Opinion | 23 Nov La inflación sobre las previsiones del equipo económico de gobierno ha reactivado la controversia de visiones dentro del Poder Ejecutivo, donde marcadamente hay tendencias ortodoxas con los postulados que la izquierda ha reivindicado históricamente, como promover la lucha de clases como bandera, y una izquierda más pragmática que ha tomado nota de lo ocurrido en los ex países del socialismo real, que se fueron cayendo en cascada, con la Unión Soviética incluida, precisamente por la utopía de distribuir riqueza que nunca se tuvo.
Es que la inflación, que conlleva un aumento sistemático de precios en todos los órdenes de la economía, siempre afecta a los sectores de ingresos fijos, es decir los asalariados y los pasivos, que dependen de incrementos salariales y de prestaciones que cuando este guarismo se dispara, siempre se va perdiendo poder adquisitivo al mismo tiempo que la indexación va realimentando la inflación.
El reciente acuerdo salarial de la federación de la bebida con los empresarios del sector, que ha tomado como eje valores de inflación por encima de las previsiones del Banco Central, es considerado como un factor inflacionario por el gobierno y así se le ha comunicado al gremio. Incluso se ha tirado sobre la mesa una propuesta gubernamental que hace hincapié en aceptar como principio de negociación la inflación proyectada por el Banco Central, que es del orden del cinco por ciento, y no del siete como se tomó en la negociación. Pero en este cruce de acusaciones, fundamentalmente con fuertes calificaciones desde los sindicatos hacia el gobierno, hay elementos de juicio a tener en cuenta, porque denotan que la cultura de gobierno es determinante para que se reformulen conceptos que antes se lanzaban alegremente al ruedo cuando se estaba en la oposición.
Es que la defensa de los intereses de los sectores más desposeídos y sumergidos en la escala salarial no pasa precisamente porque los sindicatos fuertes, con mayor poder de chantaje sobre las patronales, obtengan aumentos salariales desproporcionados, como en este caso. Porque por un lado se parte de las remuneraciones más altas, y por otro en el ámbito privado hay grupos de trabajadores que no solo ganan la tercera parte, en el eje de los 10.000 pesos o poco más, sino que sufren en carne propia mucho más severamente los ajustes inflacionarios, básicamente de comestibles, como derivación de la escalada de aumentos que obtienen los grupos de mayor presión. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, reconoció a El Observador que no hay “nada más fácil que aumentar salarios, si luego se los come la inflación. Lo que nos importa a nosotros es sostener el proceso de crecimiento del salario real en un mundo que se cae a pedazos. Y para ello tenemos que ser responsables cuando percibimos que se pueden generar expectativas que alimentan una espiral inflacionaria. Y por lo tanto tenemos que actuar con medidas ortodoxas y heterodoxas, como hemos venido actuando, tratando de ‘conveniar’ precios con las grandes superficies, con las tarifas públicas, un menú de políticas que incluye cautela en el crecimiento de los salarios, teniendo en cuenta que no son el único ni el principal elemento generador de inflación, pero sí un componente”.
Es cierto lo que dice el secretario de Estado, aunque omite mencionar algún otro componente de incidencia en la inflación, que es el gasto del Estado. Los ingresos del Estado provienen de lo que éste detrae de los sectores reales de la economía, es decir los generadores de riqueza, que por esta vía ven aumentados sus costos y por lo tanto deben trasladar a precios los mayores valores de los insumos, incluyendo los aumentos salariales por encima de la inflación que ha alentado el gobierno. Estamos por lo tanto ante reconocimientos tardíos de elementos inflacionarios, aunque siempre es bueno aprender de los errores.
Un renglón aparte merece la situación específica de la bebida, donde se pagan muy buenos salarios y se logró el acuerdo que descarta la inflación prevista por el gobierno. Al respecto, el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, explicó que si las empresas de la bebida tienen fondos suficientes para incrementar los salarios por fuera de los lineamientos oficiales, no precisan por lo tanto del subsidio que otorga el gobierno al sector. Lo que estaría muy bien, porque significa que cada uruguayo pone de su bolsillo para sostener empresas que no representan ningún área estratégica y que conceden generosos aumentos.
Pero, ¿acaso no hay responsabilidad del gobierno cuando ha permitido, a través del respaldo sistemático a la postura de los sindicatos, que éstos aumenten su poder de chantaje ante las empresas? ¿Había margen de los empresarios para seguir negociando en el marco de las presiones de ir a un paro u otras medidas de fuerza distorsionantes cuando comienza otra temporada vital para la venta de bebidas, cuando a la vez el gobierno ha promovido entre otros aspectos la ocupación como una extensión del derecho de huelga, y ha flechado la cancha hacia los sindicatos? La “historia reciente” indica que todos los veranos el sector de la bebida es jaqueado por los sindicatos: ¿por qué este año iba a ser la excepción? Sería muy triste que se dijera que esta vez iba a ser distinto porque el gobierno no iba a apoyar, porque sería reconocer que todo lo que sucedió en años anteriores se sostenía por su tolerancia.
Aquellos polvos trajeron estos lodos, como bien sostiene el refrán, y de poco y nada vale mentar ahora la necesidad de la cautela para frenar demandas de quienes han sido alentados sistemáticamente a actuar de esta manera.