Opinion | 07 Nov El cobro de adeudos ha sido desde hace muchos años uno de los grandes problemas de todas las Administraciones. Si bien es cierto que hay una franja de contribuyentes que paga siempre y puntualmente, hay otro sector que por diferentes razones, no paga sus tributos. Esto es especialmente así cuando se trata de multas de tránsito e incluso de patente de rodados.
Los sistemas de cobro de la Intendencia se basan siempre en la voluntad del deudor en saldar su cuenta, por lo que las oficinas esperan que se acerquen a ellas. No hay --o no había-- un sistema por el cual los deudores se sintieran presionados a pagar, a abonar sus tributos.
Con el paso de los años, a medida que aumentaron los aportes en devoluciones desde el gobierno central, en varios tributos se operó un descenso en la recaudación. Eso sumado a que las últimas administraciones (en prácticamente todo el país) privilegiaron el recurso humano (generalmente en áreas de contralor, asesoría, investigación y administración) ha ido provocando una paulatina disminución de recursos corrientes con los cuales hacer frente al Presupuesto.
Eso ha llevado a que la gran mayoría de las Intendencias busquen un agente externo para que gestione sus adeudos: el Clearing de Informes. Es una manera de recuperar deudas y por tanto de brindar dineros frescos a las arcas municipales, tan necesitadas de más efectivo. En el camino habría que preguntarse por qué las Intendencias tienen tanto personal, pero en realidad es enfoque de otro comentario.
Si de recuperar dinero se trata, está bien que las Intendencias se apoyen en empresas como el Clearing de Informes. Especialmente, porque en primer término se trata de terminar con la plaga de las multas aplicadas y jamás pagadas. Nadie debería ofenderse porque pretendan cobrarle lo que debe, y que no paga porque siempre habrá otras prioridades. De nuevo, hay que separar entre quienes tienen vehículos y hacen un uso correcto, aplicado a la Ordenanza, y quienes se lanzan a las calles en busca del día del juicio final, sin mirar al cruzar calles, sin el más mínimo respeto por la integridad física de los demás y la suya propia.
Cuando son multados, simplemente no pagan y siguen tan campantes. Ahora, si no pagan, se les cerrarán --entre otras cosas-- todas las puertas a operar en el mercado comercial y de crédito. Si transgreden que paguen, y si no lo hacen, que queden a un costado de la sociedad sin poder adquirir bienes ni servicios.
La decisión de la Intendencia por tanto es inobjetable, merece el apoyo y es de esperar que contribuya -en una primera etapa- no solamente a incorporar activos sino también a mejorar el tránsito en la ciudad.