Opinion | 24 Dic La marcha atrás del presidente José Mujica respecto al proyecto de ley de legalización de la venta de marihuana en el Uruguay debe ser evaluada como un hecho positivo, por cuanto implica reconocer que desde el Poder Ejecutivo se ha transitado por un camino equivocado desde el principio, al querer “forzar” acontecimientos por la vía de una absoluta improvisación. La realidad ha podido más que mil elucubraciones sobre cómo deberían ser las cosas, aunque sin ningún asidero desde el punto de vista técnico.
Lamentablemente, se ha perdido un tiempo precioso, incluyendo el envío de un proyecto del oficialismo al Parlamento en base a supuestos en los que seguramente no creían ni los propios autores, más allá de las buenas intenciones, naturalmente, que nadie discute.
En la presentación de la idea de la intervención del Estado en la producción y venta de marihuana se manejó el tema como parte de una serie de quince medidas contra la inseguridad promovidas desde el gobierno. En esa oportunidad se justificó la “legalización” del cultivo como forma de evitar que los adictos accedan a drogas aún más peligrosas, como la pasta base, que les “fríe” el cerebro y es uno de los factores desencadenantes de la violencia irracional que muchas veces acompaña hechos delictivos protagonizados por adictos a este estupefaciente.
La discusión que se generó a partir de entonces puso claramente de relieve que no había sustento científico, estadístico o tan siquiera lógico a tales afirmaciones, cuando la mayoría de los estudios indican que contrariamente a lo sostenido por los integrantes del Ejecutivo, la marihuana es una puerta de acceso o paso previo para ingresar a drogas más duras.
De todas formas, la idea del Estado como productor, incluyendo la posibilidad de que se plantara cannabis en campos del Ejército, y que se vendiera el producto y se llevara el control de los adictos, nada menos que por nuestro ineficiente, hiperburocratizado y lento Estado, es un pensamiento que cuesta creer que provenga de gente que por lo menos tiene alguna base académica y conocimiento del funcionamiento del propio Estado.
Pero posiblemente apoyado en encuestas que ponen de relieve que más de un 60 por ciento de uruguayos rechaza este proyecto, y que solo poco más de un 20 por ciento lo aprueba –Uruguay es, según la OEA, uno de los países con mayor consumo de marihuana en América--, el mandatario evaluó que es demasiada la oposición como para imponer una iniciativa prácticamente con fórceps ante un ciudadano que rechaza de plano siquiera la idea.
En este tema, en que no se juegan los destinos del país ni la calidad de vida del común de la gente, es positivo que se entienda que no hay ambiente para seguir promoviendo un proyecto de este perfil, y que es preferible meter violín en bolsa, sin por ello sentir que se ha sufrido una derrota ni mucho menos.
Lo que sí debe preocupar, sin embargo, son las reflexiones del presidente para justificar esta decisión, cuando señala que el pueblo uruguayo “no está maduro” y no ha comprendido la idea ni los objetivos, por lo que consideró que llegará el año que viene el tiempo de replantear la idea, lapso en el cual confía en que un debate podrá hacer que los ciudadanos cambien de idea y entiendan por fin que este proyecto es lo mejor que podía pasar para combatir el narcotráfico y para quienes consumen marihuana.
Pero, ¿no es un acto de soberbia el pensar que todos somos unos tontos porque no nos damos cuenta de que estamos ante iluminados que son incomprendidos por las grandes mayorías, las que necesitan ser llevadas de la mano hacia donde ellos creen que deberíamos ir?
¿No sería mejor encarar realmente el combate de la droga a través de la educación desde temprana edad, a partir de las escuelas, como se ha hecho con el tabaquismo, y dejar de enviar el mensaje de que está bien consumir marihuana, y que el problema está solo en quienes la venden? ¿No será este tipo de proyecto la peor forma de luchar contra las drogas, del tipo que sea, y que al contrario, debería pasarse a la ofensiva en materia de inculcar valores, que es el gran mal que corroe nuestra sociedad? El debate está bien, y quizás hasta le asista razón al presidente en pensar que la guerra contra el narcotráfico no se gana con armas y prohibiciones. Pero lo que menos se precisa es soberbia para tomar decisiones, sino cabezas pensantes antes de lanzar propuestas al viento, que inequívocamente son interpretadas por los grupos más vulnerables como que al fin de cuentas, “la falopa no está tan mal”.