Opinion | 01 Dic Sin duda que la suspensión impúdica de Paraguay y la incorporación ipso facto de Venezuela al Mercosur por decisión expresa de los presidentes José Mujica, Cristina Fernández y Dilma Rousseff, fue un golpe demoledor a la ya alicaída credibilidad del Mercosur, donde siempre se ha impuesto la ley del más fuerte, más precisamente la del bilateralismo de Argentina y Brasil por sobre los dos socios menores.
Este no es el único problema del bloque, naturalmente, aunque se arrastra prácticamente desde la fundación del acuerdo regional, ya que por encontrarnos ante grandes asimetrías en las economías de los integrantes del acuerdo se han generado serias distorsiones en el relacionamiento del bloque. Es así que tanto Uruguay como Paraguay han hecho las veces de furgón de cola de los dos grandes, que históricamente presentaron hechos consumados o decisiones ya adoptadas para que las tomaran o las dejaran.
Es decir que una constante del Mercosur en todos estos años ha sido la falta de organicidad y de respeto por las resoluciones que se adoptan en base a los estatutos que rigen desde su creación, cuando éste debería ser el ABC del relacionamiento entre los socios, especialmente para el caso de los dos menores. De esta forma se podrían, por la vía legal, poner barreras al atropello o la discrecionalidad de Argentina y Brasil.
Una muestra clara de esta distorsión la sufrimos los uruguayos a través del bloqueo de los puentes internacionales por los activistas de Gualeguaychú, cuando el artículo primero del Mercosur establece la libre circulación de bienes y personas entre los países que componen el bloque, sin que a la vez Brasil se diera por enterado cuando Uruguay planteó el tema en el seno del acuerdo regional. En las últimas horas trascendió que el gobierno uruguayo propondrá a sus socios del Mercosur que los laudos del Tribunal Arbitral del bloque pasen a ser obligatorios y se establezca un mecanismo para indemnizar económicamente por el daño causado.
Esta propuesta se formulará una vez que Uruguay asuma en diciembre la presidencia rotativa del Mercosur, que actualmente ejerce Brasil, de acuerdo a lo manifestado por el canciller Luis Almagro ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados.
Según el canciller actualmente no existe manera de transformar los laudos arbitrales en obligatorios, por lo que la forma de resolver las diferencias que se suscitan es la “retaliación comercial”, es decir la adopción de medidas espejo para enfrentar una traba comercial, que en esencia es intrascendente si se trata de un socio menor que actúa contra uno de los dos grandes. Mientras determinada medida de Argentina o Brasil puede resultar devastadora para industriales de los países chicos, una contrapartida de éstos pasa inadvertida en el caso de las grandes economías.
Precisamente, Uruguay recurrió varias veces al Tribunal del Mercosur por frenos a sus exportaciones, y pese a haber obtenido fallos favorables, los socios mayores simplemente los desconocieron, sin que hubiera pasado nada por esta causa más allá del pataleo del afectado.
Almagro recordó que Uruguay utilizó los mecanismos disponibles, ya sean de consulta como de reclamo, pero al llegar al tribunal arbitral la efectividad ha sido nula, y por ello cuando surgen diferencias con Argentina o Brasil, la opción que queda es ir al diálogo bilateral y depender de la buena voluntad de la contraparte.
Queda así de relieve la importancia de que se respete el ordenamiento jurídico en el Mercosur, cualquiera sea el tema de que se trate, lo que es especialmente importante para los países pequeños, que solo pueden por la vía de la legalidad hacer valer sus derechos ante la prepotencia de los más grandes.
Pero este planteo acertado de Uruguay se da de bruces contra lo actuado por el país en oportunidad del episodio de la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela, por razones político - ideológicas, dispuesta por los presidentes Mujica, Fernández y Rousseff, por encima de lo que establecen las normas del Mercosur, mediante decisión del denominado “club de presidentes” que actúa por encima de la organicidad del acuerdo.
Lo menos que puede pedirse a nuestra representación en estas instancias internacionales es coherencia, optando siempre por estar del lado de la legalidad y el derecho, más allá de ideologías y amistades, porque es la forma en que se debe actuar en todo momento en el relacionamiento internacional para impedir el avallasamiento de los más pequeños por los poderosos, como ha ocurrido históricamente.