el planteo y analizarlo desde el punto de vista jurídico, para ver las posibilidades reales que existen de apoyarlos”, indicó.
Además, en caso de pagar despido, sería seguramente sobre todos los trabajadores que tienen créditos laborales a favor -más de 400- y no solamente los 80 que reclaman.
no es responsable
En cuanto a la viabilidad política del planteo, Brenta dijo que “el Estado no tiene ninguna responsabilidad en el cierre de Paylana. Hubo un grupo de trabajadores que quiso llevar adelante un proyecto que va a ser financiado por el fondo que se creó para eso. Y estos trabajadores no están inhabilitados de pedir apoyo para otras cosas”. Aclaró además que “en el caso de Pay-lana hubo un seguro de paro especial y extendido, porque había un proyecto atrás, que es mantener una fuente de trabajo para Paysandú. Estos trabajadores también recibirán todo el apoyo, siempre y cuando tengan un proyecto para llevar adelante y que sea viable”.
“Por un lado hay gente que encaró un proyecto productivo con un préstamo, no es una donación, y con la idea de reabrir una fuente de trabajo. Otra cosa es trabajadores cuyo responsable de hacer frente al pago del despido es el dueño de la empresa”, aseguró.
Sin antecedentes
El secretario de Estado dijo que si bien “puedo equivocarme”, no conoce “ningún caso en el que el Estado haya pagado la indemnización por despido a los trabajadores de una empresa privada. Hubo un reclamo de ex trabajadores de Salto Grande y Palmar que fueron obras públicas hechas por privados y tuvieron muchos empleados. La mayoría de esos créditos laborales prescribieron, porque hay un plazo para reclamar, y además eso no tuvo andamiento”.
“El Estado, de los aportes que pagamos todos a Rentas Generales, no tiene porqué hacerse cargo de las deudas de los privados. Lo cual no quiere decir que el Estado no pueda apoyar iniciativas de trabajadores como los de estos ex trabajadores de Paylana u otras iniciativas como micro o pequeños emprendimientos que puedan ser canalizados a través de otras políticas públicas, que incluso tiene el propio Ministerio de Trabajo sobrepequeños emprendimientos productivos. Posibilidades hay muchas si los trabajadores quieren emprender una actividad por su cuenta y con préstamos y apoyos del Estado”, reflexionó.
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