Nacionales | 02 Dic La comisión nacional recogió 5.000 firmas en la víspera para la realización de un referéndum que derogue la ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas. Se pretende llegar por la vía rápida y, según dijo el diputado Pablo Abdala, después el tema “quedará laudado” y el próximo gobierno no debería reabrirlo. “Este es el momento del tema y allí se agota, si el referéndum no se hace, quedará laudado sin él”, sostuvo.
La iniciativa cuenta con el apoyo a nivel político de la mayoría de los legisladores del Partido Nacional y de algunos colorados. “Es una convocatoria ciudadana, por encima de los partidos. Legalizar el aborto es una decisión que divide al país en todos los sentidos, no hay un partido a favor y otro en contra. Más allá de los grupos vinculados al tema, las opiniones están divididas y eso hace que la representación parlamentaria quede superada por los hechos y que la gente quiera decidir”, dijo el diputado nacionalista. Explicó que “se acerca gente que está a favor y en contra de la despenalización del aborto. Algunos ven en el referéndum la posibilidad de revisar esa decisión y derogar la ley, y otros están a favor, pero racionalmente, porque entienden que está bien dirimir el tema en una instancia de consulta popular que descomprima tensiones y pacifique la discusión”.
Si hoy se realiza un referéndum sobre la ley que despenaliza el aborto, el 45% de los uruguayos votaría a favor de mantenerla y el 42% en contra, según una encuesta presentada por la consultora Cifra. Además, el 66% de los uruguayos está de acuerdo con el referéndum.
Para presentar un recurso de referéndum se debe conseguir el 25% del total de inscriptos en el país, unos 500.000. Sin embargo, hay una vía rápida que necesita las firmas de un 2% del padrón electoral --unas 52.000--, y la Corte Electoral convoca a que la ciudadanía adhiera a la realización del referéndum. Este camino eligió la Comisión Nacional Pro Derogación de la despenalización del aborto. El plazo para presentar las firmas es de cinco meses desde la promulgación de la ley y vencerá el 22 de marzo de 2013.
La campaña se lanzó con el telón de fondo del anuncio de la adhesión a la campaña del ex mandatario Tabaré Vázquez, mientras que el presidente José Mujica dijo que no descarta hacer lo mismo. “Yo capaz que firmo también”, indicó desde Lima a Subrayado y Televisión Nacional Uruguay.
INTERÉS EMPRESARIAL EN UNA NUEVA CÁRCEL
El Ministerio del Interior presentó el proyecto de creación de la nueva cárcel que se construirá bajo la modalidad público privada, con una inversión estimada en U$S 72,4 millones. En los próximos días se abrirá la licitación y se prevé que la construcción comience en seis meses. El emprendimiento fue presentado por el director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, ante un grupo de empresarios en el marco del “Encuentro para el Desarrollo de Infraestructuras”, organizado por la Corporación Nacional para el Desarrollo.
La nueva “Unidad Nacional de Personas Privadas de Libertad Nº 1” será la primera obra de infraestructura construida con participación público privada y tendrá 1.960 plazas, con las cuales se pretende erradicar el hacinamiento carcelario. Carrera presentó ante los empresarios los servicios que los adjudicatarios deberán tomar a su cargo de acceder a la obra y comprenden los aspectos vinculados a la construcción y los servicios, ya que las tareas de seguridad estarán en manos del Estado.
El plan prevé un edificio destinado al proceso de admisión y selección de reclusos, con un plazo de hasta 12 días para definir dónde se envía cada persona. La nueva cárcel requerirá de edificaciones para proyectos educativos, laborales, deportivos y sociales de los reclusos, además de áreas para la atención de salud. El proyecto para los privados incluye la contratación de servicios de alimentación, lavandería, limpieza, mantenimiento y reposición. También está prevista una tienda con artículos de almacén, en donde la forma de pago no implicará el manejo de dinero. El ministerio pagará por la disponibilidad de espacios, ocupados o no y el privado deberá cumplir con plazos determinados cuando se requieran reparaciones a la infraestructura. En caso que por esta causa se incurra en sobrepoblación, habrá una multa para el contratista.