Opinion | 25 Oct El escenario de alta inflación, muy por encima de la franja estimada por el equipo económico de gobierno, y la imposibilidad de contenerla mediante medidas de macroeconomía, ha llevado al Ministerio de Economía y Finanzas a la instrumentación de una medida poco ortodoxa para un mercado desregulado, si se tiene en cuenta que la alternativa por la que se ha inclinado es la “congelación” voluntaria de de precios a través de las cadenas de supermercados, por acuerdo con proveedores.
Es que el guarismo acumulado anual del 8,64 por ciento cerrado en setiembre ha generado una alerta amarilla en el gobierno, desde que se está aproximando al fatídico guarismo del diez por ciento que dispararía reajustes semestrales de salarios y pasividades, lo que implicaría un alto costo para las arcas del Estado pero también un factor de realimentación de la inflación.
El problema es que la inflación no puede controlarse por decreto, sino que es el resultado de una serie de factores que inciden en la generación del valor final de cada producto o servicio, por lo que necesariamente –al menos en una economía abierta—los costos de producción y de funcionamiento son trasladados al precio final, salvo que se esté dispuesto a pagar un subsidio o que alguien se haga cargo de la diferencia entre el valor real y el de fantasía por la rebaja.
En este caso puntual el gobierno obtuvo receptividad en los empresarios de las cadenas de supermercados y los proveedores para rebajar y/o congelar por unos dos meses los precios de una canasta de doscientos artículos de primera necesidad, con excepción de frutas y verduras, los que se ofrecen ya al público y con los que se pretende desacelerar el ritmo de crecimiento de los precios.
Con esto lo que se logrará realmente es maquillar el Índice de Precios al Consumo (IPC) por dos meses, de forma de atemperar el guarismo que se aproximaba al diez por ciento, pero ello no significa contener la inflación.
Es que los costos generadores de precios siguen vigentes, y el gobierno en el mejor de los casos lo que logrará es ganar tiempo, porque los insumos que disparan los precios se mantendrán disimulados por el tiempo estipulado, pero volverán a incidir en enero –o cuando la situación se libere--, seguramente con mayor vigor, porque se ha mantenido cerrada la tapa de la ola de presión que es la inflación, y la acumulación solo hará que se dispare nuevamente si es que en el ínterin no se logra reducir los costos.
Por lo tanto sólo se está falseando la realidad al controlar los precios de algunos productos que son considerados para el cálculo del índice de inflación –todo lo demás seguirá aumentando como la realidad lo impone--, pero no se hace nada para atacar las causas de la disparada de precios, que es un aspecto en el que el Estado es un actor fundamental, desde que su alto costo encarece sensiblemente la producción y la cadena de comercialización hasta el acceso del producto al consumidor final.
La contención artificial de precios es reveladora de serias debilidades en la economía de país, que hasta ahora se mantenían disimuladas bajo un crecimiento del PBI extraordinario impulsado a su vez por los altos precios internacionales de los productos primarios que Uruguay produce.
Todo esto pone de relieve la necesidad de rectificar procedimientos y promover respuestas que se había querido soslayar para no pagar costos políticos por medidas antipáticas, que significa entre otras cosas ponerle límites a la voracidad de los sindicatos y en algún momento, empezar a ver cómo se puede disminuir la presión fiscal sobre las empresas, para lo que es imprescindible que el Estado deje de dilapidar recursos.
Como el equipo económico está integrado por técnicos capaces que conocen perfectamente las leyes de la economía, es de esperar que en estos dos meses de “tregua” se busquen alternativas para atacar las causas y no los efectos de la inflación que erosiona el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, para evitar correr el riesgo de caer en la congelación de precios y salarios como sucediera en la época del gobierno de Jorge Pacheco Areco, que llevó a la creación de la Coprin (Congelación de Precios e Ingresos) derivada luego en la Dinacoprin, de triste recuerdo.
Y la respuesta pasa por abatir costos de producción, que solo se lograrán mediante instrumentos como una mayor productividad –otra mala palabra para los sindicatos-- una moderación lógica en los aumentos de salarios, ajuste del déficit de las cuentas públicas y una mayor eficiencia en el gasto del Estado, así como incentivos para el ahorro en el sector privado, por mencionar los elementos más importantes y propios de la ortodoxia económica que sin embargo han sido dejados de lado confiando, ingenuamente o por motivos político electorales, en que el escenario exterior favorable nos seguirá blindando contra avatares que ya están a la vuelta de la esquina.