Locales | 31 Oct La necesidad de contar con una cartera de tierras a nivel departamental y nacional fue destacada por David Doti, líder de la Lista 36 del Partido Nacional, quien consideró que de su existencia “depende la posibilidad cierta de acceder a una vivienda”. Este hecho, puede cristalizar, en la medida en que se otorgue o se facilite, la reserva de tierra urbana. La preocupación que hoy queremos transmitir, por supuesto que no es idea nuestra, por lo cual queremos hacer un agradecimiento al arquitecto Juan Carlos Siázaro --de reconocidos méritos-- que con sus aportes permite desarrollar una temática de vasto alcance”, dijo.
Agregó que “los gobiernos departamentales como nacionales --pero en particular estos últimos-- deberían coordinar sus acciones en pos de la mejora de la calidad de vida de un importante sector de nuestra sociedad”.
“Desde el punto de vista social esta intervención del Estado es un factor de equidad, brindando igualdad de oportunidades para aquellos habitantes que no poseen una capacidad económica en lo inmediato. Desde el punto de vista urbanístico, dicha reserva permite una planificación del crecimiento de las ciudades y, al decir del arquitecto Siázaro, evitar que la acción especulativa exagerada, provoque vacíos o ‘caries’ en el tejido urbano, con el consiguiente desa provechamiento de los servicios existentes, y con una innecesaria y onerosa extensión de nuevas redes (saneamiento, agua potable, electricidad, pavimentos y demás) hacia zonas más alejadas. Esta visión la compartimos plenamente y consideramos, humildemente, que debería ser atendida por las autoridades correspondientes”.
Desde el punto de vista legal, dijo que “parecería adecuado que perteneciera a la órbita municipal (Ley Nº 9.515 , de 1935). A pesar de ello, y por décadas el numeral 8º del artículo 75 de la Ley Nacional de Vivienda Nº 13.728 , de 17 de diciembre de 1968, dispuso, con acierto ‘establecer, por vía reglamentaria, las condiciones que deben reunir las áreas urbanas y suburbanas para el afincamiento de viviendas que se construyan de acuerdo a esta ley, en cuanto a servicios, equipamiento, e instalaciones de uso colectivo’. Podemos agregar que la ley mencionada resultó de un exhaustivo trabajo de varios legisladores (el más destacado, el arquitecto Juan Pablo Terra) como así también de técnicos del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, de la Asociación de Ingenieros, de la Sociedad de Arquitectos, de la Liga y de la Cámara de la Construcción y del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU)”. Añadió que “a pesar de lo expresado, en el país, en materia de reserva de tierras, (con la excepción de la ciudad de Paysandú) no existieron políticas concretas, tanto en lo nacional como en lo municipal. Lo que ocurrió en Paysandú, en este caso, fue que los cooperativistas, junto con los asesores técnicos privados (casualmente del mismo instituto que había hecho aportes a la redacción de la Ley Nacional de Vivienda) idearon una solución para un sistema de compra de terrenos por parte de la Dirección Nacional de Vivienda y cuya finalidad era adelantarse a la especulación privada desmedida, y de esa manera permitir que los futuros programas habitacionales tuvieran una ubicación adecuada en la zona urbana. Este hecho le brindaría al municipio sanducero (y a los entes estatales nacionales) mayores facilidades a la hora de diseñar las diversas redes de servicio”.
“Como opinión final y, también en conocimiento de la realidad que nos permite saber de la inexistencia de predios por efecto de esa acción estatal, es que consideramos de suma importancia y de relevancia retomar ese impulso que, en su momento, rindió frutos a un sector importante de la sociedad uruguaya, pues la especulación desmedida siempre existe y conspira contra el éxito de nuevos planes habitacionales y contra los objetivos urbanizadores de cualquier intendencia. Como reflexión final, se puede argumentar la falta de recursos económicos oficiales, pero lo que queda en claro es que lo que hoy el país no gasta en compra de terrenos, cuando deba acceder a construir grupos habitacionales, el costo de los mismos será superior al de tener que invertir en innecesarias extensiones de servicios, pues la disponibilidad de los mismos estará en zonas alejadas de los centros urbanos”, puntualizó.