Opinion | 15 Dic Desde la época del ex ministro José Díaz, y mucho más aún cuando la titular del Ministerio del Interior fue la actual diputada Daisy Tourné, los responsables de esta secretaría de Estado han tratado de minimizar la inseguridad que vive la ciudadanía, señalando que se ha generado una “sensación térmica”, de la que atribuyen la principal responsabilidad a los medios de difusión, por dar cuenta de los hechos delictivos, y también a la oposición, por hacer hincapié en la inseguridad en lugar de las presuntas medidas que han permitido reducir la ola delictiva.
La realidad se ha encargado de desmentir estos análisis subjetivos de los ex ministros del Interior, bajo cuya gestión los delitos siguieron creciendo y la inseguridad también, y hasta quedó para el anecdotario popular la mención a la “sensación térmica” cuando hemos estado ante una realidad que rompe los ojos.
Por supuesto, el ex ministro Díaz tuvo sobre sus hombros la poco edificante responsabilidad de haber aprobado la Ley de Humanización de las cárceles, que permitió liberar antes de tiempo a cientos de delincuentes que asolaron ya pocas horas después de su liberación a ciudadanos indefensos, solo porque en la visión ideológica del ex secretario de Estado y de muchos integrantes del gobierno había hecho carne la óptica de que las verdaderas víctimas eran los delincuentes y los ciudadanos sus victimarios, por haberlos marginado y contribuido a que se formaran en la senda del delito.
Por supuesto, la realidad es mucho más compleja y rebuscada que este manejo maniqueísta de algunos integrantes del gobierno que trajeron una visión idealizada del escenario social y pretendieron hacer que la realidad se ajustara a ello, en lugar de abordar la problemática con un perfil desprejuiciado y sobre todo equilibrado, ponderando las acciones en este campo con las responsabilidades de velar por la seguridad del ciudadano común. En cambio, se ha priorizado contemplar la situación de quien ha ingresado en la carrera delictiva y liberando delincuentes.
El advenimiento de Bonomi, hombre de confianza del presidente José Mujica, transmitió la bien fundada idea de que algunas cosas habían cambiado en la percepción del Poder Ejecutivo, asumiendo que la inseguridad es una realidad instalada y que no podía esperarse a que presuntamente den resultado las políticas sociales para combatir la marginación y la delincuencia, sobre todo la protagonizada por algunos menores que son feroces delincuentes y muchas veces irrecuperables.
Y por cierto que a través de su gestión, con luces y sombras naturalmente, el secretario de Estado se ocupó de mejorar el presupuesto para la Policía, la dotación de personal y recursos materiales, a la vez de promover medidas que tienden a que se utilice con otra eficacia la necesaria represión que sus antecesores creían innecesario aplicar, por razones ideológicas a contramano de la realidad. Lamentablemente, en las últimas horas el ministro ha recaído en prácticas de quienes le precedieron, por lo menos desde el punto de vista retórico, y pidió a los “compañeros” frenteamplistas que colaboren para “cortar con el miedo” infundido por los partidos tradicionales y los medios de difusión en la sociedad en el tema seguridad. Este pedido va de la mano con las políticas de silencio impuestas en su cartera, por las cuales se prohíbe terminantemente informar tanto a la prensa como a cualquier otro ciudadano sobre cualquier procedimiento policial o brindar datos de cualquier tipo, al extremo que, si se aplica la norma interna, ni siquiera se podrían comunicar los números de teléfono de una comisaría o hasta su dirección, por ser información de “carácter reservado”. Con esto, el ministro Bonomi se aseguró que ningún medio pudiese ampararse en la nueva Ley de Acceso a la Información Pública para obtener datos oficiales de cualquier tipo, y así manejar la información a su antojo. Ni más ni menos que lo que se hizo durante los oscuros años de la dictadura militar, sólo que esta vez en plena democracia.
Ahora, volviendo a culpar a los medios del “miedo” infundido a la población, subrayó que “nosotros debemos cortar el temor ante gente que apuesta al miedo”. Cuestionó a la prensa por poner el acento en el aumento de los homicidios registrados en 2012 y no en que bajaron las rapiñas, a la vez de ser crítico con la Fundación Fundapro, del sector Vamos Uruguay, por el manejo que hizo de esta información.
Esta apelación a quienes son los que infunden “miedo” en la sociedad, y no lo que cada ciudadano ve y sufre a diario en la calle, en su casa, en la vida cotidiana, por más que haya sido expuesto en un ámbito partidario, no puede soslayarse que proviene de la persona que ejerce el cargo del ministro del Interior, y que supuestamente este es su modo de pensar ante el escenario del país en esta problemática.
Y por cierto que este razonamiento debe preocupar al ciudadano común, más allá de sus preferencias partidarias o ideología, porque para ser víctima de la delincuencia no hay color ni ideología, y el hecho de que el responsable de las acciones para defender al vecino contra la inseguridad intente atribuir a intencionalidad política lo que todos sufrimos en carne propia un día sí y otro también, realmente da para pensar que no es porque sí que estamos como estamos.