Paysandú, Sábado 01 de Diciembre de 2012
Opinion | 26 Nov Aunque tal vez no muy convencido y llevado posiblemente por la inquisitoria periodística, el ministro de Salud Pública, doctor Jorge Venegas, anunció a los salteños que antes de fin de año habrá un Instituto de Medicina Altamente Especializada cardiovascular (IMAE) en Salto, lo que a primera vista aparece como una vuelta de tuerca radical para un proceso que ha sido exasperantemente lento y del que todavía había muy pocas definiciones como para augurar una materialización próxima.
La información la da a conocer nuestro colega “Cambio” de Salto, que indica que el secretario de Estado dijo el viernes “que antes de fin de año habrá un IMAE Cardiológico para la región de Salto”, y que “anunció que se autorizará el funcionamiento de tres centros de medicina altamente especializada antes de fin de año y acotó que serán en el Hospital Militar, en Salto y en Tacuarembó”.
El secretario de Estado visitó la capital salteña a efectos de inaugurar las obras realizadas en el área de otorrinolaringología, oportunidad en la que lo estaba también esperando una delegación de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC) para consultarlo sobre el tema específico de la reclamada autorización del IMAE cardiológico para la región.
Venegas consideró en el diálogo con los periodistas que el IMAE debería ser para toda la región norte y que tendrían que ponerse de acuerdo los servidores de salud públicos y privados, dando a entender por lo tanto que desconocía que ya existía un acuerdo a esos efectos, como se lo hicieron saber los hombres de prensa salteños en ese mismo momento.
Según la crónica de Cambio, “los representantes de APC le señalaron que tenían conocimiento de que el trámite estaba realizado y que se había adquirido un angiógrafo que aún no fue aprobado para comenzar a funcionar”, por lo que el ministro expresó que “hay que ir paso a paso”, por cuanto hay muchas cosas a tener en cuenta, pero “cuando se le hizo ver que las esperas cuestan vidas humanas, manifestó que antes de fin de año se autorizará el IMAE cardiológico”. Relatamos paso a paso la crónica del colega porque precisamente se pone de relieve en el curso del diálogo que el ministro tiene una información muy parcial, en el mejor de los casos, respecto al proceso de este proyecto en el seno de su ministerio, cuando se trata de un reclamo que ya tiene muchos años y que no solo es de Salto, sino de una vasta zona del litoral norte del país, incluyendo naturalmente a Paysandú.
Es así que cuando señala que para habilitarlo deben ponerse antes de acuerdo los servidores públicos y privados, ignora que precisamente el planteo se basa en la conjunción de esfuerzos de todos los actores de la salud, del ámbito que sea, para participar en este instituto de alta tecnología, en coordinación con el Centro de Tacuarembó, y que para ello se ha trabajado y madurado la idea durante todos estos años.
Mientras tanto, como de atrás de un tártago, surgió hace pocos días que el Hospital Militar ya resultó adjudicatario de otro IMAE cardiológico en Montevideo, sumando uno nuevo en un radio de pocas cuadras en la capital. Para éste naturalmente no hubo que realizar todo el agotador y desgastante papeleo, gestiones, viajes, sin olvidar las trabas que le puso al centro salteño la ex ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, aunque no fue la única.
Lamentablemente, el centralismo ha seguido haciendo de las suyas, en los sucesivos gobiernos, sin importar colores ni ideologías, como bien lo hemos sufrido en el Interior, porque desde el gobierno nacional se sigue mirando al país en función de Montevideo.
Y en este caso tenemos que para fin de año, en el mejor de los casos, se estaría aprobando –todavía lo ponemos en condicional, por las dudas-- el IMAE de Salto para el norte del país junto con el del Hospital Militar. Es de esperar que la palabra ministerial –tan devaluada en la cartera de Salud Pública, con frecuentes “olvidos” e incumplimientos—se cumpla, porque de otra forma quedaría en evidencia una vez más los groseros manejos que se hacen en las adjudicaciones, que por más “transparentes” que se hagan misteriosamente siempre terminan beneficiando a los mismos y relegando al Interior, que no tiene el mismo peso político en el gobierno que los centros montevideanos.
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