Opinion | 20 Nov La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) decidió contratar a un auditor externo a efectos de evaluar todo el proceso de certificaciones médicas de los hospitales públicos, a la luz de datos que indican que los funcionarios que trabajan en los hospitales y unidades ejecutoras del organismo faltan dos veces más a su trabajo que los empleados de las mutualistas.
Es así que mientras en el sector privado el ausentismo es del 9 por ciento anual, en ASSE asciende al 20 por ciento y en algunas áreas llega al 30 por ciento, lo que a juicio de las autoridades del organismo justifica que se contrate los servicios de una consultora, teniendo en cuenta que entre los funcionarios hay un porcentaje que está certificado por enfermedad hace más de un año, lo que preocupa especialmente a las autoridades del prestador de salud estatal porque tranca además el ingreso de sustitutos, según revela El Observador.
Agrega la crónica que la consultoría buscará precisar qué seguimiento hacen las instituciones de las licencias médicas y constatar por ejemplo cuántas veces se envió un médico a controlar el estado de salud de un empleado.
El punto es que muchas veces los funcionarios que prestan servicios en ASSE también lo hacen en las mutualistas, lo que les implica un horario muy saturado de trabajo diario, y a la hora de faltar, invariablemente lo hacen en la institución pública, donde el régimen es mucho menos exigente que en el caso de las instituciones privadas.
Pero lo que pasa en ASSE también ocurre en la mayoría de las dependencias del Estado, donde existe un régimen de trabajo donde prácticamente no hay patrón, sino una escala de jerarquías que en realidad responden ante un mando abstracto, y que por lo general no sienten la camiseta, lo mismo que la mayoría de los funcionarios. Al no haber exigencias las responsabilidades se diluyen, aunque siempre con honrosas excepciones que confirman la regla.
Por regla general, el funcionariado de las empresas públicas entiende que es en realidad el dueño de las empresas --están “privatizadas” por los funcionarios, dijo en su momento el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa--, y que la sociedad toda debe hacerse cargo de sostenerlas con sus impuestos o mediante el pago de facturas, aunque se aplique en éstas el sobrecosto de la ineficiencia que surge en gran medida no solo por los problemas de gestión, sino también por la escasa productividad de los funcionarios.
Sin ir más lejos, a propósito del cese de la empresa Pluna, una de las “propuestas” de los ex funcionarios pasa por crear una cooperativa de trabajadores, con dinero del Estado o algún privado, para recuperar la “soberanía” de los cielos, como si contar con una aerolínea de bandera nacional en manos del Estado fuera cuestión de vida o muerte para el país.
Es cierto, por algo no hay interesados privados en explotar una compañía que herede la estructura de Pluna, porque todo indica que seguirá perdiendo plata, más aún en esta época en que la explotación de las aerolíneas internacionales es un negocio para nada ventajoso en ningún lugar del mundo.
El punto es que argumentando el mantenimiento de las fuentes de trabajo, los funcionarios de Pluna aspiran a que se cree otra nueva aerolínea, para mantener la supuesta “conectividad”, aunque sea a cargo de los bolsillos de todos los uruguayos.
A propósito de esta iniciativa, el senador nacionalista Luis Alberto Heber propuso que a la vez de eventualmente lograr fondos para constituir la nueva aerolínea, los ex funcionarios de Pluna también aporten capital propio para la cooperativa, a través de un préstamo individual de unos 10.000 dólares por cabeza del Banco de la República, pagaderos en un período de unos diez años, como una forma de ser partícipes directos en el nuevo emprendimiento.
Sin embargo, los funcionarios rechazaron la idea, porque no están dispuestos a arriesgar sus bienes luego de haber quedado sin trabajo, lo que refleja una típica postura ideológica que se olvida que para ganar primero hay que invertir, que es sinónimo de arriesgar. Lamentablemente en los últimos tiempos, quizás debido a las señales equivocadas que ha dado el gobierno, muchos gremios se han confundido y exigen que se les otorgue a cambio de nada la propiedad de empresas fundidas. Pero además reclaman que el Estado los subsidie --luego que extrajo hasta la última gota del emprendimiento cuando estaba en manos de sus propietarios privados--, perdone todas las deudas anteriormente contraídas sin reclamar nada del patrimonio --que en definitiva era parte de la “garantía” de esa deuda, que nunca podrá cobrarse--, y que como la empresa pasa a estar en manos de una cooperativa, todo lo que se haga va a estar bien.
El inversor sólo sirve cuando pone la plata y crea la industria, luego es un “pirata con parche en el ojo” al que hay que sacarle el máximo de provecho, sintetizado en el eslogan “hay que repartir la riqueza”.
Por supuesto que todo esto no pasa en el Estado, cuyas empresas ya son de los sindicatos. Y como en ASSE, la eficiencia de la gestión está marcada por el ausentismo y las licencias médicas, porque no hay nada más insalubre que la función pública.