Opinion | 27 Nov El propio gobierno --y con razón-- se ha puesto el tema de la lucha contra la inflación como una de las prioridades, en las que es preciso actuar en forma drástica para evitar que las sucesivas subas de precios de bienes y servicios erosione el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, fundamentalmente asalariados y pasivos, teniendo en cuenta las malas experiencias que ha tenido el país en esta materia en el pasado reciente. Hace bien la Administración Mujica en poner el acento en cuidar lo que señala es una significativa recuperación del salario real de los uruguayos.
Actualmente se percibe un recrudecimiento de la inflación, que se acerca al fatídico diez por ciento en el que se detonan reajustes automáticos de pasividades y salarios cada seis meses y por lo tanto operan como factor realimentador de la inflación. El Poder Ejecutivo consecuentemente está advirtiendo a los actores con incidencia en las respectivas áreas que debe cuidarse la capacidad de compra de los salarios, desde que una inflación desmedida obra como impuesto sobre los menos favorecidos, que no tienen otra defensa que sus ingresos, que van siempre detrás de los incrementos de los precios cuando ésta se desata.
Pero naturalmente, si bien la ley de la oferta y la demanda tiene directa incidencia sobre los valores de bienes y servicios, haciendo que éstos suban cuando hay más circulante en plaza y crece el gasto de la población, no es menos cierto que también intervienen en este crecimiento las expectativas de los agentes económicos, porque además de los costos se evalúa cómo pueden evolucionar salarios y precios en el período inmediato siguiente, y es en este campo donde subsisten flaquezas manifiestas en la política económica.
El punto es que tras varios años de establecerse por el Banco Central del Uruguay indicadores sobre la inflación prevista para el año, anunciando determinada franja con un máximo y un mínimo, invariablemente en todos los casos el incremento del costo de vida se ha escapado del valor máximo previsto, y es así que anualizado tenemos actualmente un 9,1 por ciento de índice inflacionario, cuando el valor que se había estimado no superaba el seis por ciento.
No puede culparse por lo tanto a los agentes económicos, como así tampoco a los propios sindicatos, caso concreto del de la bebida, que estableció en la negociación salarial para el próximo año un 7 por ciento de inflación, de que sean los culpables de que se estén distorsionando los esquemas, cuando en realidad lo que hacen es ajustarse a una realidad que rompe los ojos. Es que el Banco Central ha perdido credibilidad por su exceso de optimismo, y consecuentemente el Ministerio de Economía y Finanzas pone de relieve serias dificultades para mantener la inflación dentro de determinados parámetros.
Es cierto que una mayor suba salarial, que se da sobre todo en el caso de los sectores con sindicatos más combativos y mayor poder de chantaje, impulsa los precios al alza, pero al referirse una y otra vez a este factor como uno de los componentes notorios de la presión en los índices inflacionarios, el Poder Ejecutivo omite elementos clave en la ecuación, muchos de los cuales precisamente dependen del propio gobierno en cuanto a su manejo.
Los costos de las empresas, por cargas sociales e impuestos, así como por los salarios y servicios públicos, son determinantes para la fijación de los precios internos, y en este esquema el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de incidir en forma directa haciendo que el costo país sea menor, de forma de aplacar la realimentación que hace trepar la inflación.
Una de las formas más efectivas, sino la de mayor importancia, es reducir la presión fiscal sobre los sectores productivos y los propios trabajadores, pasivos y otros actores del tramado socioeconómico. Sin embargo esto es impracticable por un gobierno que, por el contrario, sigue buscando desesperadamente la manera de captar más recursos para mantener la máquina de gastar funcionando, y que apuesta a que la bonanza económica que vivimos continúe beneficiándonos eternamente.
Esta dicotomía es percibida por los agentes económicos cuando evalúan precisamente la evolución de la inflación, y como no se ve por ningún lado que se reduzca esta presión y el gasto, mal puede endilgarse responsabilidades a quienes criteriosamente consideran que el gobierno no da los pasos que debe dar para generar la credibilidad que no ha tenido hasta el presente.
Lo que se necesita por lo tanto es que el Poder Ejecutivo transmita un shock de confianza a través de sus acciones, porque solo con optimismo no se administra un hogar, una empresa o un país.