Locales | 12 Oct Mediante el cruzamiento de diversas bases de datos, la Dirección General Impositiva (DGI) detectó varias “inconsistencias” en empresas agropecuarias incumplieron o presentaron datos llamativos en sus declaraciones de IRAE. Se trata de 3.428 empresas, el 55% de las que deben pagar el impuesto, las que tendrán que regularizarse en 90 días o se les reliquidarán tributos de oficio.
Con la aplicación de distintas técnicas, el fisco estimó que en el sector agropecuario hay 6.267 empresas que debían presentar declaración jurada de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), pero de ese universo de contribuyentes 1.816 no lo hicieron.
A esto se suma que 1.612 sí lo hicieron, pero declararon pérdidas en uno o más años del período analizado lo que se considera una inconsistencia porque esos años fueron de “bonanza histórica para el agro”, dijo a El País, el titular de la DGI, Pablo Ferreri.
Esto lleva a la DGI a concluir que “hay 3.428 contribuyentes con problemas de cumplimiento o datos llamativos, lo que representa 55% del total”, informó Ferreri.
El director de Rentas explicó que las 1.816 empresas que no presentaron declaración jurada de IRAE agropecuario estaban obligadas a hacerlo “porque o superaban el ingreso mínimo por lo cual ya no podían liquidar más por Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) o por su forma jurídica, ya que son sociedades anónimas”. Desde la reforma tributaria, la facturación mínima anual para tributar obligatoriamente IRAE son 2 millones de Unidades Indexadas (UI), lo que para 2008-2011 eran más de U$S 200.000, informó el jerarca. Al año siguiente de superar ese umbral, es obligatorio presentarla.
“Sabemos que las empresas pasaron ese monto mínimo por el cruzamiento de datos. Tenemos datos de retenciones de Imeba que les hicieron terceros y sabiendo lo que les retuvieron, sabemos lo que facturaron y entonces se pasaron del tope por el que debieron liquidar IRAE agropecuario”, explicó.
A esto se agregaron las sociedades anónimas que no presentaron declaración, en base a una base de datos de DGI del registro de sociedades.
La DGI enviará en la próxima semana una citación por carta a las 1.816 empresas que debieron liquidar IRAE por ser sociedad anónima o por superar el tope de ingresos preceptivo.
“Les vamos a dar 90 días de plazo para acercarse a las oficinas de DGI. Pasado ese lapso de tiempo, a aquellos que no regularicen su situación la DGI les estará liquidando el impuesto de oficio en forma ficta, mediante parámetros que tenemos construidos para cada rubro de actividad específico dentro del sector agropecuario”, informó Ferreri.
Los 90 días regirán a partir del lunes 22 de octubre, cuando el fisco empezará a recibir a los contribuyentes citados.
Ferreri señaló que las empresas detectadas por la DGI son “de porte importante” y que “obviamente tuvieron posibilidad de asesorarse con un contador que les dijera que debían presentar la declaración jurada de IRAE”.
En una primera instancia, la citación “estará más focalizada a los omisos” que a los que declararon presentando “datos llamativos”, dijo Ferreri.
El jerarca remarcó que los datos empleados para el análisis son “objetivos” y que se emplearon “criterios técnicos. Hay un trabajo profesional y absolutamente transparente. Son situaciones de blanco o negro, no hay discrecionalidad”, aseveró.
En cuanto a las 1.612 empresas que declararon pérdidas, Ferreri dijo que no es posible afirmar que todas “estén evadiendo, porque pueden justificarlas” y prefirió no hacer públicas las estimaciones de reliquidación de impuestos con las que trabaja el organismo recaudador.
operativo
El operativo que está realizando la DGI con 60 inspectores en todo el país dirigido a un centenar de establecimientos que facturan en promedio unos U$S 5 millones por año sigue en marcha y de allí se obtuvieron insumos para el cruzamiento de datos que buscó fiscalizar el pago de impuesto a la renta.
“Ese operativo está en marcha. Van visitadas 70 empresas de las 100 y todavía se está analizando la documentación para llegar a determinar reliquidaciones”, indicó Pablo Ferreri.
El jerarca señaló que tanto esta fiscalización como el cruzamiento de datos que derivó en la detección de ausencia o datos llamativos en las declaraciones juradas de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). “Están dentro de la mirada integral e intensiva” que la DGI está poniendo sobre el sector y agregó que “de este operativo de fiscalización también surgieron datos para lo otro”.
Ferreri anunció en agosto que este operativo se pondría en marcha, cuando tras cruzar datos con el Instituto Nacional de Colonización encontró que unos 100 establecimientos mostraban riesgo de evadir impuestos como el IRAE y el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.
Impositiva estima que la evasión impositiva en el agro uruguayo es de 25% y 30%, mientras que la de la economía en general por evasión de IVA es del 15%. En aquella oportunidad, el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, calificó la fiscalización como “una venganza” contra los productores rurales que presentaron recursos de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).