Paysandú, Sábado 22 de Diciembre de 2012
Nacionales | 22 Dic El Senado votó 16 en 28 legisladores presentes una moción que considera “satisfactorias” las explicaciones del canciller Luis Almagro durante su interpelación, en la que fue interrogado por la destitución del representante del Partido Nacional en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Juan Gabito Zóboli.
Tras recibir el planteo del miembro interpelante, Luis Alberto Heber, Almagro brindó los motivos que llevaron al cese del delegado en la CARP, y sostuvo que los integrantes de las comisiones nacionales fueron designados por el presidente de la República en acuerdo por el ministro de Relaciones Exteriores, según publicó el portal de Presidencia.
“Todos ellos tienen los mismos derechos y obligaciones en el desempeño de sus funciones y representan al Uruguay en las negociaciones y, por ende, deben defender intereses que no son los de un partido ni de un gobierno determinado, sino intereses generales y permanentes del país”, indicó. “Hemos escuchado que los delegados propuestos por la oposición están allí con fines meramente de contralor”, añadió y reiteró que están “propuestos por la oposición, pero fueron designados, como todos los demás, por el Ejecutivo”.
El canciller dijo que ha pretendido sostener que por el hecho de haber sido propuesto por sus respectivos partidos, esto los inviste de unas funciones desconocidas en el seno de la CARP, en virtud de las cuales, estos miembros se dedicarían a controlar lo que hacen los demás y aportar esta información a los partidos políticos a los que pertenecen. “¿Alguien se atreve a sostener con algún argumento razonable esta tesis completamente ilegal y contraria al buen juicio y los intereses del país? ¿Dónde se ha visto que el país integre una delegación de cinco miembros con algunos de ellos cargando con el peso de las negociaciones mientras que otros se dedican a ejercer un control político sobre la situación de los primeros?”, cuestionó.
Destacó que en la CARP, como en las demás comisiones binacionales, cada integrante debe actuar con una única función: defender y representar los intereses del nuestro país, y que la conducta de Gabito violentó estos principios. En cuanto al carácter reservado de la información, reiteró que “el tipo de información que se divulgó fue objeto de resolución expresa de la Cancillería declarándola reservada”.
Añadió que “cada vez que estas informaciones han sido filtradas a los medios de prensa, el impacto en las negociaciones ha sido inmediato y contrario a los intereses del país. Quisiera no pensar que estos actos de filtración de información responden a interés político o sectoriales particulares, pero me queda claro que son contrarios al interés nacional. Que cada cual asuma la responsabilidad de sus actos”.
Almagro aseguró que es falso que nuestro país favorece a Riovía, dado que impulsó un concurso de precios: “Es falso que hayamos tenido una posición conciliatoria y hayamos tolerado dilatorias de Argentina; que el Tribunal de Cuentas encontrara graves delitos en el proceso licitatorio y que la Cancillería minimizó esas conclusiones. Es falso que se haya enlentecido la licitación por la ineficacia de los negociadores o falta de voluntad política; y que el canal Martín García quede sin dragar después del 19 de enero”, manifestó. Agregó que “el mantenimiento va a ser asumido binacionalmente como una etapa previa a las negociaciones que puedan consolidar un ente binacional”.
Sobre el final de su presentación, Almagro indicó que “nosotros no concedemos. Tranco fuerte para adentro y más fuerte para afuera. Avanzar sin entregar, con firmeza y yendo adelante”.
MENOR AL INAU POR CASO DE BARRIOS
El juez de adolescentes de Cuarto Turno, Gerardo Peduzzi, internó al menor de 17 años involucrado en la muerte de Soledad Barrios por el delito de “participación en riña con resultado de lesiones y muerte” y no por homicidio. La joven, de 28 años, recibió un balazo cuando se encontraba en el balcón de su domicilio en Gaboto y Paysandú en Montevideo, luego del partido Welcome – Cordón. El menor permanecerá en una dependencia del INAU hasta el dictado de sentencia, que está prevista para mediados de febrero.
El menor reconoció su participación en los disturbios y que hirió a dos hinchas de Welcome. Además admitió haber realizado disparos al aire, pero no tiene conocimiento si uno de sus balazos impactó en Barrios, que apareció muerta en su balcón la mañana siguiente. Confesó que llevó el revólver al partido y que disparó seis veces su arma en la calle. “Yo saqué el revolver para asustar, me enteré que le di a dos; tiré seis, sonaron muchos más. Primero las pedradas y luego los tiros, dos de frente y el resto para arriba, peleándonos contra ellos. Tiré el revolver en la rambla. Yo le pegué a los heridos. Eran de Welcome. (...) los herí en el pecho y en el brazo. No se cayeron y se fueron. Dudé de la muerte si fui yo”, relató el menor.
El sospechoso fue reconocido en la filmación que captó una cámara de seguridad de la zona, en donde se lo veía efectuando disparos al aire muy cerca de la ventana de la joven fallecida. Por tanto, el magistrado resolvió “iniciar proceso por infracción grave” por la participación del menor en una “riña con resultado de lesión y muerte”.
MARINOS PROCESADOS FUERON LIBERADOS
La Justicia otorgó la libertad provisional a los cuatro marinos que fueron procesados por agredir al ciudadano haitiano Jhonny Jean durante la misión de paz de Naciones Unidas en Haití.
El abogado de los militares, Gustavo Bordes, explicó a Montevideo Portal que la Justicia aceptó el pedido de la defensa y los militares podrán esperar una resolución del juez, quien además determinó que los procesados deberán presentarse todas las semanas en una comisaría a firmar. Mientras los marinos continúan esperando una condena definitiva, el haitiano sería convocado para que regrese a nuestro país, puesto que existen elementos que indican que “mintió” a la Justicia.
Bordes manifestó que el haitiano “vino a mentir”, dado que “se contradijo en Montevideo con sus propias declaraciones en Haití y con las de su madre en Uruguay”. Añadió que la supuesta víctima de violación “dijo incluso que había una determinada cantidad de efectivos ese día, cuando solo había cinco efectivos de guardia ese día”.
El abogado aclaró que aunque la Justicia determine en algún momento que las declaraciones del haitiano no son ciertas, el procesamiento a los marinos por “violencia privada” puede mantenerse en pie, puesto que los errores en las declaraciones del haitiano refieren a su acusación de violación y no a los golpes que pudo haber recibido. Consideró además que las acusaciones “perderían mucha credibilidad”.
CIRUJANOS PARAN EL PRÓXIMO JUEVES
A partir de las 8 del próximo jueves hasta la misma hora del viernes, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica (SAQ) realizará un paro de la salud a nivel público y privado en rechazo a un acuerdo laboral firmado por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).
Mediante un comunicado el gremio explicó que la medida se toma en “repudio a los acuerdos de regulación del trabajo médico quirúrgico, de rebaja y de tope salarial, en el mutualismo y en ASSE, firmados por el SMU contra la expresa voluntad gremial y en violación a los convenios vigentes”.
Los profesionales reclaman porque no se sienten representados por el SMU en la negociación del acuerdo firmado en los Consejos de Salarios, convenio que incluye varias especialidades de las SAQ. Además aseguran que también responde a un reclamo ante “la falta de respuesta hasta la fecha a la solicitud de nulidad y nueva convocatoria del Consejo de Salarios”.
El viernes 14, cirujanos y anestesistas pararon durante 24 horas por el mismo motivo y en ese entonces el vocero de la SAQ, Mauricio Gervasoni, explicó a El País que “por ese convenio, en actitud antigremial, se pretenden modificar radicalmente las condiciones de trabajo y salariales de los ginecólogos, y se pacta la modificación futura de las condiciones de trabajo y salariales de todos los médicos anestésico quirúrgicos”. Además manifestó que a través del mismo “se modifica radicalmente la forma de trabajo, se acepta una rebaja salarial y un tope salarial. Y todo sin la participación de los ginecólogos, y aun más, contra su expresa voluntad”.
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