Opinion | 22 Nov El alarmante aumento de los casos de violencia doméstica y de género con casi 30 mujeres muertas en lo que va del año, junto al dato no menos desalentador que una de cada tres sufre algún tipo de violencia, dan la pauta de la situación en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra este flagelo. Diversos colectivos y organizaciones han manifestado su inconformidad con las políticas establecidas y aunque el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó que “la Policía no puede evitar las muertes por violencia doméstica”, es un axioma que el tema se ha ido de las manos.
Esos mismos colectivos han solicitado a la justicia el cambio de algunas prácticas, como por ejemplo el comparecimiento conjunto o confrontación entre víctima y agresor, la utilización de términos tales como “intímese a las partes a evitar conflictos” o “intímese a las partes a mantener la armonía familiar”, en razón de que al llevarlo al terreno de la práctica, resultan estériles.
No es fácil creer que en todos los casos la víctima es capaz de evitar la situación que atraviesa, y esto se hace aún más notorio cuando el victimario viola las medidas cautelares dispuestas por un juez. Sin una supervisión adecuada en el cumplimiento de la mencionada medida, sería imposible infundir confianza en la víctima, no sólo en la validez de la norma sino en el sistema en general. Innumerables propuestas se han presentado para solucionar este flagelo, como la pulsera electrónica para los agresores o números telefónicos de llamada gratuita para las víctimas. El resultado: los casos de violencia aumentaron 19,1% interanual.
Las organizaciones sociales han efectuado estudios donde detectan falencias en el sistema, con dificultades en el registro de los casos, la utilización de criterios personales y directivas que dependen de cada unidad policial. La categoría “conflictos familiares” puede tener varias connotaciones que, sumado a la falta de un registro de denuncias por incumplimiento de medidas cautelares, hacen que el problema tenga derivaciones ilimitadas. Ni qué hablar de los casos de suicidios, donde el detonante ha sido la violencia doméstica.
Por eso, el alcance del flagelo es invisible, más allá de las estadísticas. Un aumento en los casos, no ha significado un aumento en infraestructura especializada ni en asignación de recursos humanos. En este caso --al igual que en otros aspectos de la vida--, el voluntariado no alcanza.