Opinion | 22 Nov Gestada a partir de los anuncios de un conjunto de medidas contra la inseguridad (¿?), la iniciativa de legalización de la marihuana fue impulsada bajo el supuesto de que de esta forma se evitaría el pasaje de consumidores a la pasta base y otras drogas más duras. Tras controversias, polémicas públicas e incongruencias al por mayor dentro del gobierno, apareció recientemente un proyecto de ley del oficialismo en el ámbito legislativo, con la expectativa del Poder Ejecutivo de que la norma pueda ser aprobada en el mejor de los casos antes de fin de año.
Es decir que de repente surge un apuro mayúsculo por legislar donde antes no había nada, más que el contrasentido de permitir el consumo de ésta y cualquiera otra droga, pero penar a quien la vende, como se establece en nuestra legislación.
El proyecto de ley apuntaría a llenar un vacío jurídico, pero como en tantas ocasiones, todo indica que la enmienda puede ser peor que el soneto, y no solo por lo que expresamente se diga o deje de decirse, sino por el mensaje subliminal que conlleva el establecer pautas de consumo como si se estuvieran vendiendo caramelos, y consecuentemente transmitiendo la idea de que “está todo bien” para el que consume marihuana, porque no le va a pasar nada y estamos ante una droga que es prácticamente inocua.
Entre otros aspectos, el proyecto establece en 37 artículos la legalización de la venta de 40 gramos de marihuana al mes para consumo personal y confiere al Estado el control de toda la problemática, es decir desde la producción del cannabis hasta su venta. Incluye asimismo la creación del INCA, el Instituto Nacional del Cannabis, lo que indica la importancia que al fin de cuentas se atribuye a este narcótico, por cuanto este instituto contaría con plenos poderes en la materia, con directores designados por el gobierno y la supervisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Ello da la pauta de que para “asegurar” la calidad de la droga que se pone en manos de los adictos se crea una burocracia estatal específica, con su correspondiente presupuesto, infraestructura y cargos. Todo esto sustentado por el ciudadano común, el que está en la diaria, luchando por su sustento, al que todavía se le sacará más de sus bolsillos para financiar un instituto destinado a quienes han caído u optado por caer en la adicción a una droga presuntamente “blanda”, pero a los que hay cuidar para que consuman producto de mejor calidad.
La norma contempla además que el INCA se encargará de manejar la plantación, cosecha y venta de la droga, aunque los consumidores también tendrán la posibilidad de plantarla en sus casas, obtenerlas en ciertos clubes de los cuales sean miembros o comprarla en expendios autorizados, siempre tratándose de la que produce el propio gobierno. Para el autocultivo el INCA dará permisos a los interesados, los que no podrán tener más de seis plantas, en tanto los clubes tendrán personería jurídica, con no más de quince miembros y podrán plantar y repartir internamente sus cosechas.
Ahora, queda todo un gran campo de interrogantes a despejar, porque conociendo como se las gasta el Estado en cuanto a controles que efectivamente debería efectuar y no lo hace, corresponde legítimamente preguntar sobre si contará con infraestructura para controlar casa por casa para que nadie se pase de las seis plantitas reglamentarias de marihuana por cabeza, y evitar que cualquiera que tenga interés en el negocio se dedique a su cultivo y las comercialice bajo cuerda. Porque que si hay algo que florece en nuestro país, ese es el informalismo por el lado que se le mire.
También cabe preguntarse cómo se supervisará el reparto interno a los socios de los “clubes” de drogadictos, cómo se instrumentará el registro de consumidores --tema polémico si los hay--, y cómo se hará para que la droga se venda exclusivamente a uruguayos, tal como se establece entre los requisitos.
En todo caso, hay una extrema ligereza en hacer parecer que se está ante una droga “blanda” y hasta recomendable, lo que no es avalado por ningún estudio científico serio y mucho menos aún que ratifique temerarias afirmaciones de jerarcas de gobierno, incluyendo al propio presidente José Mujica, en el sentido que la marihuana cerrará el camino a la pasta base, porque los consumidores optarán por aquella.
La constante hasta ahora ha sido la de ignorar absolutamente a los profesionales que trabajan en el área del consumo de drogas, sin reparar por ejemplo en observaciones de la Sociedad Uruguaya de Siquiatría, de entidades médicas, de instituciones para el tratamiento de drogadictos y la prevención.
Gana terreno en el mundo científico internacional los resultados de investigaciones que indican que el consumo habitual de marihuana triplica el riesgo de esquizofrenia, duplica el de la depresión y provoca daños irreversibles en la inteligencia del consumidor habitual, además de un estado de semi-inconciencia que es particularmente peligroso para quienes manejan o cumplen cualquier actividad que demande atención, concentración y buenos reflejos. Lejos de la legalización e indirectamente la promoción, debería apuntarse a campañas de prevención y disuasión, de concientización sobre los peligros de ser drogodependiente, como se ha hecho con el tabaquismo, antes que inducir a la permisividad y al consumo alegre, porque total, peor sería que se consumiera pasta base.