Nacionales | 05 Nov Defensores de narcotraficantes iniciaron una movida por la que cuestionan las escuchas telefónicas como prueba en las investigaciones judiciales y solicitan la nulidad de lo actuado en expedientes en los que fueron procesados. Si la Justicia hace lugar a estos reclamos, podrían caer decenas de procesamientos de personas acusadas de cometer delitos de narcotráfico y lavado de activos.
El ex juez penal y abogado Federico Álvarez Petraglia es uno de los defensores que ha pedido la nulidad de las actuaciones por considerarlas nulas. Según la ley, las escuchas deben ser dispuestas por el juez, a pedido del fiscal, y deben fundamentar la medida. Sin embargo, según Álvarez Petraglia los jueces se dedican a llenar un formulario que es siempre el mismo al que le cambian el nombre y “no existe ningún trabajo previo de investigación que justifique la intervención telefónica”.
“No se trata de dictar una providencia de mero trámite, se trata de una providencia que limita un derecho tutelado por la Constitución y los principales tratados de derechos humanos”, señaló el abogado en un escrito que presentó en el caso de Milton Edgardo Millán, procesado por el Operativo Tetras de 2010, por el cual se incautaron 39 kilos de pasta base, clorhidrato de cocaína, productos químicos, cuatro armas cortas y diez vehículos. En ese caso pidió anular el procesamiento y liberarlo. La jueza Adriana de los Santos rechazó la solicitud de Álvarez Petraglia, quien apeló. Ahora el recurso es estudiado por un tribunal de apelaciones.
El juez penal Luis Charles planteó el tema y admitió que existe un abuso de esa prueba entre sus colegas. En un seminario de la Asociación de Magistrados realizado en Treinta y Tres recientemente, Charles afirmó que “por primera vez en la historia del proceso penal uruguayo, la confesión está jaqueada como la reina de las pruebas y está jaqueada por la intervención telefónica”. “Más sencillo que un interrogatorio con los avatares del mismo, es intervenir un teléfono, pero también es más peligroso porque hay que tener sumo cuidado al respecto porque se afecta el derecho a la intimidad y convertimos esto en un Gran Hermano”, advirtió.
La mayor parte de las escuchas las realiza la Brigada Antidrogas, dependencia altamente especializada que tiene capacidad para practicar hasta 200 pinchazos a la vez. La eficacia de la tarea de esa oficina ha llevado a otras a copiar el mecanismo, pero no todas las dependencias policiales tienen la misma experiencia. El planteo realizado por Álvarez Petraglia y otros abogados apunta a señalar casos en los que la autoridad policial ingresó “a pescar en busca de indicios de alguna supuesta actividad criminal, indicios con los que en principio no contaban”, como planteó en el caso de Millán. En opinión del defensor toda prueba que se obtenga violando derechos fundamentales es “ilícita” y debe ser prohibida.
En su argumentación manejó que el artículo 28 de la Constitución establece que los papeles y comunicaciones de los particulares son inviolables y que el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”. El defensor planteó en el caso concreto que la única explicación para la primera escucha es que la sede y la Fiscalía “tenían fe ciega en lo afirmado por la Policía” y dijo que esa medida parece ser una cuestión de “religión” más que de “derecho”. Agregó que se está aplicando el denominado “derecho penal del enemigo”, que establece que hay sujetos que deben ser considerados ciudadanos y otros enemigos y ser tratados como tales.
Este tipo de planteos surgieron cuando el penalista Carlos Curbelo Tammaro fue procesado justamente por Álvarez Petraglia siendo juez.
En aquel momento se cuestionó que se habían aceptado como prueba escuchas del defensor con sus clientes y la ley prohíbe tomar en cuenta escuchas de abogados con sus clientes. Álvarez Petraglia admitió que la presentación de estos recursos le ha servido para ganarse la molestia de sus ex colegas pero afirmó que ahora está “del otro lado del mostrador” y tiene que cumplir con su “función”.
ASTORI EN VISITA A VIETNAM Y SINGAPUR
El vicepresidente Danilo Astori comenzará hoy su visita oficial a Vietnam y Singapur, que culminará la semana próxima, encabezando una delegación compuesta por autoridades de gobierno y también por representantes de trabajadores y empresarios.
Según la agenda establecida, la delegación llegará al aeropuerto internacional de Noi Bai en Vietnam hoy a primera hora de la mañana.
Antes de su partida, el vicepresidente dijo a la Secretaría de Comunicación de Presidencia que “desde el 2005 en adelante, los gobiernos del Frente Amplio han asignado mucha importancia a la apertura del país al exterior. Desde todo punto de vista: desde lo económico, lo comercial e inversiones, pero también desde el punto de vista político, apostando al multilateralismo”.
“También a la cooperación, a la amistad entre los pueblos, a la garantía de valores superiores, como por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, la no injerencia en asuntos internos de otras naciones, el respeto a la soberanía. Uruguay ha volcado al servicio de estos valores, así como al desarrollo cultural y de cooperación, un gran esfuerzo”, añadió
El regreso de la delegación a Uruguay está previsto para el próximo lunes al mediodía.
DISCREPANCIAS POR SOLUCIÓN A PLUNA
El gobierno asume que no hay un inversor privado que pretenda adquirir los siete aviones de la ex Pluna y formar una aerolínea a puro riesgo y sin contar con un respaldo financiero del Estado. Ante la falta de propuestas concretas, la cooperativa de ex trabajadores parece ser la solución más factible. Sin embargo, dentro del gobierno hay “fuertes diferencias respecto al papel del Estado en el negocio”.
El presidente José Mujica impulsa la cooperativa que ex trabajadores pretenden formar, alternativa que requiere un fuerte desembolso dado que el Estado debería asumir las deudas de la ex Pluna y aportar 15 millones de dólares al inicio, siete millones al año por combustible subsidiado y acceder a otras ayudas.
En tanto fuentes astoristas aseguraron que la mejor salida para Pluna, según el equipo económico, pasa por el alquiler de las aeronaves subastadas, porque con lo recaudado por arrendamiento --sumado a un subsidio estatal menor explícito como parte del pago de la cuota al Scotiabank-- Uruguay podría mantener su conectividad.