Opinion | 05 Nov En reciente evaluación a cargo de sus representantes en nuestro país, el Fondo Monetario Internacional considera que la economía uruguaya tiene “perspectivas favorables” y que la prioridad clave debería ser bajar la inflación, para lo que sugiere endurecer la política monetaria, reducir el crecimiento del gasto y moderar las subas de salarios.
Es decir, una “receta” de prudencia que lamentablemente no ha sido característica del actual equipo económico, pese a los enunciados, lo que no quiere decir que esté todo perdido ni mucho menos, sino que es preciso incorporar correcciones, aunque ello no era imprescindible que lo marcaran los técnicos del organismo crediticio internacional, por ser cosa de sentido común.
De todas formas, tras una revisión de la economía local, en un comunicado el FMI indica que la política monetaria debería ser más restrictiva, aunque ello puede derivar en una mayor caída del valor del dólar en la plaza, por lo que debería complementarse esta medida con una moderación del gasto público y de la política salarial, por cuanto con los actuales parámetros se está realimentado la inflación, que al cierre de octubre es del orden del nueve por ciento, anualizada.
A juicio del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, de acuerdo a las expresiones vertidas sobre la culminación del primer semestre del año, dado el contexto de incertidumbre global, combinar salarios con productividad “es uno de los temas más importantes que tenemos para los próximos años” y estimó que si los niveles de desempleo siguen bajos “cada vez más la negociación salarial va a tener que estar alineada con la evolución de la productividad”.
Ocurre que la productividad incide directamente en la eficiencia y rentabilidad del emprendimiento de que se trate, desde que se traduce en menores costos y por ende pone el producto o el servicio a menor precio en el mercado, donde hay competencia por el consumidor y el factor precio en la ecuación es determinante.
Este es un aspecto sustancial cuando estamos ante una inflación que se resiste a ceder, aunque el gobierno adopte medidas para “toquetear” el Indice de Precios al Consumo (IPC) en los dos últimos meses del año, mediante un acuerdo con supermercados para congelar unos 200 artículos de la canasta básica.
Sobre este aspecto el FMI tiene una visión crítica, y es escéptico respecto a esta medida porque “introduce distorsiones y no ataca las causas fundamentales de la inflación”.
En el caso del sector estatal, el régimen de trabajo light y la ausencia de un patrón tangible, desdibujado en jerarquías y burocracia, hacen que la productividad no exista como manual del buen funcionario, y es así que la mayoría sigue en la cómoda precisamente por las reglas de juego existentes en las dependencias del Estado.
La competitividad es un aspecto que nos condiciona en el mercado exterior, por cuanto mayor productividad equivale a mejorar la competitividad, al abatirse costos. Ocurre que la tendencia que se da en nuestro país es un creciente aumento de los costos en dólares, fundamentalmente debido a reajustes salariales y el precio de insumos como la energía, además de impuestos y cargas sociales, que nos están dejando fuera de competencia respecto a países que pagan menos salarios y tienen una escala de producción muy superior a la nuestra. A estos parámetros evaluados de cara al escenario internacional, se suma el peso del gasto estatal, por cuanto la baja productividad se conjuga con un aumento de los índices inflacionarios y del déficit fiscal en este año, que se sitúa en el orden del 2,8 por ciento del Producto Bruto Interno, cuando en 2011 había sido del 0,9 por ciento, debido a factores coyunturales como un mayor gasto de UTE.
Lo cierto es que lejos de tener el mentado “espacio fiscal”, es un imperativo bajar el gasto para aliviar el peso sobre los sectores productivos que generan riqueza y tienen al Estado como el socio negativo de la ecuación económica a través de los impuestos que aplica para obtener recursos y maldistribuirlos, con gasto ineficiente y generoso hacia una burocracia que es un lastre para los sectores reales de la economía.
En cualquier caso, poner énfasis en la productividad es un paso en la dirección correcta, en todo tiempo y escenario, por lo que es pertinente buscar mecanismos que incentiven este factor, que liga la suerte del trabajador a la de la empresa, y fundamentalmente trasladarlo también al sector público para que el Estado pese menos sobre las espaldas de los sectores productivos y se favorezca la economía.