Opinion | 08 Dic Organizaciones sociales y grupos políticos de la oposición lanzaron una campaña de recolección de firmas en varios puntos del país para plebiscitar la denominada Ley de Reproducción Asistida, es decir la norma que incorpora la posibilidad de que no se penalice el aborto en las primeras doce semanas de gestación, entre otros aspectos.
La idea básica de quienes promueven la iniciativa es derogar la ley aprobada el 17 de octubre por el Parlamento y que entró en vigor el lunes, que permite abortar libremente a la mujer por su sola voluntad, siempre que esta práctica se efectúe bajo la supervisión del Estado.
La controvertida ley, que dio lugar a un acalorado debate, contó solo con los votos de los legisladores del Frente Amplio, y no fue respaldada por lo tanto por los partidos de la oposición, en tanto hasta los dos únicos legisladores del Partido Independiente votaron divididos en esta instancia.
Surge claramente que la votación que se dio en ambas cámaras no refleja ni por asomo lo que realmente piensan los ciudadanos en cuanto a sus preferencias políticas, desde que se trata de un tema que corta transversalmente a los partidos, porque hay ciudadanos a favor y en contra de la norma en todas las colectividades partidarias, lo que indica que por encima de los aspectos éticos, morales y religiosos hubo una notoria politización del tratamiento del tema en el Parlamento, como suele ocurrir.
Por tratarse precisamente de un tema tan delicado, y en el que inciden concepciones muy arraigadas en cada ciudadano, la convocatoria a plebiscito para decidir por encima de la opinión de los parlamentarios es lo mejor que puede ocurrir, para dejar zanjada por el voto ciudadano una problemática que no solo es controvertida, sino que es consecuencia de un embarazo no deseado y por lo tanto plantea una disyuntiva que nunca es buena, sino que habrá solo una menos mala que la otra para quien se encuentra en una situación desesperada y considera que no tiene salida.
Es de esperar que los argumentos que se esgriman ante la ciudadanía a la hora de votar sean realmente criteriosos, sin entrar a dividir el tema entre buenos y malos, entre los que están por la vida y los que no, sino que se plantee en toda su realidad y crudeza esta disyuntiva. Porque aún penalizado el aborto, como lo está, igualmente más de 30.000 uruguayas abortan al año, en las peores condiciones posibles, a riesgo de su vida, y la inmensa mayoría pertenece a los estratos sociales menos favorecidos.