A raíz de un llamado anónimo a “Línea Azul”

Policiales | 28 Dic Una denuncia penal acaba de ser formulada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno por un hombre y una mujer domiciliados en Tiatucurá, ya que sus tres hijas menores --de entre 9 y 14 años-- les fueron retiradas hace dos meses por representantes de INAU e internadas en hogares de Paysandú sin permitirles comunicarse con sus progenitores y sin mediar ningún tipo de autorización judicial para adoptar esa medida, según documentación y testimonios aportados a EL TELEGRAFO por los denunciantes y su abogado patrocinante, Walter Arruda.
Según los denunciantes, padres naturales de las menores, el 29 de noviembre se presentaron en su casa personas que dijeron ser funcionarios de INAU, quienes manifestaron a la madre que venían a retirar de su hogar a las hijas a raíz de una denuncia anónima –en forma telefónica a través del servicio “Línea Azul” (0800-5050)-- en contra de los progenitores por prostitución infantil, sin exhibir ninguna orden judicial que ordenara el retiro de las niñas.
“SIN Nada que esconder”
“Yo llegué al mediodía de mi lugar de trabajo, una arrocera a 20 kilómetros de mi casa, y aparecieron dos señoras en una camioneta blanca que dijeron que eran de un grupo de apoyo a INAU y que iban a retirar las niñas por unos días porque había una denuncia y yo accedí, confiada, porque en realidad no tenía nada que esconder” relató la madre de las menores, quien añadió que “nunca me explicaron el motivo concreto de la denuncia; yo no entiendo a qué se debe eso porque mis hijas nunca quedaron solas y siempre fui muy directa con ellas; cual es la parte buena y cual es la parte mala”.
El padre de las menores estaba ausente en el instante en que fueron retiradas, ya que trabaja como esquilador. Su madre recordó que en ese momento “las chiquilinas estaban en la escuela, recién se habían sentado a la mesa a almorzar y tuve que retirarlas de la escuela; así como estaban se vinieron a Paysandú, sin siquiera poder comer”.
El 3 de diciembre, al no recibir novedades respecto del paradero de sus hijas, la madre se trasladó a Paysandú a efectos de entrevistarse con responsables de INAU e interiorizarse de la situación, pero las funcionarias a cargo de los hogares en donde se encuentran internadas le manifestaron que las niñas estaban bajo su custodia y que solamente podía verlas “un ratito” y comunicarse telefónicamente.
La madre retornó a Tiatucurá y al día siguiente llamó por teléfono a los hogares de INAU, pero le prohibieron comunicarse y le manifestaron que no volviera a llamar ya que había una orden de que las niñas no podían mantener contacto alguno con sus padres, sin especificar en ningún momento qué autoridad había dictado esa resolución.
Comprueban aislamiento
Desde ese día, no permitieron a los padres comunicarse con sus hijas, por lo que, cuando el padre regresó de la esquila, decidieron viajar nuevamente el 12 de diciembre a Paysandú para tratar de comunicarse con ellas y, al prohibírseles nuevamente, acudieron a los hogares donde fueron internadas las niñas, acompañados por su abogado Walter Arruda y el escribano Pablo García Firpo para constatar la situación y corroborar --mediante labrado de actas-- que a pesar de que las funcionarias reconocen la inexistencia de una resolución judicial, impiden al matrimonio comunicarse con sus hijas o retirarlas. Como complemento, el abogado defensor se comunicó con el juez de familia Javier Book Silva, en cuyo juzgado se tramita la denuncia de INAU, y el magistrado le confirmó que no existía ninguna resolución judicial al respecto.
“La verdad es que no entiendo nada de lo que está pasando, porque jamás les he pegado a mis hijas ni les he negado un plato de comida, y mucho menos voy a prostituirlas; las nenas están sufriendo un verdadero tormento en los hogares de INAU sin ningún motivo valedero”, lamentó la madre de las menores.