Opinion | 14 Nov Sin dudas es un logro histórico, como lo sostienen los economistas. En América Latina y el Caribe el número de personas que accedieron a la clase media en la última década aumentó un 50%, de acuerdo a un informe del Banco Mundial divulgado en la víspera. Para ser de clase media se basta con tener un ingreso per cápita diario de al menos 203,50 pesos o 10 dólares. Este nivel de ingreso proporciona una mayor capacidad de recuperación ante eventos inesperados y refleja una menor probabilidad de volver a caer en la pobreza.
En una región largamente dividida por la desigualdad, este es un logro histórico, que se aprecia con mayor fuerza en países como Colombia (54%) y Brasil (40%). Con menor impacto, también en México, con un 17% de crecimiento.
Se ha llegado a este resultado por un mayor nivel educativo entre los trabajadores, mayor nivel de empleo formal, más personas viviendo en áreas urbanas, más mujeres en la fuerza laboral y familias más pequeñas.
Una clase media más grande puede significar mejor gobernanza, mercados crediticios más profundos y un mayor gasto en sectores sociales como salud pública y educación, pero eso no ocurre necesariamente en la región.
Aun persiste un gran debate en torno a como utilizar la política social para lograr un mayor compromiso por parte de los sectores más ricos de la población. Para impulsar dicha discusión --sostiene el Banco Mundial-- es necesario aplicar reformas apropiadas para convertir a la clase media en un agente de cambio cada vez más poderoso para brindar prosperidad a quienes se han quedado atrás.
Pero en el caso de Uruguay, la aplicación de políticas sociales a los sectores más golpeados, se ha transformado también en un cepo del cual es difícil escapar, porque lo que debió ser un apoyo estatal temporal, va camino a ser permanente en la medida que los beneficiarios se aferran a esas ayudas y están dispuestos a trabajar solamente sin aportes (para no perder la ayuda estatal). Esto, por un lado, limita los ingresos que el estado debe recibir del sector asalariado para su funcionamiento, y por otro establece un sistema perverso donde los que menos tienen no están dispuestos a utilizar las ayudas como trampolín para mejorar su situación, sino simplemente como pensiones ad eternum. La clave está en la educación en el vivir, porque el origen económico y social de los padres de una persona joven sigue jugando un papel sustancial a la hora de determinar el futuro económico de esa persona. Hay que generar verdaderos compromisos por un bienestar mejor con recursos propios, y que estos se traspasen de generación en generación.