Opinion | 15 Nov Más de una vez hemos advertido desde nuestras páginas la manifiesta incongruencia y contrasentidos que se dan en el Estado, en su administración central, en sus empresas públicas, en sus ministerios, donde existen verdaderos compartimientos estancos, al punto que muchas veces no hay comunicación ni coordinación entre oficinas. Lo que es peor, ni siquiera en la era informática, en que todo debería estar a solo un “clik” de la información y coordinación requerida, se han logrado subsanar medianamente muchas de estas incongruencias.
Tenemos así a menudo que hay “velocidades” diferentes dentro de los ministerios, y no hay cruce de información entre éstos y tampoco con otras oficinas del Estado, por lo que la burocracia y sobre todo la mentalidad hiperburocrática de quienes trabajan en estas dependencias puede más que el equipo informático y el programa más sofisticado, para hacerle la vida lo más difícil y complicada posible a clientes y usuarios, pese a los enunciados y lo que proclaman sus autoridades.
Claro, debemos tener en cuenta que este escenario es posible y se mantiene solo porque estamos ante un régimen de monopolio, por lo que el usuario no puede elegir y no tiene más remedio que caer una y otra vez en la misma maraña si es que quiere seguir conectado a la electricidad, mantener el servicio de agua potable, la comunicación telefónica y comprar combustible.
Sin ir más lejos, pese a que deberíamos estar más o menos curados de espanto a esta altura, la burocracia a menudo no deja de sorprendernos, en la empresa que sea, entre ellas la UTE, pese a que sus autoridades insisten en que el organismo se ha modernizado y se supera día a día en los servicios y atención al cliente.
Tenemos así que para un cambio de cliente, en el caso de empresas, hasta para dar servicio de electricidad a un galpón, se pide a la firma la certificación notarial que acredite la aprobación de estatutos (¿?) y datos de publicación de éstos, inscripciones del estatuto, denominación y/o razón social, representación, domicilio, vigencia, integrantes del directorio y de la comisión directiva en su caso. Y si pasan más de 30 días desde la certificación, debe hacerse de nuevo todo el proceso.
Es decir, una serie de requisitos que podrían ser de recibo para una operación de enajenación o concesión de carácter empresarial, pero que aparece como delirante para una mera conexión a un servicio eléctrico de una empresa monopólica, la que además podría tener acceso a la información que necesita a través de la consulta electrónica del caso a las dependencias del Estado que llevan este registro, si es que realmente cree que lo necesita.
Por otra parte, es obvio que nada de lo que se solicita tendrá algún control, más allá del “sello de goma” --aunque en muchos casos ahora ha sido sustituido por la impresora, la filosofía es la misma-- que sirve para que algún funcionario se sienta útil y hasta importante detrás de un escritorio o ventanilla. De hecho, para el ente de la energía de nada sirve un poder notarial que autorice a determinada persona, ya sea el gerente o hasta el director de la empresa, a realizar este tipo de trámites. Es difícil comprender por qué este documento legal no es suficiente, y que además es fácil de comprobar su validez a través de una consulta oportuna al registro donde constan todos los poderes y su estado, que está ubicado físicamente en Montevideo, y que se encuentra actualizado permanentemente.
De todas formas, no solo UTE da muestras de burocracia extrema. El “gobierno electrónico” parece cada vez más difícil de concretarse, y mientras tanto siguen sumándose trámites absurdos que demuestran qué tan lejos estamos de alcanzar los objetivos.
Basta ver lo que sucede por ejemplo en el Ministerio del Interior, que desde hace poco más de un año exige la partida de nacimiento “vigente” (con menos de un mes de expedida) a los menores para cruzar el puente con sus propios padres, o las dificultades que se presentan para incorporar una tarjeta magnética para el tráfico vecinal entre Paysandú y Colón.
¿En dónde está entonces el “gobierno electrónico”? En Brasil las propias cédulas de identidad de los menores indican quiénes son los padres, o sea, con quiénes puede viajar el niño sin demasiados trámites. Acá “inventamos” un diminuto código de barras que se imprime al dorso en el documento personal pero no hay ningún aparato que pueda leerlo, en primer lugar porque la impresión a chorro de tinta de la cédula es de muy mala calidad y en segundo, porque los dispositivos con que cuenta Migraciones no son compatibles.
Podríamos enumerar cientos, quizás miles de incoherencias similares, pero sólo serviría para cansar al lector. Todos hemos sufrido --y seguimos haciéndolo-- las ridículas exigencias del Estado. El propio presidente José Mujica ha mencionado innumerables veces lo difícil que es cambiar la burocracia en las oficinas públicas. Quizás algún día se pueda.