Nacionales | 28 Nov Los datos de homicidios ocurridos en lo que va del año instalaron una polémica sobre la credibilidad de las cifras oficiales, luego que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticara con dureza el último informe de la Fundación Propuesta (Fundapro), acusándola de ocultar datos y desinformar. Fundapro es un observatorio sobre seguridad pública vinculado al sector colorado Vamos Uruguay y en su último informe la semana pasada señaló que 2012 cerrará con unos 300 homicidios, una cifra récord. En una conferencia convocada en la residencia presidencial del Prado, flanqueado por el subsecretario Jorge Vázquez y el director Nacional de Policía, Julio Guarteche, el ministro Bonomi salió a responder los datos presentados por Fundapro, diciendo que el documento tiene “intencionalidad política”, le “falta seriedad” y fue elaborado con “irresponsabilidad”.
Bonomi sostuvo que el gobierno hizo “la experiencia siguiendo el mismo criterio de trabajo que Fundapro”, contratando a la empresa Foco Multimedia, “cuyos resultados de analizar dos periódicos, El País y La República, arrojaron los mismos resultados que el Observatorio del Ministerio del Interior: 247 homicidios hasta el 21 de noviembre de 2012”. Luego el ministro hizo una comparación entre cifras de Fundapro y las que maneja el gobierno. Primero la cantidad de homicidios: 247 para el Observatorio y Foco; 267 para Fundapro. “Además, Fundapro dice que entre hurto, rapiñas y copamientos hubo 60 homicidios, nosotros sostenemos que hubo 29”, dijo Bonomi. Aseguró que “se agrandan las rapiñas al incorporar policías o civiles, que primero se los llamó para defenderse y después se los incluye como homicidas”.
Guarteche añadió que en el informe de Fundapro “hay una gran ignorancia, una gran mala intención o un error manifiesto”, ya que “la Constitución y la ley establecen como causas de justificación --y por tanto no factible de pena-- aquellos casos donde se compruebe legítima defensa --para ciudadanos--, y actuación bajo cumplimiento de la ley para policías”, explicó.
En tanto, también en conferencia de prensa, la Fundación Propuesta salió al cruce de los duros cuestionamientos que el gobierno realizó al informe. El técnico investigador de Fundapro, Guillermo Maciel, ratificó los números presentados y consideró que Bonomi, a raíz de sus declaraciones, se maneja bajo la consigna de “matar al mensajero”. El profesional entendió que “es incómodo ser ministro y tener un récord de homicidios” y recordó que el ministerio dijo que había 244 homicidios, cifra que ya representa un récord porque en 2011 ocurrieron 199.
Maciel indicó, por otro lado, que el año pasado la cartera de Estado que dirige Bonomi computó como homicidios aquellos ocurridos en defensa propia y las muertes provocadas por policías en cumplimiento del deber, pero que este año no usó la misma metodología.
Sin embargo, el diputado de Vamos Uruguay Fernando Amado admitió que “es un error” que Fundapro incluya homicidios por policías o civiles en casos de legítima defensa y señaló que a su sector no se le “pasa por la cabeza inflar cifras” al referirse al informe. No obstante, admitió que no está de acuerdo con la inclusión de homicidios cometidos por policías o por civiles en caso de legítima defensa. “Cuando uno comete un error, lo que tiene que hacer es corregirlo y decir que se equivocó”, agregó Amado, que no forma parte del equipo de Fundapro.
A todo esto, “lo que me genera molestia profunda es la actitud de un ministro de Estado de adjudicar intencionalidad en temas que tienen que ver con cosas que yo las vinculo directamente con un mal proceder. Es de mala leche hacer la acusación y utilizar este tipo de temas, encuestas o fundaciones para inflar o desinflar números a su antojo”, agregó, y recordó que “Bonomi ha tenido problemas con las cifras dentro del ministerio y con compañeros del Frente Amplio. No sé si ustedes recuerdan que Rafael Paternain se tuvo que ir del Observatorio muy molesto”.
URUGUAY, SEGUNDO CON MENOS POBRES
Uruguay es el segundo país de América Latina con menos cantidad de personas pobres, según un informe presentado en Santiago de Chile, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En 2010, la tasa de pobreza de Uruguay y Argentina era de 8,6%. En 2011, el gobierno de Cristina Fernández disminuyó 3,1 puntos porcentuales (a 5,7%), mientras que el de José Mujica 2,1 (6,7%).
Además, otros cinco países registraron caídas significativas en las tasas de pobreza: Brasil (de 24,9 a 20,9 %), Colombia (de 37,3 a 34,2 %), Ecuador (de 37,1 a 32,4 %), Paraguay (de 54,8 a 49,6 %) y Perú (de 31,3 a 27,8 %). Por el contrario hubo leves incrementos en Costa Rica (18,8 en 2011), República Dominicana (42,2) y Venezuela (29,5). En Chile, en tanto, la pobreza afecta al 11% de la población, mientras que en Panamá se encuentra en el 25,3%.
El número de personas pobres en América Latina bajó de 176 millones en 2010 a 168 millones en 2011, equivalente a un 29,4% de la población, la tasa más baja de las últimas tres décadas. De acuerdo con el Panorama Social 2012, presentado en Santiago de Chile, se espera que este año la pobreza se vuelva a reducir hasta una tasa del 28,8%, equivalente a 167 millones de personas, mientras que la indigencia se mantendrá estable en 66 millones, la misma cifra que en 2011. Así, la pobreza en América Latina continuaría su tendencia a la baja, aunque a un ritmo algo menor al observado en los últimos años, gracias a las proyecciones de crecimiento económico positivo e inflación moderada para 2012, añade la Cepal.
BACHILLERATO EN TODOS LOS LICEOS
Durante el quinto Encuentro Nacional de Estudiantes, realizado en Florida, los jóvenes plantearon la necesidad de tener bachilleratos completos en todos los liceos de Uruguay, mejor infraestructura edilicia, mayor participación e información.
Los estudiantes de los Consejos de Participación de Segundo Ciclo de Secundaria elaboraron un documento con conclusiones donde solicitaron mejoras edilicias y reclamaron más espacios educativos, mejores condiciones de habitabilidad, salones pintados de diferentes colores, más equipamiento informático y mejor servicio de biblioteca. Con el fin de mejorar la seguridad de los centros educativos, los estudiantes manifestaron su deseo de contar con identificación y control de quienes ingresan a las instituciones. En cuanto al relacionamiento, los jóvenes piden por más diálogo con los adultos y de esta manera evitar los eventuales casos de abuso de autoridad. Entre otros pedidos se destacan, el incremento de las actividades deportivas para 5° y 6°, más información, orientación sexual y equipos multidisciplinarios, integrados por psicólogos y trabajadores sociales.
Cerca de 300 alumnos que integran los Consejos de Participación de Primer Ciclo de Secundaria realizaron su propio informe, donde se recalca el debate de la implementación del uniforme: “En caso de acordarse su uso, debería ser representativo del centro educativo, económico y unisex”.
TRES OPCIONES PARA DRAGADO DEL CANAL
Los gobiernos de José Mujica y Cristina Fernández analizan tres posibilidades de dragar el canal Martín García, ante la proximidad del vencimiento del contrato el próximo 19 de enero, que actualmente ostenta la empresa Riovía. El canciller Luis Almagro dijo ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados que se manejan tres opciones: la primera es hacer una convocatoria de adjudicación directa; en segundo lugar realizar un llamado a licitación, opción para la cual se está estudiando el pliego y, finalmente, crear un nuevo ente binacional.
De las opciones, solo el llamado a licitación no directa fue aceptado por la oposición, que también expresó preocupación porque a menos de un mes y medio que expire el actual contrato, la situación “no está encaminada”. Almagro dijo que Uruguay advierte “buenas intenciones” de Argentina en este diálogo, aspecto que no fue recibido con firme creencia por los legisladores de los partidos tradicionales. El canciller también fue convocado para informar sobre la solución de controversias en el Mercosur, la modificación del Protocolo de Olivos, además de las relaciones entre las cancillerías de Uruguay y Argentina por UPM.