Opinion | 27 Nov El 20 de mayo de 2011, el diputado Víctor Semproni no votaba el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, aduciendo cuestiones de conciencia y respeto hacia dos pronunciamientos ciudadanos y reconociendo que se abriría la posibilidad a otros recursos de inconstitucionalidad.
En abril de ese año, la Cámara de Senadores había aprobado la iniciativa en forma ajustada, con la posterior renuncia de Eleuterio Fernández Huidobro, que había levantado la mano por disciplina partidaria y el voto negativo de Jorge Saravia, que al poco tiempo retornó al Partido Nacional. En la audición presidencial, José Mujica le había pedido su voto públicamente, aunque íntimamente compartiera la postura de Semproni, al igual que Danilo Astori, Tabaré Vázquez o Rodolfo Nin Novoa, que hizo ingresar a su suplente Gustavo Guarino.
Luego de un año y medio de aquel acto de rebeldía, Semproni fue sancionado como adherente en sus derechos hasta julio de 2013, quedando inhabilitado para asistir a reuniones de comités de base, órganos de decisiones partidarias o reuniones de la bancada parlamentaria, aunque podrá continuar ejerciendo sus funciones legislativas. El diputado fustigó a los integrantes del órgano de decisión frenteamplista, al indicar que algunos “tienen los ojos en la nuca” y que su partido “es el menos indicado para desconocer el mandato de un plebiscito”.
Al finalizar el Plenario y considerar varias propuestas sancionatorias, quedaron en evidencia algunas fallas en el sistema de penas, y --según prometió la presidenta de la coalición Mónica Xavier-- deberán introducirse reformas que apunten a una “rehabilitación” del rebelde en cuestión y no estén tan enfocadas en la sanción, como hasta el momento. Sin embargo, esta “rehabilitación” será puesta a prueba. Ocurre que la coalición de izquierda necesitará el voto de Semproni en tres proyectos que no tienen aseguradas las mayorías en el Parlamento, ante los cuestionamientos de otros rebeldes parecidos. El Frente Amplio depende del voto del ex guerrillero para regular el mercado de la marihuana, aumentar las penas a menores y la internación compulsiva de adictos. Nada más, ni nada menos que tres propuestas consideradas relevantes por la coalición de izquierda.