Opinion | 06 Nov Aunque no es un tema que esté en el tapete y ni siquiera en la agenda política, por cuanto hasta ahora ha primado la idea de “patear la pelota para adelante” para que busquen soluciones los que vengan después, la problemática de la seguridad social es un hierro candente en nuestro país, como lo es prácticamente en toda nación que presente elevado envejecimiento poblacional y limitaciones económico-financieras notorias. El envejecimiento poblacional mundial tiene una diversidad de grados según el país de que se trate, y por ejemplo, mientras en Europa y Japón, así como en otras naciones desarrolladas, ya es una problemática que tiene connotaciones no solo respecto al futuro cercano, sino que forma parte de una actualidad insoslayable, en el caso del Tercer Mundo se percibe como un escenario más lejano por la composición de sus franjas etarias. Pero este no es precisamente el caso del Uruguay, donde hay características contradictorias respecto a los escenarios en el mundo desarrollado y en los países denominados eufemísticamente como emergentes. El abogado y experto en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, subdirector en la Dirección General de la Seguridad Social entre 1985 y 1986, director del BPS entre 1986 y 1990 y presidente del BPS entre 1990 y 1993, Dr. Rodolfo Saldain, quien fue además corredactor de la reforma previsional uruguaya que introdujo el sistema de las AFAP, evaluó recientemente para El País el panorama que se da en esta materia en nuestro país.
Consultado al respecto, reflexionó que “el último censo ratifica lo que se viene viendo desde hace muchos años, que es el envejecimiento de la población uruguaya y otro factor que es el envejecimiento del envejecimiento. La población que crece más rápido es la población de 80 y más años de edad, es decir, cada vez hay personas mayores de 65 años en mayor cantidad y creciendo más rápidamente todavía los mayores entre los mayores; eso se llama envejecimiento del envejecimiento”.
Al explicar “el envejecimiento del envejecimiento”, señaló que este factor “nos interpela como sociedad sobre todo en lo que es la política de cuidados de las personas mayores, por lo que implica en el entorno familiar. El segundo hito es que los mayores de 65 años cada vez son más y eso implica atender la política de ingresos de las personas mayores. El BPS y cajas como la Policial y la Militar funcionan con transferencias del resto de la sociedad a los mayores. La población en edad activa financia los ingresos de la población jubilada y en el contexto demográfico uruguayo ese tipo de ingresos en la vejez es fuertemente presionado al alza, lo que lleva a pensar en la necesidad de cambios de esta naturaleza”.
El punto es que en cuanto a la evolución de las distribución de las franjas etarias, si se observan las proyecciones de la población uruguaya, en 1985 un 26,8% tenía entre 0 y 14 años, en tanto hoy prácticamente estamos en un 22% y en el 2030 estaremos en un 19%. “En una población prácticamente estancada eso implica que los jóvenes son el bien escaso más importante para el desarrollo social y económico del país y, por lo tanto, marca allí un foco de prioridad en políticas públicas”, consideró Saldain.
Sin dudas que esta distribución significa que se siga cargando a las franjas en edad productiva, que tengamos una fuerte presión fiscal, con aportes relativamente altos, pese a lo cual la recaudación no alcanza para financiar al BPS y que como indicara Saldain, “7 de los 22 puntos de IVA se vuelcan al BPS, junto con más recursos”. Esto tira por tierra la visión oficialista respecto a que “el BPS ahora se autofinancia”, puesto que sólo logra un equilibrio temporal e inestable con este aporte que no vienen del salario de los trabajadores sino del consumo de todo el país, aunque cuenta con la garantía de la recaudación a través de la tercera parte del Impuesto al Valor Agregado. Por lo tanto, es lo mismo que si Rentas Generales se hiciese cargo del monstruoso déficit del banco previsional.
Sobre este diagnóstico no puede haber dos opiniones, si se analiza desapasionadamente la situación, pero el punto es que hasta ahora en el sistema político y los propios técnicos no existen propuestas más o menos atendibles y que necesariamente lleven a un gran acuerdo político, que comprenda varios períodos de gobierno, para no pagar los costos políticos de respuestas que no van a ser simpáticas, aunque sí muy necesarias.
Lejos de ello, expuso Saldain que “en los últimos años se dictaron una serie de leyes que flexibilizaron el acceso a la jubilación y, por ejemplo, entre 1995 y 2008 el promedio de altas de jubilación estaba en 16.000 por año, lo que prácticamente se duplicó en 2009, 2010 y 2011. Eso es consecuencia de leyes que facilitaron la jubilación y puede no estar mal, pero tiene su costo, eso alguien lo va a pagar. Así, los estudios técnicos en general llevan a pensar que en un horizonte de mediano plazo van a ser necesarios cambios en el sistema jubilatorio administrado por el BPS, no dramáticos, pero cambios que permitan acompasar el peso presupuestal con la realidad demográfica y las prestaciones que reciben los jubilados”.
Uruguay tiene características de envejecimiento y de un sistema de protección social, sobre todo destinado a las personas mayores, en el cual se dedica una parte del PBI similar a la que dedican países desarrollados, sin tener la realidad económica de esos países, lo que indica que las respuestas necesitarán sacrificios para obtener los recursos que se requerirán para atender este escenario, y que como todo remedio, será amargo al principio, pero imprescindible ante las crecientes dificultades para sostener un esquema previsional cada vez más exigido.