Opinion | 30 Oct Hasta el 1º de noviembre se desarrolla en Uruguay la Tercera Conferencia del Grupo de Operadores de Redes (Lacnog) y la reunión del Registro de Direcciones de Internet (Lacnic) de América Latina y el Caribe, ámbito en el que se debaten numerosos temas y realizan disertaciones técnicas acerca de la proyección de Internet para los próximos años. Uno de los primeros en abordarse fue el de tecnología y privacidad.
Uruguay está convirtiéndose en uno de los países líderes en conectividad en la región y tiene una excelente posición en la región y el mundo en materia de uso de Internet. La conexión a hogares es de casi el 50%, se está desarrollando el proyecto de fibra óptica al hogar y hay 1.600.000 usuarios de Internet. Cuenta con los porcentajes más altos de la región en los índices de inclusión digital, donde el Plan Ceibal ha sido un proyecto que contribuyó a llevar Internet a los niños y jóvenes.
El gobierno, por su parte, desarrolla políticas de sociedad de la información que están expresadas en agendas digitales e incluyen muchos proyectos, algunos de infraestructura como el marco regulatorio y tecnológico en materia de salud, educación, gobierno electrónico y comercio electrónico, tratándose de políticas que necesitan de Internet para desarrollarse.
Para muchos en este desarrollo, en especial aquellos que involucran directamente a la población, resulta fundamental generar confianza en materia de datos personales y la privacidad de la información.
El director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), José Clastornik, se refirió al necesario equilibrio entre “la tecnología versus los derechos que hay que garantizar”.
En tanto Brad Smith, consejero general y vicepresidente ejecutivo de Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft Corporation sostuvo que “necesitamos algo nuevo, prácticas justas de la información que hayan sido respaldadas y aprobadas internacionalmente como la transparencia y la responsabilidad”. Esto implica tres aspectos: la regulación de la privacidad con reglas de juego claras, autorregulación en el flujo de las normas y para que la tecnología pueda avanzar.
Las instituciones y empresas que recopilan datos personales tienen la obligación ética y legal de proteger su privacidad, pero esto no siempre se cumple. En definitiva, las nuevas tecnologías representan una gran oportunidad para muchas cosas pero también nuevos desafíos. Generalmente los problemas no son de la herramienta sino de las decisiones de las personas y es a ellas que hay que exigir transparencia y responsabilidad.