Opinion | 05 Nov En abril de 2010, en Montevideo, una niña de 11 años murió tras el choque del vehículo escolar en que era transportada y un automóvil. Salió despedida de la camioneta y falleció en el acto. Simplemente usar cinturón de seguridad hubiera salvado su vida. Hace pocos días, una niña de cinco años también falleció, en Salto, cuando la puerta del transporte escolar que la llevaba se abrió accidentalmente, cayendo al pavimento.
La muerte accidental siempre conmueve, pero no hay palabras cuando se trata de menores de edad. El dolor es enorme. Y no hay consuelo alguno. Que se pidan o prometan más medidas y mayores controles, en medio de ese infortunio importa muy poco.
No obstante, resulta claro que sí hay que determinar mayores exigencias para el transporte escolar. Cuando el fallecimiento de la menor en 2010, se reglamentó una ley que había sido aprobada en 2007, que obligó a los vehículos a un estricto acondicionamiento de las unidades, lo que dejó a decenas de empresas fuera del mercado e hizo perder muchos puestos de trabajo.
Lo ocurrido en Salto es realmente terrible y especialmente pudo evitarse con simplemente seguir reglas de buenas prácticas. No puede viajar solo el conductor y estar a cargo de los niños; éstos no pueden descender del vehículo por sí solos sino que deben ser asistidos por el conductor o su acompañante; no puede un niño tener la responsabilidad de cerrar la puerta lateral; no pueden viajar menores en un transporte escolar sin cinturón de seguridad debidamente abrochado.
Y todo eso ocurrió. La Justicia procesó al conductor, pero si éste no fuera el propietario del vehículo, por qué aquel no lo fue también. No se trata de actitudes revanchistas, sino que debe establecerse con claridad que primero está la vida de los niños y después consideraciones como rentabilidad y otras. Es cierto, la ley establece que el contralor está en manos de las intendencias. Pero no establece de manera clara el cómo. Esto trae a consideración el tema de contralor vehicular que deben hacer las intendencias para evitar que vehículos atados con alambre sigan circulando, peligrosamente para sí y para terceros.
Las estaciones de contralor, en otros países, responden a directivas de los municipios pero son privadas o público-privadas. Al contar con una en cada ciudad importante, los vehículos particulares deberían ser controlados una vez al año, pero escolares, de emergencia y otros cada seis meses. Ese debe ser el primer paso. Pasado ese control, contar con un registro de trabajadores y sus horarios, para que inspectores de tránsito realicen revisiones sorpresivas de manejo y atención a los menores. Hoy se llora otra desgracia; hay que evitar más lágrimas y desdichas.