Opinion | 03 Dic En más de una oportunidad, al comentar desde esta columna de opinión el debate suscitado en el Parlamento a propósito de la denominada Ley de Reproducción Asistida o ley de aborto señalábamos que genera honda controversia, pues están en juego aspectos éticos, morales y religiosos en muchos casos, cortando transversalmente a la sociedad por encima de los partidos. Por lo tanto, la última palabra debe estar a cargo de la ciudadanía, a través del pronunciamiento en plebiscito.
Claro, constitucionalmente no está habilitado que pueda promoverse un plebiscito de propuesta, sino que se plebiscita la vigencia o no de una ley, y en este caso de derogarse la norma recientemente aprobada quedaría vigente solo la anterior, y no otra norma promovida como alternativa. Por lo tanto nos retrotraería al punto de partida anterior a la ley, pero no implicaría ningún avance en cuanto a respuestas para una realidad que muchos de los promotores del plebiscito no parecen estar dispuestos a reconocer.
Organizaciones sociales y grupos políticos iniciaron en las últimas horas una campaña de recolección de firmas en varios puntos del país para pedir un referéndum que derogue la Ley de Reproducción Asistida recientemente aprobada por el Parlamento y que despenaliza esa práctica hasta la undécima semana de gestación.
La idea es derogar la ley aprobada el 17 de octubre por el Poder Legislativo y que entrará en vigor este lunes, que permite abortar libremente a la mujer por su sola voluntad siempre que la práctica se realice bajo la supervisión del Estado, que contó solo con los votos de los legisladores del Frente Amplio y que dio lugar a un extenso y por momentos álgido debate. Este alineamiento de fuerzas en el Parlamento por supuesto no tiene nada que ver con el pensamiento de la sociedad uruguaya, desde que hay ciudadanos a favor y en contra de la norma en todos los partidos, lo que indica que --como suele ocurrir-- el tratamiento del tema se politizó abiertamente en el Parlamento.
Las normas constitucionales establecen que los impulsores del referéndum tienen un plazo de cinco meses para reunir las firmas equivalentes al 2 por ciento del padrón electoral, plazo que vence el 22 de marzo de 2013. La Corte Electoral tiene entonces tres meses para verificar la cantidad de firmas recolectadas y para, si corresponde, convocar a una jornada de adhesión voluntaria a la que deberá concurrir por lo menos el 25 por ciento del padrón electoral –unas 600.000 personas-- y si este número es alcanzado, el referéndum debe ser convocado dentro de los cuatro meses posteriores
Ello indica que si los plazos previstos por la ley se estiraran al máximo, los uruguayos estaríamos concurriendo a las urnas por esta causa en octubre de 2013, es decir un año antes de las elecciones nacionales de 2014, lo que en apariencia sería una distancia suficiente del acto eleccionario para no mezclar las cosas.
Pero precisamente en un país en el que todo se politiza, y mucho más aún a medida que se acerque la próxima elección nacional, se corre el riesgo de que esta disyuntiva se plantee en términos de cuestiones político-partidarias y no se la ubique en su real dimensión, lo que perjudicaría al país y a la sociedad que merece respuestas reales y no en función de cálculos electorales o por imposición de vetos del presidente de turno, como así tampoco en base a planteos maximalistas que pongan las cosas en blanco y negro.
En este sentido, ya contamos con antecedentes preocupantes, desde que determinados grupos, ya en encuestas telefónicas cuando se trataba el tópico en el Parlamento, preguntaban a los ciudadanos si estaban “por el aborto o la vida”, como si quienes se inclinaran a favor de la ley estuvieran en contra de la vida, sin ninguna otra consideración.
Estos planteos tramposos son los que precisamente deberían quedar al margen de la discusión de cara a la instancia plebiscitaria, porque de esta forma se evitarían disyuntivas falsas para el electorado, menospreciando su inteligencia y sentido común, retaceando información valiosa para que se pronuncie en base a sus convicciones éticas, morales y religiosas, o simplemente por razonamiento del mal menor ante las opciones planteadas.
Debe tenerse presente que cuando se plantea “aborto o vida”, ex profeso se soslaya que a pesar de estar penado por la ley, en Uruguay cada año se practican entre 30.000 y 60.000 abortos, y que miles de mujeres --la inmensa mayoría proveniente de los estratos de menores ingresos-- pierden la vida o sufren graves traumas porque caen en manos de inescrupulosos sin ninguna garantía de recibir tratamiento médico adecuado porque no cuentan con los recursos económicos para ello.
Y sobre todo, debe tenerse presente que el énfasis debe estar puesto en la prevención a través de la educación, mediante campañas persistentes en todos los ámbitos, sobre todo entre los adolescentes, para que no se llegue al punto en que no hay solución buena, es decir cuando se llega a la instancia del embarazo no deseado y en la que la mujer se encuentra entre la espada y la pared, indefensa, desesperada y estigmatizada.