Opinion | 19 Dic Una reciente encuesta de la empresa Cifra indica que el 64 por ciento de los uruguayos –de todos los partidos-- está en contra de legalizar la venta de marihuana y hacer del Estado su único gestor, y solo el 26 por ciento de los consultados se manifestó partidario de la aprobación de una ley de este contenido, como pretende el gobierno del presidente José Mujica.
Pero más allá de este rechazo masivo de la ciudadanía, debe tenerse presente los orígenes de la iniciativa, que fue lanzada por allá por julio en el marco de las 15 medidas promovidas por el gobierno contra la inseguridad, sobre todo --según la argumentación manejada entonces temerariamente por los ministros-- porque de legalizarse la marihuana se estaría atacando el consumo de pasta base, que es el gran motivador de gran parte de los actos delictivos con componente violento.
La teoría de que promoviendo o facilitando el uso de marihuana se cerraría el camino a muchos adictos a la pasta base no resiste ningún análisis, y es rechazado por la unanimidad de los que desde algún instituto u organización han tratado a personas adictas.
En realidad, no son drogas parecidas, su origen y sus efectos son absolutamente distintos y quien las consume busca por lo tanto efectos diferentes, por lo que es altamente improbable que al menos un pequeño porcentaje pueda optar por una u otra de manera indiferente.
Pero lo extraño –o no tanto-- es que lejos de asumir el error de base, es decir el promover la legalización del cannabis como una forma de combatir la inseguridad, igualmente se siguió adelante, aunque esto nada tenga nada que ver con la falta de seguridad que atenaza a la población, porque hay integrantes del Poder Ejecutivo que entienden que de esta forma se está combatiendo el narcotráfico, aun considerando que se puede crear un monstruo burocrático que resulte mucho peor que el mal que se pretendería combatir.
Lo cierto es que la gran mayoría de los uruguayos no está convencido de que se transite el buen camino a través de esta norma, y por cierto que tiene sus buenos motivos para este razonamiento. El tema está radicado en el Parlamento, en el que se debate en la actualidad la propuesta del Poder Ejecutivo para legalizar la compra - venta de marihuana y hacer del estado su único gestor, con el argumento de que se combate por esta vía el narcotráfico al quitarle mercado y evitar que los consumidores de esta presunta droga “blanda” acudan a comprar a lugares donde se manejan otras drogas más peligrosas.
La norma a estudio del Poder Legislativo autoriza al Estado a asumir “el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados”, a la vez de habilitarse el autocultivo de hasta seis plantas de marihuana, con una cosecha máxima de 480 gramos para uso doméstico destinado al consumo personal o compartido dentro del hogar.
Es decir, una suerte de “controles” de comercialización y producción que todos sabemos que el Estado uruguayo no está ni por asomo en condiciones de hacer, porque ni siquiera lo hace en temas mucho más importantes y lo único que se hace es generar más y más burocracia, esta vez bajo la apariencia de una regularización y regulación que va a ser fácilmente burlada por los narcotraficantes y los propios consumidores a los que se pretende defender.
Nos quedamos en cambio con lo señalado por el ex presidente Tabaré Vázquez, quien promovió con singular éxito las normas antitabaco en el Uruguay, cuando indica que el consumo de marihuana es “tanto o más” dañino que el tabaco y que los países que la legalizaron están replanteándose esta situación: “no hay que consumir marihuana, simple y llanamente, no hay que consumirla”, expresó.
Y en esta dirección deberían encaminarse las acciones del gobierno, con un mensaje claro y contundente, en lugar de ir por la senda opuesta, al poner sobre el tapete, como mensaje subliminal, que el consumo de esta droga es algo natural y hasta deseable”.