Nacionales | 09 Nov El Consejo de Ministros se reunirá hoy para analizar el avance de las políticas sociales, además de su impacto en la seguridad y el control del cumplimiento de contrapartidas, vinculadas a la asistencia a centros educativos. En tanto el presidente José Mujica criticó a quienes se manifiestan en contra de las políticas sociales y admitió que existen dificultades para evaluar las contrapartidas.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, señaló que con su equipo de Evaluación y Monitoreo está efectuando un relevamiento del impacto que tuvo en algunos barrios la implementación de diferentes políticas sociales, destacando la importancia de éstas en la disminución de la pobreza y la indigencia, así como la equidad y la redistribución de la riqueza.
Indicó que la reconstrucción del tejido social “no se logra de un día para el otro” y consideró que la exclusión y la marginación no es sólo económica sino multicausal, puesto que las políticas que se encargan de ella deben ser multifactoriales. Además, mencionó planes de promoción de vivienda social, que otorgará solución habitacional a unas 3.500 familias, así como también variaciones en el costo de las frutas y verduras que impactan fuertemente en los más débiles.
Por su parte, en su audición radial el presidente José Mujica defendió las políticas sociales de su gobierno y criticó a quienes hablan en contra de éstas. “Esa gente de clase media puede pensar que les cobramos impuestos y luego le damos a otros”, manifestó. Añadió que esa es la parte que hay que enfrentar pero no bajar el concepto de ayuda social porque no somos una sociedad de perros rabiosos peleando por el hueso. Somos humanidad y nos tenemos que preocupar por los más débiles; la sociedad es una. Estas son cuestiones de principios. Criticame lo que quieras porque de pronto distribuimos mal o no pedimos muchas contrapartidas, pero no puedo conciliar que Primaria no nos mande la lista de la gente que va a la escuela y recibe asignaciones sociales especiales por su condición social. No puede ser que no resolvamos ese tema burocrático”.
Asimismo recordó que la disminución de la pobreza y la indigencia, que bajó del 40 al 13% y del 5 al 0,5% respectivamente, no fue “obra espontánea de la economía” sino de la preocupación del gobierno. También criticó a algunos representantes de la oposición que “miran la pobreza como a través de la vidriera, analizan a distancia el asunto, ni siquiera se juntan con la pobreza. Tienen mal olor, están mal vestidos. Entonces tienen una visión de la ayuda social francamente clasista y se asustan por las carencias, por el pequeño bandidismo que se puede generar en las sociedades marginadas, todas esas cosas, como si en la sociedad de altura no hubiera bandidismo”.
En tanto el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló que en su cartera se implementó lo que se llamó “estrategia por la vida y la convivencia” y que se evaluará si fue suficiente o no.
LORENZO, LÓPEZ MENA Y CALVO A LA JUSTICIA
La jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, accedió al pedido del fiscal Juan Gómez para que el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, el titular de Buquebus y BQB, Juan Carlos López Mena, y el empresario Hernán Antonio Calvo Sánchez, quien ofertó los 137 millones de dólares por los aviones de la ex Pluna con el aval del Banco República (BROU), comparezcan ante la Justicia. Además, comparecerán los demás integrantes del Directorio del BROU y autoridades del Banco Central.
Lorenzo fue citado en calidad de “indagado”, luego que el presidente del BROU, Fernando Calloia, reconociera que el ministro le expresó por teléfono “su interés” de que el banco otorgara el aval a la empresa española Cosmo, horas antes de concretarse la subasta de los aviones.
Además existe la incertidumbre sobre el empleo de la aseguradora Boston Seguros de Argentina para garantizar el aval de Cosmo, y Calloia reconoció que se habría violado la normativa de la ley de desmonopolización de seguros, vigente en nuestro país desde 1993, que exige operar solamente con aseguradoras instaladas en el país que cuenten con la aprobación del Poder Ejecutivo. La causa que investiga el Juzgado de Crimen Organizado no es la presentada por el Partido Nacional por el mismo asunto, la cual fue ampliada por nuevos aportes de los legisladores blancos y tiene otro curso.
ASENTAMIENTOS BAJARON UN 11%
La cantidad de personas que viven en asentamientos, el número de viviendas en éstos y la cifra de personas que los habitan se redujo desde el 2006 a 2001. Estos descensos fueron del 8%, 1% y 11% respectivamente, según un relevamiento efectuado por el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI).
Los 589 asentamientos que hay en el país están compuestos por 48.704 casas donde viven 165.271 personas. El 78% de esta población se concentra en Montevideo y Canelones. El informe indicó que en 2011 hubo 14.274 personas menos viviendo en asentamientos en comparación con el año 2006, lo que representa una disminución del 8%. También bajó la cantidad de asentamientos del país, que pasó de 662 en 2006 a 589 en 2011, lo que implica una reducción del 1%. En tanto el número de viviendas de asentamientos decreció un 1%, y pasando de 49.263 a 48.708.
Según el relevamiento del PIAI, la población que vive en asentamientos decreció también en proporción con el nivel de crecimiento de población del país. En tal sentido, de 2006 a 2011 la población nacional registró un crecimiento de 1,4%, mientras que la que se ubica en los asentamientos se redujo un 8%. En cuanto a las posibles causas de las disminuciones, el informe considera que pueden ser por la mejora del nivel de empleo y aumento del salario real, las políticas focalizadas hacia la pobreza extrema, la mejora en la situación económica general del país y los programas de vivienda para sectores de menores ingresos. Además plantea que “la consolidación del fenómeno de la irregularidad urbana es un proceso de largo plazo y de muy difícil reversión espontánea, especialmente cuando se trata de asentamientos consolidados, periféricos y/o rodeados de espacios urbanos vacantes”.
DESCENDIÓ INGRESO MEDIO DE HOGARES
El ingreso medio se ubicó en 33.967 pesos en setiembre, alcanzando 39.219 en Montevideo y 30.586 en el Interior del país, según los resultados de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. En el tercer trimestre en su conjunto, el nivel medio de ingresos fue de 33.649, siendo 37.976 en la capital y 30.839 en el Interior, ambos indicadores a precios corrientes. El ingreso real de setiembre fue de 19.924, mientras que en el tercer trimestre alcanzó en términos reales 19.878. En el trimestre anterior había alcanzado los 20.387 pesos. En tanto el ingreso medio per cápita fue de 12.104 pesos en setiembre para el total del país. En Montevideo se ubicó en 13.820, mientras que en el resto del país en 10.978. El índice medio de salarios se ubicó en 9.935. En los trabajadores por cuenta propia el ingreso real fue de 6.284 y en los jubilados alcanzó los 7.930 pesos.
NO AJUSTAN PRECIO DE COMBUSTIBLES
El Directorio de Ancap resolvió no realizar el ajuste a la baja de las tarifas de los combustibles, puesto que considera que aún no “están dadas las condiciones” para corregir los precios, informó a El Observador el vicepresidente del ente, Germán Riet. Además, debe esperarse si se confirma la tendencia a la baja del crudo en los mercados internacionales.
La empresa tiene sus números “equilibrados” porque registró ganancia durante cinco meses pero pérdidas en los cinco restantes de este año, anunció Riet. Confirmó que Ancap no recibió ningún pedido por parte de Economía para que se disminuyan las tarifas de los combustibles. El ente analizará cómo evoluciona el petróleo Brent en noviembre para definir si accede a rebajar los precios. Actualmente el crudo Brent aumentó 0,46% en Londres y cerró a 107,21.