Opinion | 20 Oct El tratamiento del tema en el Senado no fue distinto en esencia que el escenario que se dio en la Cámara de Diputados, y como suele ocurrir en nuestro país, se ha puesto por la parte opositora a la norma en un extremo fundamentalista, como un dilema entre “vida sí o vida no” la discusión respecto a la denominada Ley de Asistencia Reproductiva o ley de despenalización del aborto, como si de un lado estuvieran los buenos y del otro los malos.
Por supuesto, la verdad no es patrimonio de ninguno de los dos “bandos” que se alinearon en las respectivas posiciones, desde que estamos ante una problemática muy compleja, que atraviesa transversalmente la sociedad y por ende a los propios partidos, pese a que en el Parlamento haya posiciones casi monolíticas desde el punto de vida de las bancadas partidarias convocadas a pronunciarse sobre la iniciativa.
Es que el tema conlleva implicaciones desde el punto de vista filosófico, religioso, cultural, ético y moral, aunque por más vueltas que se le de, la esencia del asunto, que es precisamente el eje del problema, es el embarazo no deseado. En la legislación anterior un proyecto de similares características fue vetado por el ex presidente Tabaré Vázquez, haciendo uso de la facultad que le confiere la Constitución, y por lo tanto impuso su punto de vista por sobre el de todos los uruguayos, lo que es por cierto una postura muy particular en un tema en el que nadie es dueño de la razón, por más énfasis que se haga en los argumentos y se rasgue las vestiduras en un rapto emotivo y de búsqueda de golpe de efecto.
El punto es que poner el tema entre aborto o vida, como se ha promovido por quienes se oponen, es un eslógan tramposo para obtener simpatías en un extremo sin ninguna otra consideración, y lo que se ha ofrecido en realidad es mantener la ley vigente, que es una clara manifestación de hipocresía, porque penaliza sobre una situación indeseada y traumática, como es el embarazo no deseado, deja a la mujer de menores recursos indefensa y a menudo la hace caer en manos de inescrupulosos que efectúan prácticas abortivas sin ninguna higiene, poniéndola en riesgo de vida y muchas veces ocasionándole la muerte por hemorragias e infecciones derivadas de una intervención “quirúrgica” sin ninguna garantía. Por otro lado, las mujeres provenientes de familias pudientes no tienen mayores inconvenientes en abortar, si esa es su decisión tras meditar largamente el tema, rodeadas de todas las garantías posibles, en un quirófano y con profesionales especialistas en la materia. Es que la práctica del aborto está instalada en el Uruguay en todos los estratos sociales, con cualquier nivel cultural, por lo que en buena medida es aceptado y tolerado o en su defecto ocultado por la sociedad, aunque públicamente aparecen sólo las voces en contra cada vez que se trata el tema públicamente.
Lo expresado demuestra claramente que no es cierto haya “defensa de la vida” en la legislación vigente, y que es necesario buscar las máximas garantías posibles a la mujer de cualquier condición económica cuando se enfrenta ante un trauma de semejantes características, del que no se sale alegremente sino volcándose finalmente por la opción que considera menos mala en determinadas circunstancias.
Tampoco es cierto, como se pretende hacer creer, que mediante esta norma se da luz verde para abortar, como si a partir de la despenalización bajo determinadas circunstancias miles de mujeres saldrán a practicarse un aborto porque ahora serán libres de poder hacerlo. Ninguna mujer se practica un aborto por diversión o placer, y siempre implica un trance que deja secuelas sicológicas de difícil superación. Eso también es un hecho.
Por tal motivo el proyecto aprobado por mayoría en el Senado, con los votos del Frente Amplio y un senador del Partido Nacional, que pasa a la promulgación por el presidente José Mujica y a la posterior reglamentación, establece que previo a la realización del aborto la mujer deberá obligatoriamente solicitar asesoramiento médico a un “Comité Clínico” que funcionará en la esfera del Ministerio de Salud Pública, el que asesorará a la mujer sobre las opciones que tiene ante el dilema que se le plantea, y solo después que reciba la información pertinente y decida en consecuencia, estará en condiciones de interrumpir el embarazo solo dentro de las primeras doce semanas de gestación.
Ayer mismo, el senador Pablo Abdala, del Partido Nacional, anunció que se iniciará una campaña de recolección de firmas para someter la ley a consulta popular buscando su derogación, con el apoyo de organizaciones sociales que se han pronunciado en contra la iniciativa.
Es lo mejor que podía pasar, como lo hemos proclamado en más de una oportunidad desde estas páginas: ante un tema de tal trascendencia y connotaciones, la decisión no debe recaer en manos de un presidente o del Parlamento, sino que la sociedad toda debe pronunciarse a través de un referéndum, que es la única forma de saber lo que el pueblo quiere, en una instancia de decisión en la que podrá expresarse libremente y sin presiones frente a las urnas.