Paysandú, Sábado 01 de Diciembre de 2012
Opinion | 28 Nov El Parlamento estudia en comisión ponerle un impuesto a snacks como papas chips y similares con la intención de desestimular su consumo, que ha crecido especialmente entre jóvenes y niños. Se procedió de la misma manera con los cigarrillos, por ejemplo. La intención es darle un golpe al bolsillo para que estos productos se consuman menos.
Este año el gobierno anuncio un proyecto para prohibir el consumo de snacks en las escuelas de todo el país, pero finalmente la iniciativa no prosperó. De todas formas, en muchas escuelas si está prohibido su consumo, lo que es bien visto por la comunidad educativa y por los padres.
La Comisión de Salud del Senado analiza el proyecto presentado por el diputado Javier García, que promueve la alimentación saludable en centros de enseñanza y ya tiene media sanción de la cámara baja.
Indudablemente atacar el consumo de comida chatarra en centros de enseñanza es algo muy destacable, pero el camino del impuestazo quizás no sea el más válido ni el mejor. Por un lado, quedan por el camino gaseosas, alfajores y otros productos que también son muy nocivos por su alto contenido en azúcar o grasas. Si el criterio es aumentar simplemente los impuestos, esto quiere decir que se podrían encarecer esos productos también. Y así sucesivamente.
Pero eso no considera el problema de fondo, que es la oferta indiscriminada de comida chatarra, generalmente a muy bajo precio porque la materia prima que usa es también de muy mala calidad. En cualquier comercio, pero especialmente los de barrio que venden productos baratos, ofrecen este tipo de snacks, que son consumidos en muchos hogares.
Si se aumentan los impuestos, los empresarios encontrarán la manera. Por ejemplo, ofrecer snacks en envases más pequeños. Por lo que con eso no se soluciona mucho. Lo que sí se puede hacer es legislar sobre el contenido de los productos, sobre su composición.
Ciertamente, todo producto que intenta venderse en el territorio nacional, tiene que tener una habilitación del Ministerio de Salud Pública, por lo que es ahí cuando se puede actuar e impedir la comercialización de aquellos productos claramente nocivos a la salud de las personas.
Las herramientas están, pero la solicitud de aprobación de venta no debe ser solamente un trámite. Hay que defender el libre comercio, cierto es, pero en primer lugar --por encima de todo-- hay que respaldar la salud de las personas, especialmente de niños y adolescentes. Pero hay que tomar las decisiones correctas. Un impuestazo no es razonable. Primero hay que educar a la población, y después cuidar qué productos pueden venderse.
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