Opinion | 20 Dic Contrariamente a lo ocurrido durante otros gobiernos, la Administración Mujica parece haberse tomado en serio la idea de que Uruguay debe contar con un puerto de aguas profundas, que reciba a las gigantescas naves que hoy navegan por los océanos y que no tienen posibilidades de acceder a puertos como el de Montevideo o Buenos Aires. Sin embargo, aún hay voces que insisten en que se siga dragando el lodoso Río de la Plata para mejorar su profundidad del puerto capitalino para mejorar así sus perspectivas en este escenario hacia el que ya se encamina el flete marítimo transoceánico en el mundo.
Pero como dice el refrán, lo que natura non da salamanca non presta, y es inútil seguir enterrando recursos con este fin en el puerto capitalino, que por cierto ya bastante privilegios ha recibido a lo largo de nuestra historia, y con él naturalmente la propia Montevideo, hacia donde convergen todas las rutas y las decisiones políticas adoptadas por el gobierno nacional desde siempre.
A efectos de justificar su decisión estratégica, el Poder Ejecutivo señala que este proyecto tiene un alto valor estratégico al fortalecer la soberanía y la independencia económica, potenciando la integración de Uruguay en la región.
Debe evaluarse además que los cálculos que se han efectuado en el ámbito del gobierno indican que las cargas nacionales y regionales llegan a una proyección --en un escenario aún conservador-- de la demanda por los servicios del futuro puerto de unas 56 millones de toneladas anuales.
Este volumen estaría compuesto por unos 36 millones de toneladas de hierro y unos 20 millones de granos. Los orígenes de estas cargas serían 17 millones de toneladas de hierro por Brasil, tres millones de toneladas por Bolivia, 18 millones de toneladas de granos desde Argentina y 16 millones de toneladas de hierro y dos millones de toneladas de granos desde Uruguay.
En todos los casos se trataría de embarques de productos primarios, es decir de bajo valor relativo y grandes volúmenes, lo que a la vez tendría un impacto muy significativo sobre los ingresos potenciales por venta de servicios portuarios.
Hasta ahora los estudios habían indicado que un puerto de estas características requeriría una inversión muy importante y había dudas sobre el posible origen de las cargas, por lo que la estrategia era incorporar primero el instrumento y dejarlo en oferta para que llegaran las cargas, más allá de determinado volumen cautivo que se desviaría hacia esa terminal.
Las circunstancias han cambiado en cuanto a este orden de la ecuación, porque hay emprendimientos en marcha que se beneficiarían sustancialmente con este puerto, y no solo en lo que respecta a tradicionales productos de origen agropecuario, sino en este caso también extractivo, como es el mineral de hierro de la zona de Aratirí.
Todo indica que este es el gran valor diferencial que ha promovido el interés y ya la decisión de la Administración Mujica, lo que ha dado lugar no solo a protestas de productores y activistas, sino también de técnicos y operadores políticos, así como de otros sectores de la comunidad que cuestionan que un proyecto de estas características tengan nombre propio, es decir de la explotación minera.
Por lo pronto, debe tenerse en cuenta que no hay emprendimientos absolutamente beneficiosos o perjudiciales para el entorno y el ecosistema, sino que debe haber de por medio una ecuación costo-beneficio de tal suerte que indique que resulta tolerable la eventual afectación ante las ventajas que traería aparejado un emprendimiento de estas características.
Por cierto que más allá de las consideraciones de interesados en que salga esta obra o no, un puerto de aguas profundas es un largo anhelo de Uruguay, que lleva más de un siglo esperando su concreción. Y es importante porque al menos por una vez se piensa con sentido del país y no en función de los intereses de Montevideo, como se había hecho hasta ahora, invariablemente, esta vez promoviendo una terminal que nos colocará en un sitial preferencial en la logística internacional y regional.
No puede pensarse además en otro destino natural que no sean las costas de Rocha, aunque siempre puede haber reparos de vecinos o sectores que se sientan afectados por un proyecto de estas características, sobre todo en un lugar eminentemente turístico. Pero la magnitud y proyección de la obra, las necesidades del país para ingresar definitivamente en el tercer milenio sin seguir apostando a seguir volcando dinero al puerto de Montevideo para un destino que jamás podrá tener por sus limitaciones naturales, es un argumento más que suficiente para considerar que el proyecto resultará no solo positivo, sino también vital para el país, y sin pensar no en un futuro lejano, sino en uno mucho más cercano de lo que puede creerse.