Opinion | 21 Nov Un secreto a voces en el Congreso de Intendentes se encamina a hacerse realidad, al menos parcialmente, después que la Federación Rural decidiera aconsejar a sus miembros que tengan que pagar el Impuesto a la Concentración Inmobiliaria Rural (ICIR) a que presenten recursos de inconstitucionalidad contra el decreto que reglamentó la iniciativa.
Si bien el plazo vence hoy mismo, se ha anunciado por parte del presidente de la gremial rural, Miguel Sanguinetti, que un grupo de socios está preparado para hacerlo y que solamente esperaban que la institución, a través de sus asesores jurídicos, indicara (como lo ha hecho) que el decreto reglamentario es inconstitucional.
Si bien esto se conoció en las últimas horas de la víspera, y por tanto no hay repercusiones en el seno del Congreso de Intendentes, era una de las decisiones temidas por los intendentes de todo el país. También es cierto que es muy temprano para especular si esto afectará realmente a las intendencias, por ejemplo, en la decidida compra de maquinaria vial, para la cual Paysandú (por caso) ya abrió la licitación respectiva.
De algún lado, eso es claro, el dinero tiene que salir. Y más allá que el gobierno nacional tiene la intención que salga de los productores con mayor concentración de tierras, éstos tienen otras ideas y --como se esperaba-- salen al ruedo a defenderse. Según las estimaciones manejadas por la Federación Rural, el pago del ICIR, que exige que en prácticamente un año se pague el impuesto correspondiente a tres ejercicios, retirará de la “economía real” entre 180 y 200 millones de dólares. Y pasarán a territorio fiscal.
No hay dudas que el plan del gobierno beneficia claramente a todas las intendencias del país, pero el viejo axioma sigue vigente: “dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada”. Y, hay que decirlo claramente, el gobierno nacional vuelve a actuar desprolijamente, sin asesorarse debidamente, a impulsos que pueden ser bien intencionados, pero que no pueden ser el combustible de ningún gobierno.
Por ahora se trata de apenas declaraciones y también es cierto que no es bueno abrir el paraguas antes que empiece a llover. Pero, por las dudas, hay que prepararse. A mitad de camino en el mandato, es tiempo que el gobierno nacional actúe con diligencia sí, pero cuidadosamente del lado de la Constitución. Si este impuesto resulta declarado inconstitucional, flaco favor se les hará a las intendencias.