Opinion | 08 Nov Integrantes del Poder Ejecutivo formularon recientemente críticas a la propia bancada oficialista del Parlamento por considerar que los legisladores del Frente Amplio han postergado el tratamiento de los proyectos integrados al paquete de medidas para enfrentar la inseguridad anunciado por el Poder Ejecutivo el 20 de junio, lo que revela por lo menos una falta de sintonía en el seno del propio gobierno sobre las prioridades a dilucidar en esta problemática.
Según trascendió, la bancada de la coalición de izquierdas recogió el guante y se ha comprometido a tenerlas casi todas aprobadas antes de fin de año, a la vez de reconocer que en algunos casos se demoró más de lo previsto,
De todas formas, un pequeño avance se dio con la aprobación en las últimas horas de la ley que aumenta las penas para los traficantes de pasta base, aunque la norma tiene aspectos contradictorios, y se apresta a aprobar en comisión la que contempla reparación a las víctimas de delitos violentos, pero a la vez se trabaja sin fecha en la propuesta respecto a modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, incluyendo el de la internación compulsiva.
Pero la realidad insoslayable es que dentro de la izquierda coexisten visiones encontradas en cuanto a las respuestas ante la delincuencia ensoberbecida, porque hay grupos radicales que siguen apelando a las recetas de la década de 1960 y considerando que los delincuentes son una creación del capitalismo, de las políticas neoliberales, y que por lo tanto son víctimas y no victimarios, y esta controversia hace que cada punto a considerar dé lugar a una discusión interminable.
Incluso desde el Poder Ejecutivo se ha indicado que este viernes el gobierno discutirá un “shock integral” con medidas de mayor impacto en materia de seguridad vinculadas a la violencia y a los ajustes de cuentas que se dieron en algunos barrios capitalinos, lo que daría la pauta de una postura diferente a la que hasta ahora ha puesto de relieve el gobierno.
Pero a esta altura de los acontecimientos se está ante una tibia respuesta, y sobre todo tardía, en el mejor de los casos, ante una triste realidad que indica que la inseguridad nos está maniatando, condiciona nuestro estilo de vida, corroe las entrañas de nuestra sociedad y es determinante para que las calles se vacíen en la noche, que los comercios opten por cerrar temprano, se rodeen de rejas y atiendan sus clientes a través de las barras de hierro porque en cualquier momento pueden ser víctimas de un asalto o arrebato, como vemos también en nuestra ciudad.
Mientras tanto, voceros policiales reafirman el gran problema que representan los menores, que muchas veces entran y salen ante “interpretaciones particulares” del Poder Judicial, aludiendo a uno de los componentes de la ecuación que conforma el círculo vicioso de realimentación de la delincuencia por la benignidad o directamente impunidad de que se benefician menores y delincuentes incluso de alta peligrosidad, que son dejados en libertad por “falta de pruebas” o de elementos contundentes, en tanto se examina con lupa el comportamiento de los policías que intervienen en los operativos.
Este estado de cosas justifica que la opinión pública se pregunte hasta cuándo el sistema político, el gobierno, con una gran cuota parte de responsabilidad en este deterioro, siga sin hacer algo efectivo para contener la delincuencia, y se busquen una y mil excusas para no hacer lo que se debió haber hecho hace rato, es decir adoptar medidas que aún de aprobarse ya, quedarán cortas para dar respuestas en esta problemática. Es notoria la falta de acciones desde el gobierno en cuanto a proteger a la población de los malvivientes que según su óptica los ha arrojado a las calles a robar, agredir y matar, llegado el caso. Últimamente este concepto, por la fuerza de los hechos, está cambiando en gran parte del gobierno y el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha dado muestras de una concepción diferente, apostando también al principio de autoridad y la represión contra los antisociales.
Es indudable que se han trastrocado los valores, que hay delincuentes, muchos de ellos menores, para los que una vida no vale nada, ni la suya ni la ajena, en lo que tiene influencia la droga pero también la pérdida de los valores morales que siempre han sido característica de la sociedad uruguaya.
Seguramente que nadie, desde el gobierno, como así tampoco la oposición y el ciudadano común, tiene la gran solución a esta problemática, que debe ser resultado de la conjunción de acciones en varias áreas que tienen como epicentro a la sociedad, pero lo que menos sirve es insistir con la tolerancia extrema y la impunidad para los delincuentes hasta que den resultado determinadas políticas sociales, como siguen pregonando algunos voceros de gobierno, aunque felizmente ya son los menos.