Nacionales | 23 Nov El Poder Ejecutivo plantea que cuando un adicto en recuperación se reinserte al mundo laboral, su salario lo cobren las familias y vigilar el uso que le dan a ese sueldo, para evitar recaídas.
“Un adicto en proceso de recuperación --más aún si es de sustancias como la pasta base-- con $50 en el bolsillo es un mono con escopeta, un peligro para sí mismo o para terceros”. La frase corresponde al secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, en su comparecencia ante la Comisión de Salud Pública del Senado para explicar el proyecto de ley de Personas Adictas a Sustancias Estupefacientes y defender la internación compulsiva de adictos que promueve el Poder Ejecutivo. El gobierno propone el “uso limitado de la libertad” de los adictos en proceso de recuperación y realizará un “manejo progresivo de la autonomía” de las personas que estén internadas por consumo problemático. Calzada informó al Parlamento que el Poder Ejecutivo controlará que los adictos no tengan dinero en la mano durante las primeras etapas de su inserción al mundo laboral. Además de evitar el manejo de dinero durante sus jornadas laborales, el sueldo de los adictos en recuperación que comienzan a trabajar será cobrado por las familias. El jerarca también advirtió que debe ser controlado el uso que le dan esas personas a su salario, porque pueden sufrir recaídas que los lleven a consumir.
El secretario de la JND explicó que “en el proceso de adquisición de cierto tipo de habilidades los usuarios de drogas necesitan algún tipo de contención mayor, por ejemplo, en el manejo del dinero”. “Se deben dar procesos que impliquen un manejo progresivo de la autonomía por parte de los usuarios y no es recomendable que en las etapas iniciales de los procesos de inserción al mundo del trabajo manejen dinero”, afirmó.
Calzada sostuvo que el gobierno tiene “fuerte diferencia” con las organizaciones de recuperación de adictos que, según Calzada “de manera i-nadecuada”, le dan como tarea a los adictos “vender caramelos o trapos de piso casa por casa”. Explicó que en los procesos de atención a adictos lo primero es la desintoxicación, pero acto seguido debe darse la deshabituación de la droga. El segundo debe ser, según entiende el gobierno, mediante un proceso de integración social pero donde haya un seguimiento exhaustivo del individuo.
AVIÓN PRESIDENCIAL COSTÓ U$S 385.000
La compra por parte de Ancap de un avión bimotor Cessna modelo 414 con capacidad para seis pasajeros a un costo de U$S 385.000, para transportar al presidente José Mujica, provocó reacciones negativas en la oposición. El senador herrerista Gustavo Penadés manifestó su desacuerdo con la adquisición a través de Twitter: “Mientras Ancap compra aviones, los usuarios pagamos el combustible de peor calidad y más caro de Sudamérica”. En la misma red social, el diputado colorado Ricardo Berois escribió que “la austeridad no es la norma del ente” mientras “los uruguayos” pagan “el combustible más caro de la región”.
Sin embargo, el avión --prácticamente una “avioneta”-- será sustancialmente de menor envergadura que las naves que utilizan los presidentes de la región. El Tango 01 --un Boing 757/200-- es el avión más importante de la Agrupación Aérea Presidencial de la mandataria argentina Cristina Fernández y fue comprado en 1992 por 66 millones de dólares. El avión tiene un espacio interior de tres zonas con butacas masajeadoras. La primera, llamada VIP posee 14 asientos articulados, la segunda es destinada a una comitiva, con 20 butacas y finalmente, el área presidencial, con revestimientos en caoba, cuenta con un comedor con capacidad para seis personas, un despacho con escritorio, sillones para las reuniones reservadas y dos suites.
En Brasil, el avión utilizado por Dilma Rousseff es un Airbus A319 modificado y conocido como Santos Dumont, perteneciente al Grupo de Transporte Especial, que traslada al presidente, vicepresidente y ministros, para lo que cuenta con 22 naves. En tanto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, utiliza dos aviones Boeing 747, idénticos al menor detalle y cuando están en vuelo con el presidente a bordo adquieren la denominación de Air Force One.
PROYECTO PARA ALQUILAR AVIONES
El Ministerio de Transporte remitió a Presidencia de la República el proyecto de ley para reactivar la ex Pluna y otorgar atribuciones al fideicomiso, por el cual se puedan arrendar, licitar o vender los siete aviones Bombardier, anunció Enrique Pintado.
El ministro dijo que aún no está resuelto cuál será el futuro de las aeronaves: “Si son los trabajadores, serán los trabajadores mediante una cooperativa o una autogestionada los que se hagan cargo. Estamos dispuestos a establecer quitas para favorecer un negocio que tendrá que ser enteramente privado”. En su intervención, Pintado indicó que “Pluna no se va a reactivar nunca más, porque ya murió” y admitió que el cierre de la compañía fue “un trago muy amargo”.
Pintado aprovechó la oportunidad para hacer una autocrítica respecto al proceso de la subasta de aviones de la ex Pluna, por la cual Cosmo adquirió el boleto de reserva pero nunca abonó los U$S 13,6 millones al fideicomiso como exigía la ley. “Aquellos que pensábamos que era un negocio por el cual todo el mundo se iba a desesperar, el mercado nos dio una cachetada; y bueno, no había tanta gente disputándose lo que creíamos que era un gran negocio”, reconoció.
Por su parte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, admitió que el país “tiene huecos de conectividad” y debe aprovechar el activo que representan los aviones, pero “acotando las pérdidas máximas”. Se manifestó en contra de la participación estatal en el capital accionario de una nueva compañía y en la entrega de subsidios operativos a una nueva empresa.
En tanto la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, dijo que Pluna fue una empresa “muy castigada” y sometida a un “escarnio público”, por la cual “ninguna sociedad anónima del mundo habría podido sobrevivir en esas condiciones”. En ese sentido, reconoció “errores comerciales” de la ex Pluna, pero cuestionó el “maltrato” hacia la aerolínea. “Ahora lloramos, pero antes no protegimos”, sentenció.
URUGUAY MEJORA ANCHO DE BANDA
Uruguay se ubicó en el segundo lugar en América Latina en velocidad de bajada de datos, según la empresa Ookla, que se dedica a realizar esta medición y a otros servicios de diagnóstico de Internet. Con un promedio de 7,35 megabites por segundo, desde agosto a noviembre el país avanzó 70 posiciones a nivel mundial --estaba 135 y avanzó al puesto 65--, y 11 en Latinoamérica.
En la región, Chile sigue siendo el líder con 8,87 megabites por segundo, tercero está Brasil y luego México, Puerto Rico, Argentina, Panamá, Ecuador, Colombia y El Salvador.
Los países que tienen menos velocidad son Venezuela y Bolivia. Hong Kong es el sitio de mayor velocidad en ancho de banda de bajada en el planeta, con un promedio de 41,08 megabites por segundo. Según indicó Antel, este cambio importante se debe al proyecto de fibra óptica en hogares de todo el país, que hasta la fecha ha llegado a 183.000.