Nacionales | 18 Oct La norma que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación fue aprobada con 17 votos, correspondientes a los senadores del Frente Amplio y del nacionalista Jorge Saravia, luego de la votación en Diputados el mes pasado, por lo que ahora el texto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
En caso de que Mujica promulgue la ley se sumará a Cuba, Guyana, Puerto Rico y la capital de México, que tienen legislada la despenalización del aborto hasta durante las primeras semanas de gestación. La nueva normativa cuenta con diversos pasos para que la mujer pueda acceder a un aborto legal, incluyendo comparecer ante un equipo interdisciplinario, que le explicarán los alcances de su decisión.
Una vez transcurridos cinco días de “reflexión”, la mujer tendrá la última palabra. Dentro del plazo de las 12 semanas de gestación la mujer deberá acudir a consulta con un ginecólogo ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, con el objetivo de poner en conocimiento del médico “las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso”, señala el segundo artículo de la ley. Una vez transcurrido el plazo de “reflexión”, si la mujer ratifica su voluntad de interrumpir el embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se le coordinará de inmediato el procedimiento.
La ratificación será expresada por consentimiento informado e incorporado en su historia clínica, sea cual sea la decisión que adopte la mujer y tanto el equipo interdisciplinario como el médico ginecólogo deberán dejar constancia sobre lo actuado.
El aborto se puede llevar a cabo con la sola voluntad de la mujer y el padre sólo puede participar en la decisión en caso que la mujer lo autorice, pero de ningún modo puede forzar a la mujer a interrumpir su embarazo o a continuarlo. Las menores de edad no están habilitadas a abortar, salvo que el médico ginecólogo tratante cuente con el consentimiento de los padres o encargados legales y en el caso de una mujer declarada incapaz, se requerirá el consentimiento informado de su curador y venia judicial del juez competente.
Si se trata de una menor, podrá presentarse ante un juez competente, quien deberá resolver en un plazo máximo de tres días corridos, contados a partir de la presentación ante la sede. Posteriormente deberá convocar a la adolescente y al Ministerio Público, para oírla y recabar su consentimiento para la interrupción del embarazo, que será verbal y gratuito. El artículo 6 señala que entre estos casos se incluye el embarazo que implique un “grave riesgo para la salud de la mujer” y cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo fuera producto de una violación y la mujer se encuentre dentro de las catorce semanas de gestación. Las instituciones que tengan objeciones de ideario, preexistentes a esta ley, respecto a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, podrán no practicarlos, pero deberán acordar con el Ministerio de Salud Pública la forma de prestar este servicio a sus usuarias de forma tercerizada y deberán pagar por esos procedimientos. Los médicos ginecólogos y personal de salud que tengan objeciones de conciencia deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen. La objeción podrá manifestarse o revocarse de forma expresa, en cualquier momento, bastando la comunicación a las autoridades de la institución. Quienes no presenten objeción de conciencia, no podrán negarse a practicar un aborto.
La mujer que no cumpla con todos los trámites y plazos establecidos en la ley e igual se realizare un aborto, puede ser penalizada con tres a nueve meses de prisión.
Proyectos de megaminería deberán pagar garantías
Los proyectos de megaminería de gran porte que se desarrollen en el país, --además de pasar filtros ambientales y jurídicos y retribuir en impuestos una buena porción de sus ganancias-- deberán establecer tres tipos de garantías económicas. Según establece el proyecto de ley que el gobierno envió al Parlamento, la empresa minera tendrá que ofrecer garantías por cumplimiento del contrato, para atender posibles impactos ambientales que no pueda cumplir en su gestión y además, costear posibles arbitrajes internacionales referidos a la vinculación. El texto del proyecto recoge lo debatido entre los partidos en la comisión especial que trabajó desde el año pasado, a partir de la polémica por la posible instalación de la minera Zamin Ferrous (Aratirí), que pretende extraer para su exportación cerca de 18 millones de toneladas de hierro durante 20 o 30 años.
El costo de la garantía para cubrir impactos ambientales será calculado por el Poder Ejecutivo de acuerdo a la estimación de los costos de implementación de las actividades previstas en el plan de cierre de la mina, que se comprende de un conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se deriven del desarrollo de las actividades mineras, así como las conexas. La otra garantía referente al contrato corresponderá a 5% del monto de las inversiones programadas por la empresa y podrá presentarse por medio de un depósito bancario, una póliza de seguros o un aval bancario, que podrá ser ejecutada cuando el privado no cumpla con lo establecido en las condiciones del texto acordado con el Poder Ejecutivo.
Otro aspecto novedoso del texto es la retroactividad, y estas iniciativas que se encuentren en actividad a la fecha de promulgada la ley tendrán dos años para adaptarse al nuevo régimen. Las sociedades anónimas que desarrollen actividades de este tipo deberán emitir acciones nominativas y contratar auditorías internacionales para estudiar el impacto ambiental de sus proyectos, lo cual deberá ser puesto a consideración del Ministerio de Vivienda.
El proyecto del gobierno extiende la aplicación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) para la megaminería y establece un extenso cálculo en los descuentos a las ganancias. Así, por ejemplo, si la empresa terminó con 50% de ganancias respecto a sus ingresos, el Estado le descontará 20%. El 70% de ese dinero irá para un fondo “intergeneracional” que podrá ser invertido en tecnología para la educación y cambio climático.
López Mena entregó propuesta y
está custodiado
En una reunión que duró cerca de una hora y media, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, recibió del empresario argentino Juan Carlos López Mena una nueva propuesta para hacerse cargo de los siete aviones de Pluna subastados el pasado 1° de octubre. El representante del Ejecutivo se reunirá hoy con el grupo del empresario argentino Carlos Molinari, quien manifestó interés en crear una nueva aerolínea con aviones de la desaparecida empresa estatal. Pero no sólo tiene para analizar las propuestas de empresarios, ya que los ex trabajadores de Pluna presentaron un proyecto --para el cual cuentan con el interés del gobierno venezolano-- que el presidente José Mujica calificó de “interesante”, pero “demasiado amplio”.
Además, el Senado votó la interpelación por 14 votos en 30, de los ministros Lorenzo y Pintado para que respondan sobre la subasta de los siete aviones Bombardier. Particularmente, los legisladores de la oposición quieren saber sobre el aval de U$S 13 millones que otorgó el Banco República a la empresa española Cosmo. Por eso también se solicitó la presencia del presidente del BROU, Fernando Calloia. Por otro lado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó que se decidió otorgarle protección policial al empresario argentino Juan Carlos López Mena, un día después de las duras declaraciones del senador comunista Eduardo Lorier contra el titular de Buquebus y BQB. El legislador comunista había dicho en radio El Espectador “ya fue, ya pasó hermano, retirate o te vamos a retirar”. Desde entonces, policías del Departamento de Operaciones Especiales acompañan al empresario en todas sus actividades y también se ubicó una guardia en la casa de López Mena, en el barrio Carrasco.