Opinion | 02 Dic La aparición de cientos de envases de productos agroquímicos en las inmediaciones de una escuela de la localidad rionegrense de Menafra, ubicada en el límite con el departamento de Paysandú, se suma a otros hechos similares acontecidos en el departamento, que son motivo de preocupación e indignación para los vecinos de la zona pero también son delitos ambientales que deberían ser adecuadamente sancionados.
Si bien existe en nuestro país una ley de Protección Ambiental y normativa explícita respecto a cómo se debe proceder para la adecuada eliminación de envases de productos agroquímicos, la mayoría de ellos altamente contaminantes para el ser humano y con capacidad para contaminar también ecosistemas vinculados a los cursos de agua de nuestro campo, lo cierto es que este tipo de situaciones atentatorias de la calidad ambiental ocurren una y otra vez en el territorio nacional.
Sin ir más lejos, en Paysandú recordamos el sonado caso de los envases de agroquímicos que aparecieron en el basurero de Guichón, lo que dio lugar a una investigación administrativa y judicial que concluyó sin poder identificar a los responsables y sin mayores consecuencias.
Este año, en la periferia de nuestra ciudad ocurrió un hecho similar, también sin consecuencias. Ahora, integrantes de la sociedad civil organizada de Guichón denunciaron la existencia de cientos de envases de agroquímicos diseminados en tres canteras formadas por la extracción de balastro cerca de Menafra.
Este nuevo hecho nos hace reflexionar sobre la necesidad de la acción social y de la existencia de grupos de vecinos organizados que estén atentos a estos temas y desarrollen mecanismos para difundir estas situaciones y denunciarlas ante los organismos competentes. Sin embargo, el hecho que éstos sean generalmente incapaces para identificar y tomar acciones contundentes sobre los responsables genera impotencia y desilusión.
Sin duda, son hechos que no pueden seguir quedando impunes y es responsabilidad del Estado, que permite el ingreso al país de estos productos potencialmente contaminantes para el medio ambiente y los seres humanos así como la existencia de grandes plantaciones de cultivos que requieren de la utilización, quien debería contar con los recursos técnicos y económicos suficientes para gestionar y sancionar las infracciones. Porque, sin controles adecuados terminan perdiendo los más débiles, esos son las familias habitantes del medio rural, y nuestra calidad ambiental.