Paysandú, Jueves 15 de Noviembre de 2012
Nacionales | 12 Nov El Tribunal de Cuentas observó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por la contratación directa y por U$S 900.000 de la asociación Centro de Participación Popular, porque “la gran mayoría de sus integrantes técnicos” son funcionarios de esa cartera. En contravención a las normas vigentes, el contrato –aún no firmado-- también prevé un pago inicial al firmarse de unos U$S 230.000.
De acuerdo a lo publicado por El País, el tribunal detectó que “la mayoría de los integrantes del equipo técnico contratado desempeña tareas en el Mides, vulnerándose por una vía oblicua, lo dispuesto por el artículo 46 del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que establece como impedimento a efectos de contratar con el Estado el hecho de ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los organismos de la administración actuante”. También observó que en contravención a las normas vigentes, el contrato prevé un pago inicial al momento de la firma por unos U$S 230.000. “Vulnera el artículo 20 del Tocaf que dispone que los créditos presupuestales se considerarán ejecutados cuando se devenguen los gastos para los cuales han sido destinados, entendiéndose que los gastos se devengan, en particular, para el caso de la percepción de las retribuciones personales y cargas directamente vinculadas, cuando se hizo efectiva la real prestación del servicio”, sostuvo el documento.
El contrato por un año que el Mides se apresta a firmar con Centro de Participación Popular (CPP) es una versión actualizada de uno anterior, por menor monto, que fuera observado por el tribunal. El 20 de diciembre de 2010, la entonces ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, autorizó la contratación directa de CPP para “proveer transitoriamente un servicio técnico y multidisciplinario, que refuerce el equipo de trabajo en la implementación de programas ejecutados desde el ministerio por un monto total de $ 2.300.000 y un plazo de cuatro meses”. El 2 de marzo de 2011, el Tribunal de Cuentas observó el gasto en virtud de que por el monto debió convocarse a una licitación pública.
En virtud de ello, el 2 de julio de este año el Mides autorizó el llamado a licitación pública 54/2012 “a organizaciones de la sociedad” para cumplir el mismo objetivo. El 17 de agosto se procedió a la apertura de sobres, siendo CPP la única oferente. Sin embargo, el 30 de agosto el Mides declaró “inadmisible” la oferta de CPP por “contravención” al Pliego de Bases y Condiciones de la licitación y autorizó una compra directa por excepción, con un contrato idéntico al licitado, que se publicó en el sitio www.comprasestatales.gub.uy el 21 de setiembre.
El pasado 1° de octubre, la comisión asesora de adjudicaciones designada para intervenir en la compra directa, emitió su dictamen a favor de la adjudicación a CPP. De acuerdo al contrato, el Mides se compromete a abonar a CPP por la totalidad del servicio un monto de $ 17.840.052. “Las transferencias se realizarán en cuatro partidas iguales de $ 4.460.013 cada una: la primera a la firma del convenio, la segunda a los tres meses de iniciado, la tercera a los seis meses y la cuarta a los nueve meses, previa presentación de la Rendición de Cuentas e Informe de Revisión Limitada”, según el contrato.
LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO SE VOTA
El próximo miércoles la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados comenzará a votar el extenso articulado del proyecto de ley de Matrimonio Igualitario, que fue definido como una de las prioridades de la bancada de gobierno para este año.
Se trata de un proyecto polémico, en donde no hubo una sola posición en el oficialismo, que debió trabajar para unificar posturas. En las próximas horas el Frente Amplio deberá acordar una postura única en torno al punto más polémico que es el artículo 10, donde hace referencia al orden de los apellidos de los hijos del matrimonio. El diputado Aníbal Pereyra adelantó que quedó descartada la redacción original del proyecto que planteaba el orden a elección de la pareja en cuestión, en cualquier circunstancia. Según Pereyra, la bancada maneja “dejar a las parejas heterosexuales con la actual forma de poner los apellidos y para las del mismo sexo que las parejas elijan apellido y sino en diez días se define por sorteo, dejando claro que si la pareja adopta a más de un hijo sigue con el apellido del primer hijo. La otra opción es que la pareja pueda elegir el apellido siempre manteniendo el mismo si continúan teniendo hijos”.
A diferencia de la despenalización del aborto, en la oposición no habrá unidad de acción a la hora de votar este proyecto. Los partidos Colorado y Nacional analizarán el tema hoy en sus reuniones de bancada. A casi un mes del comienzo del receso parlamentario, la intención de la bancada oficialista es que Diputados apruebe el proyecto antes que finalice noviembre. La sanción definitiva, en tanto, la recibiría a comienzos del próximo período, en el primer trimestre de 2013.
RECOGEN FIRMAS CONTRA ABORTO
Comienza esta semana la recolección de firmas en busca de una consulta popular sobre la despenalización del aborto. El diputado Pablo Abdala confirmó que las papeletas estarán en la calle mañana, al tiempo que el miércoles 21 se realizará un acto en el Palacio Legislativo para “informar sobre los pasos que se han venido dando. En la campaña estamos coincidiendo distintos dirigentes de partidos políticos pero la aspiración es a que participen personalidades de otras ramas de actividad y la sociedad toda”, y anunció que solicitarán una entrevista con el presidente Mujica y Tabaré Vázquez.
Abdala aseguró que adoptaron seguir la llamada vía rápida en la cual necesitan que firme un 2 por ciento del padrón electoral o 52.000 firmas. Para eso hay plazo de cinco meses que vence el 22 de marzo de 2013. Con ese porcentaje se desencadena el procedimiento de jornada de adhesión en las urnas, que convocaría la Corte Electoral. Si se alcanzan las firmas, esa sería una jornada de votación no obligatoria en la que deben reunir un 25 por ciento de adhesiones del padrón electoral, más de medio millón de votos. Esa convocatoria sería a 90 días de presentación de las firmas y si se llega al 25 por ciento en las urnas, se convoca al referéndum dentro de los 120 días.
CASI 50 DETENIDOS
EN PARTIDO CLÁSICO
Los distintos operativos policiales que se realizaron en las cercanías del Estadio Centenario y barrios de la capital con motivo del clásico entre Peñarol y Nacional, dejaron un saldo de 49 detenidos, según el vocero de la Jefatura de Policía de Montevideo, Pablo Ghan.
En Paso de la Arena, un ómnibus contratado fue detenido con 25 personas, 24 de las cuales son hombres que habían protagonizado un incidente con otro coche. Los ocupantes fueron obligados a bajar del ómnibus, tras lo cual se hizo una inspección general y se ubicaron dos armas de fuego y varios hierros para emplearse como elementos contundentes. En tanto en las inmediaciones de plaza Colón se detuvieron a ocho personas, seis menores y dos mayores, que estaban alterando el orden público, aunque no se incautaron armas. Finalmente, en las inmediaciones del Centenario, 16 personas fueron apresadas, en su mayoría por generar disturbios, previo al comienzo del partido.
SUICIDIO EN SHOW
DE MOTOS EN MELO
Durante un show de motos que se realizó en el Parque Zorrilla, de Melo, un vendedor de cervezas y un cliente iniciaron un intercambio de palabras por el pago o no de una bebida. En medio de la discusión, un tercero irrumpió el diálogo extrayendo un revólver de sus prendas. Primero le tiró a quemarropas al cliente, un hombre oriundo de Tacuarembó, a quien la bala le rozó la cabeza, y luego se oyó otro disparo que casi termina sobre otra persona que nada tenía que ver en el altercado.
Cuando la Policía acudió a desarmar al agresor, se quitó la vida de un tiro en la cabeza. El fallecido, Osvaldo Vergara, era conocido como “El Cuba” y padecía trastornos físicos con dificultad para desplazarse y hablar. El hombre había intentado agredir al intendente Sergio Botana hace exactamente un año, cuando ingresó a su secretaría para reclamar por un trabajo del cual había sido cesado.
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