Locales | 06 Dic Convocados por la Federación Rural, Asociación Rural y la Cámara Mercantil y bajo el título “ICIR: la política ¿está por encima de la Constitución?”, los expertos constitucionalistas Ruben Correa Freitas, Augusto Durán Martínez, Eduardo Esteva Gallicchio y Daniel Hugo Martins analizaron una serie de argumentos jurídicos que les permitieron aseverar que el impuesto viola la Constitución. El Impuesto a la Contribución Inmobiliaria Rural (ICIR) grava en base a un sistema de franjas a los propietarios de inmuebles rurales que en su conjunto superen las 2.000 hectáreas. El Poder Ejecutivo reglamentó la ley a fines de noviembre, mientras la Suprema Corte de Justicia analiza decenas de recursos de inconstitucionalidad contra el tributo y se espera que se pronuncie sobre mediados del año próximo.
Los expertos consideran que el ICIR es ilegal porque constituye una doble imposición para los propietarios de tierras que ya están gravados por la contribución inmobiliaria rural. Para los expertos, la Constitución reserva para las intendencias la administración de los recursos, por lo tanto la comisión sectorial creada por el Ejecutivo para administrar los fondos del ICIR (al que niegan la calidad de adicional) es inconstitucional. “Este es un tema delicado, nos estamos acostumbrando a que el Parlamento vote leyes que violan la Constitución”, advirtió Correa Freitas. Agregó que el ICIR “es claramente un impuesto confiscatorio, que persigue castigar impositivamente a propietarios de tierras de más de 2.000 hectáreas. Viola la Constitución y excede las competencias del legislativo”.
Afirmó que el gobierno dispone de herramientas legales para expropiar inmuebles, mientras que el ICIR constituye “una violación al derecho a la propiedad. Este es un tema que tiene que ver con el atropello al Estado de Derecho”, dijo.
Por su parte, Durán Martínez dijo que la ley que crea el impuesto es “groseramente inconstitucional”. Defendió el derecho de quienes se sientan lesionados por la ley a recurrirla ante la Suprema Corte de Justicia y consideró que por razones de “buena administración”, también los gobiernos departamentales deberían atacar la inconstitucionalidad de la ley porque viola su autonomía. Sostuvo que los gobiernos deben velar por los derechos humanos de las personas y uno de ellos es el derecho a la propiedad privada. En tanto, Esteva consideró que está en juego “la interpretación de la Constitución” y que el ICIR representa un “cruce de caminos” en cuanto a la suerte de los recursos de inconstitucionalidad en el futuro. El catedrático Ruben Correa Freitas estimó que en mayo la Suprema Corte de Justicia podría expedirse sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR que han sido presentados. El impuesto ha sido reglamentado en noviembre y comenzará a recaudarse el año próximo.