Opinion | 06 Dic Una investigación realizada por el Espacio de Diálogo Social de Paysandú reveló la existencia de importantes carencias en la atención educativa, de rehabilitación y también en el acceso a los beneficios de seguridad social por parte de personas con discapacidad de nuestra ciudad.
El trabajo señala que el 70% de las personas con discapacidad residentes en la ciudad de Paysandú no concurre a ningún centro educativo o de rehabilitación y el 33% tampoco recibe los beneficios de la seguridad social que le corresponden. Los datos surgen de un censo puerta a puerta en la zona Sur de la ciudad y un muestreo que comprendió distintas zonas así como localidades de interior departamental.
El 32% de los discapacitados relevados en el censo realizado en el barrio Sur y el 30% de los que residen en otras áreas de la ciudad concurren a centros educativos o de rehabilitación. En tanto, el 67% de los discapacitados residentes en la zona Sur accede a prestaciones del BPS, lo mismo que el 83% de los del Interior y el 64% de los residentes en otras zonas de la ciudad.
Los integrantes del Espacio de Diálogo Social hicieron notar que aproximadamente el 33% de los discapacitados que fueron censados en la zona Sur no está recibiendo una prestación del BPS cuando tiene pleno derecho a ella.
Esto no es un dato menor puesto que se trata de una populosa área, de alta vulnerabilidad social, donde las situaciones de pobreza de muchas familias conspira en relación al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, retroalimentando el círculo de pobreza y exclusión y constituyendo un factor de discriminación.
Hay múltiples razones por las que estas personas no ejercen sus derechos. La falta de información, la incapacidad de manejarse adecuadamente en ámbitos totalmente diferentes a los que les son habituales, la formalidad de los trámites burocráticos o, simplemente, el no saber que tienen los derechos mencionados, son algunas de ellas.
La iniciativa del Espacio de Diálogo Social es realmente importante y constituyó un esfuerzo muy grande de numerosas organizaciones y voluntarios que se pusieron esta investigación al hombro. Es de esperar que estos datos objetivos sean utilizados como insumos para elaborar políticas públicas que atiendan las situaciones de agravamiento de la vulnerabilidad de personas con discapacidad. El sistema educativo, el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social deberían tomar muy en cuenta estas realidades y dar una respuesta rápida a ellas.