Locales | 03 Dic Curiosamente, ningún intendente del Frente Amplio ni del Partido Colorado concurrieron a la sesión plenaria del Congreso de Intendentes realizada en la sala de conferencias del balneario Las Cañas, en Fray Bentos. Ni Ana Olivera de Montevideo, Marcos Carámbula de Canelones, Óscar de los Santos de Maldonado, ni Artigas Barrios de Rocha, todos del Frente Amplio; así como tampoco Germán Coutinho de Salto ni Marne Osorio de Rivera, del Partido Colorado, estuvieron presentes. Y en el caso de Rocha y Rivera, tampoco concurrieron representantes.
Fue una llamativa ausencia. Una fuente recordó que “en el periodo pasado, varias veces frentistas y colorados hicieron el dos-uno” en un Congreso dominado siempre por el Partido Nacional, donde actualmente tiene trece puestos.
La causa, aunque no confirmada, puede establecerse en un mail enviado un día antes por el presidente del Congreso, Omar Lafluf, en virulenta respuesta a una decisión transmitida al Congreso por Martín Ribero, director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).
En ella le indicó que “no fueron aprobados por la AUCI ninguno de los once contratos que habíamos planteado”, dijo Lafluf. “Considero que esto es un hecho casi agraviante, porque esos técnicos los definimos los partidos políticos, y los contratos los hacemos nosotros. No lo hace la cooperación internacional ni la agencia”, agregó.
Se refería a contratos de consultores técnicos que el Congreso quería hacer, por un plazo de tres meses, para estudiar diferentes asuntos, entre ellos la disposición final de residuos sólidos. Ninguno fue aprobado por los técnicos de la AUCI, contratados por la actual admistración del Frente Amplio. “Mucho más grave es que nosotros no vamos a poder gestionar los recursos del ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales) porque no podemos hacer trabar a los técnicos definiendo qué es lo que queremos hacer con el producido del ICIR”, dijo Lafluf. Tampoco “podemos contar con el asesoramiento de técnicos jurídicos que íbamos a contratar”.
Lafluf envió un “muy fuerte” correo electrónico que motivó que “me llamaran todos”, entre ellos la sanducera Helena Heinzen, coordinadora del Programa de Cooperación Internacional de la Agencia Española para el Desarrollo (Aecid). Finalmente, se pactó una entrevista de la Mesa del Congreso (si es que Coutinho y Ayala concurren esta vez) con Diego Cánepa, presidente del Consejo Directivo de la AUCI, además de prosecretario de la Presidencia. La respuesta de Lafluf a la AUCI pudo ser el hecho desencadenante de la inasistencia en bloque de frentistas y colorados.
ENTREVISTA CON MUJICA
Ante esta situación el Congreso de Intendentes --a través de la Mesa-- solicitó una nueva audiencia con el Presidente de la República ante la preocupación existente por impedimentos presentados para desarrollar el proyecto de cooperación internacional, al tiempo de reiterar la aspiración de un Anchorena III.
Decidieron expresar mediante nota a José Mujica su preocupación por la situación generada por verse truncado el proceso, que afecta el efectivo desarrollo --con asesoramiento técnico-- de planes de fortalecimiento a través de la cooperación internacional.
Asimismo, el Congreso respaldó a la Mesa para que lleve adelante los contactos pertinentes a efectos de concretar estos planteos, pero con mayor énfasis --y en primer lugar-- la reunión que permita destrabar la cooperación internacional, en la medida que hay asesores que hace dos meses están trabajando para un contrato que iba a ser de tres meses y ahora no se sabe si podrán recibir sus honorarios.
UNA SOLA PLANTA DE TERMOVALORACIóN
En el informe presentado por la comisión que estudia la disposición final de residuos sólidos quedó claro, contrariamente a lo que anteriormente era manejado que no habrá complejos regionales de concentración de residuos. En el Área Metropolitana serán transformados en energía y en el resto del país se seguirá administrando la basura en rellenos sanitarios departamentales.
El Área Metropolitana sí tendrá una planta de termo valorización, que produce tecnología a partir de la quema de residuos sólidos no reciclables, tecnología que por un lado había sido puesta en duda por científicos de la Facultad de Ingeniería y que por otro lado había sido anunciada para instalarse tambien en Mercedes, proyecto que ahora aparece congelado.
Se indicó que ninguna intendencia del interior del país puede aspirar a tener una planta de termo valoración debido a la cantidad de toneladas de residuos sólidos que recoge, pero también se dijo que queda abierta la posibilidad de que voluntariamente las intendencias se regionalicen en pos de ese objetivo. Pero, no se aprecia la posibilidad de ningún subsidio para financiar su instalación. Si sabe el tope que pagará UTE por megawatt generado por esta tecnología, que será de 150 dólares. Por lo demás se apreció un cambio en el estilo de gestión, en la medida que el grupo consultor destacó que el principal objetivo no era qué obtener de los residuos sólidos no reciclables, sino que en primer lugar había que solucionar el problema ambiental y sanitario. Si se acepta una planta de termo valoración en el sur es porque es rentable, pero en el resto, la mejor opción es la de rellenos sanitarios.
No obstante, hasta el momento se han presentado 53 propuestas de empresas interesadas en la construcción y gestión de centros de disposición final de residuos sólidos y generación de energía. Con esas empresas se ingresó en una etapa de preclasificación y de un “Data Room” para el intercambio de información. De estas empresas se elegirá solamente a una, que tendrá a su cargo tanto la planta termo valorizadora como la creación y gestión de los dieciséis rellenos sanitarios para el tratamiento de los residuos en el interior del país. Esta empresa amortizará los gastos de inversión y gestión con la venta de energía a UTE con un contrato a veinte años.
TRANSPORTE MULTIMODAL
En la sesión celebrada en Las Cañas, Omar Lafluf concretó lo anunciado días atrás, explicando que resulta imprescindible “definir un transporte multimodal que no encare solamente la caminería rural” sino que vaya “unido a las rutas nacionales y otras vías de transporte como pueden ser los puertos”. Sostuvo que será en base a los datos que aporte el Ministerio de Ganadería que se determinaría “cómo se va a transportar” según el tipo de producción, manifestando que “el país en algún momento deberá decir: hasta el puerto llegan camiones y de Fray Bentos deberá salir en barcazas porque el país no va a tener otra solución”, sin que esto implique “inmiscuirse en el manejo empresarial”.
Concluyó que “el país no puede darse el lujo que se destrocen las carreteras cuando hay otra vía que no encarece el flete, ese es el concepto”.