Nacionales | 19 Oct El empresario argentino Juan Carlos López Mena expresó en la tarde de ayer su “desinterés por los aviones” de la ex Pluna, según informó la empresa en un comunicado. Mientras, el argentino Carlos Molinari pidió cinco días para concretar su propuesta final en cuanto a los seis aviones del leasing.
El titular de BQB había expresado al presidente Mujica su voluntad de adquirir el boleto de Cosmo y encarar el proceso para operar los aviones y las líneas de Pluna, pero en la tarde de ayer –según el comunicado-- “López Mena comunicó al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, que desistió de la compra de los aviones por la situación creada por importantes sectores del partido de gobierno a través de las manifestaciones de los senadores Rubio, Lorier, Bayardi y Vega, entre otros”, explicó. Las medidas adoptadas por el gremio de funcionarios de la ex aerolínea de bandera también influyeron en la decisión.
El comunicado agregó que las manifestaciones “llegaron a extremos impensados, al punto de tener que poner hasta custodia policial al empresario y su familia”.
“Las fuertes discrepancias en el seno del gobierno acerca de si se anula o no la subasta por los hechos posteriores a la misma, sumado a las internas que están surgiendo día a día y por la fuerte resistencia político social desplegada por Lorier y los gremios, hicieron que López Mena planteara a Breccia que no están dadas las condiciones adecuadas para avanzar en un proyecto tan complejo como el de la aerolínea”, indicó. Añadió que el senador comunista Eduardo Lorier reiteró ayer en diálogo con Subrayado las advertencias emitidas días atrás a El Espectador.
El comunicado finalizó con que “fuentes allegadas a ambas partes coincidieron que armar una nueva empresa con la resistencia frontal del gremio de Pluna, apoyada en varias fracciones del partido de gobierno hacen inviable el proyecto”.
Por su parte, el empresario argentino Carlos Molinari se reu nió con el secretario Breccia y con representantes de los ministerios de Transporte y Economía, para ampliar detalles sobre su propuesta de crear una aerolínea de bandera nacional tras la quiebra de Pluna, según publicó El Observador.
Molinari pidió cinco días para concretar su proyecto final. “Nuestra propuesta es la creación de una aerolínea de bandera con los seis aviones del leasing”, señaló. Además se mostró dispuesto a hacerse cargo de “parte de las deudas de Pluna”, y de contratar a todos los empleados de la aerolínea quebrada, aunque de forma “gradual” y “proporcional a la cantidad de aviones”. Añadió que su interés es que “lo primero sea retomar la conectividad” del país.
COMISIÓN PARA REFERÉNDUM
El diputado nacionalista Pablo Abdala anunció en conferencia de prensa junto a varios legisladores del Partido Nacional (PN), la promoción de un referéndum para derogar la ley que despenaliza el aborto, aprobada por el Senado con 17 en 31 votos.
“Tras la decisión del Senado, iniciamos un camino hacia el referéndum para someter la ley del aborto al veredicto popular”, indicó el legislador a El Observador. Añadió que “más allá de que la posición del PN es clara, objetivamente se trata de una decisión de tal magnitud que no parece sano que quede librada a una mayoría ajustada, por más legítima que sea esa mayoría. Es tiempo que los representantes devuelvan el poder de decisión al soberano”, afirmó.
En tal sentido, el diputado anunció la creación de una comisión multipartidaria que trabajará en el tema y definirá los pasos y el camino a seguir. “Ya hemos iniciado los contactos con todos los partidos políticos y confiamos en que la comisión esté integrada por sectores de todos ellos. Queremos que la convocatoria sea lo más amplia y diversa”, manifestó.
Los legisladores del PN consideran que la forma más adecuada es que no se superpongan con las elecciones nacionales. En primer lugar se deben presentar ante la Corte Electoral unas 12.000 firmas en el transcurso del primer año de promulgada la ley.
Una vez cumplida esta etapa, se convoca a una consulta popular no obligatoria en la que los impulsores de la derogación deberán reunir el 25% de los votos del padrón electoral. Si no logran este objetivo, tendrán una segunda oportunidad 60 días después y si nuevamente no lo consiguen, la ley quedará firme. Si los votos alcanzan, se convocará a un referéndum en el que se votará por sí o por no a la propuesta de la derogación.
Por su parte la Federación Médica del Interior (FEMI) aseguró que en pequeñas localidades del Interior será difícil cumplir con los plazos establecidos por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por lo que habrá procedimientos en el límite de las 12 semanas.
El presidente de FEMI, Edgardo Mier, dijo a Montevideo Portal que las instituciones del Interior consideran que deberá comenzar “la etapa más importante” del proceso, puesto que la norma deberá reglamentarse.
El jerarca se mostró preocupado por “el plazo lapidario de las 12 semanas” porque “hasta ese límite el aborto es voluntario y un día después es un delito”. Explicó además que las capitales departamentales tienen los recursos para llevar adelante el proceso pero será difícil practicarlos en las más pequeñas. “Las mujeres de localidades pequeñas o del medio rural no pueden ir todos los días a las capitales departamentales, por lo que cumplir con los plazos se vuelve más complicado”, indicó.
Aclaró que “ginecólogos y psiquiatras no abundan, pero en todas las capitales departamentales hay”, y agregó que “si bien no sabemos qué demanda habrá, no esperamos una ‘epidemia’, por lo que creemos que se van a poder atender todos los casos”. A las instituciones médicas del Interior también les preocupa el costo extra que insumirán los abortos. La ley aprobada indica que el Ministerio de Salud Pública deberá proveer los recursos a las mutualistas, pero para FEMI aún no está claro como funcionará esa coordinación.
AUMENTO DE TARIFAS PODRÍA POSPONERSE
El Gobierno evalúa la posibilidad de postergar el aumento de tarifas públicas en enero, según informó a radio Carve, Andrés Masoller, director de asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía (MEF).
Añadió que los próximos aumentos salariales “estarán atados a la productividad de las empresas”. El jerarca explicó además que nuestro país “enfrenta un crecimiento importante de algunos productos básicos alimenticios. También enfrenta un proceso de inflación creciente desde Argentina”, a lo que “se agrega una demanda doméstica que crece y pone presiones sobre estos precios”.
En lo que refiere al congelamiento de precios para frenar la inflación, Masoller señaló que “se apunta un cambio de las expectativas de los agentes económicos en base a acuerdos y negociaciones que permitan quebrar con la inercia inflacionaria”.
Agregó que esta medida apunta a los supermercados “que son parte de los formadores de precios y ataca al corazón del problema que son los productos alimenticios de la canasta de consumo”.
“Desde el gobierno se intenta hablar con los agentes más representativos en base a un esquema de grandes cámaras empresariales. Buscamos lograr consensos voluntarios porque se apuesta a llegar a acuerdos con el sector empresarial y trabajadores”, sostuvo.
“El problema de la inflación es un problema de todos los uruguayos y nadie se beneficia con ella”, agregó.