Opinion | 05 Ene Aunque todavía con mucho paño para cortar y mucho por conversar, el Poder Ejecutivo buscaría la salida de lo que muchos ya catalogan como el “Plunagate” a través de una cooperativa de los ex trabajadores.
El supuesto “plan de negocios” de los casi mil ex funcionarios de Pluna conlleva en todos los casos que el Estado, es decir cada uno de los uruguayos --el 99 por ciento de los cuales nunca va a volar en Pluna--, tenga que poner dinero de su bolsillo para mantener una línea aérea que solo ha dado cuantiosas pérdidas en cada una de las modalidades de explotación que se han ensayado durante su historia.
Sobre la cooperativa de trabajadores, el presidente José Mujica dijo en las últimas horas que es una preocupación del gobierno. Afirmó que es “demasiada gente” y que hay que “recortar un poco esos números”, pero agregó que los trabajadores pueden “tener una ventaja” si cuidan bien el material. Para Mujica “los capitales que han manejado líneas aéreas en Uruguay son ‘menos de diez’” por lo que dijo: “Yo prefiero perder 15 o 20 millones (de dólares) con los trabajadores”.
Es decir que la disyuntiva para el gobierno sería seguir perdiendo sí o sí, aunque se trate de un tema accesorio para el interés nacional, como es el caso que nos ocupa, sobre todo si tenemos en cuenta que de acuerdo al plan de negocios presentado por los ex funcionarios, el promedio salarial que prevén es de unos cuatro mil dólares por cabeza, es decir unos ochenta mil pesos por empleado. Por otra parte, se olvida el presidente que las pérdidas no serán de sólo 20 millones de dólares, cuando para empezar hay que “prestarles” los aviones, que significan más de 100 millones de dólares que se dejaron de recuperar de la anterior empresa, además de los subsidios millonarios que desde ya se manejan como imprescindibles para que la cooperativa tenga alguna posibilidad de ser viable.
Por otra parte, lo menos que podría pedirse, para quienes pretenden seguir cobrando esos sueldos, es arriesgar o capitalizar una parte de su jugoso salario para hacer más viable el esquema económico de la nueva empresa en la forma que sea. Porque hasta ahora salvo el Estado, o sea todos nosotros, nadie ha querido pagar –ni arriesgar-- nada, llámese Campiani, Cosmo o Boston Seguros, y los funcionarios, los grandes interesados en el tema, también se niegan a sacar un crédito al menos pagadero a diez años, a descontar de su sueldo, para capitalizar la nueva empresa, como lo haría cualquier emprendedor que no goza de tanta afinidad del presidente y el gobierno.
Es decir, todo de arriba, que otros sigan pagando, para su exclusivo beneficio, porque de poner plata, ¡ni hablar!