Nacionales | 05 Ene El Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea la Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos, la cual estará a cargo del Banco de Previsión Social (BPS), según informó la Secretaría de Presidencia de la República. El decreto establece que un 10 por ciento de los ingresos salariales que reciben las personas privadas de libertad deberán destinarse al Ministerio del Interior, con el objetivo de fortalecer el Centro de Atención a las víctimas de la violencia y el delito.
La pensión podrá adquirirse cuando a causa de una rapiña, copamiento o secuestro, dentro del país, se ocasionara un homicidio o una persona resultase incapacitada para ejercer cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando la víctima no sea el autor, coautor o cómplice del delito y tenga residencia en el país.
El monto, que se entregará en forma mensual, equivale a seis Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que hasta diciembre de 2012 tenía un valor de $ 2.417 por unidad. Los beneficiarios serán el cónyuge o concubino de la víctima del homicidio, los hijos menores y los hijos solteros y mayores de 18 años, incapacitados para efectuar cualquier trabajo, y la propia víctima del delito en caso de que quede incapacitado para todo trabajo remunerado.
Los viudos o concubinos que tengan 40 años o más a la fecha del fallecimiento de la víctima, recibirán la pensión durante toda su vida. En tanto los viudos o concubinos de entre 30 y 39 años serán beneficiarios solamente por cinco años y por dos años cuando sean menores de 30.
La norma además establece que la pensión no podrá acumularse con cualquier tipo de pensión, jubilación o retiro a cargo del Estado o de alguna de las instituciones de seguridad social públicas o privadas. Si así fuera, el beneficiario deberá elegir por una de las opciones. Los beneficiarios estarán comprendidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, debiendo efectuar las aportaciones correspondientes.
AUMENTÓ PRECIO DE METRO CUADRADO
El precio del metro cuadrado de las compra-ventas registradas en julio-setiembre incrementó, tanto en pesos como en dólares, pero disminuyó la cantidad de unidades vendidas. En tanto los alquileres en Montevideo se ubicaron en promedio en 7.319 pesos en setiembre, con costos más elevados en Punta Carretas, Pocitos, Malvín y Parque Rodó, según los Índices de la Actividad Inmobiliaria para el trimestre julio-setiembre de 2012 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según publicó Montevideo Portal, en el tercer trimestre del año pasado, el precio medio del metro cuadrado de las compra-ventas registradas en la Dirección General de Registros subió un 0,6% medido en pesos y 1,53% en dólares con respecto al trimestre anterior. Mientras que el índice de cantidades de compra-ventas registradas bajó un 0,98% en comparación con el trimestre anterior y 5,65% contra igual trimestre de 2011.
El informe del INE indica también los valores de los alquileres en la capital, cuyo estudio de mercado se basa en el análisis de registros administrativos sobre vivienda, proporcionados por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, que cubre alrededor del 30% de los contratos de arrendamiento de casa habitación del total del mercado de alquileres de Montevideo.
El valor promedio de los alquileres cubiertos por este registro se ubica en 7.319 pesos a precios de setiembre 2012. Los alquileres de mayores costos se encuentran en Punta Carretas, Pocitos, Malvín y Parque Rodó, y los de precios más bajos en Casavalle, Manga y Jardines del Hipódromo en la capital.
MARCHA POR JUSTICIA POR PRESUNTO ABUSO
Unas 30 personas marcharon en reclamo de justicia por el caso de un niño abusado en una escuela rural de Río Negro. Familiares y amigos de la zona de colonia Tomás Berreta se manifestaron con pancartas y carteles por la principal avenida de la ciudad exigiendo resultados de la investigación.
El padre del menor de 11 años, Eduardo Sánchez, denunció que las autoridades departamentales de Primaria no se han ocupado del caso de su hijo, que quedó con serias secuelas tras ser abusado por otro niño de la escuela. En tanto la madre se encuentra con el niño internado en el Hospital Pereira Rossell, y tiene previsto encontrarse con el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich a instancias de la diputada de Río Negro, Graciela Cáceres.
“Nosotros reclamamos que se haga justicia. Nuestro hijo fue abusado reiteradamente en la escuela y nadie ha hecho nada”, dijo su padre. Añadió que el informe de los médicos de Montevideo es contundente sobre el trastorno de su hijo. “También hablé con la psiquiatra que lo atiende en Fray Bentos y me dijo que hasta ahora nadie le ha pedido un informe. La obligación de Primaria es pedir toda la información, porque esto pasó en la Escuela 19 de Las Margaritas, no fue ni en mi casa ni en la calle”, manifestó.
MSP SE ENFRENTA A LOS GINECÓLOGOS
El Ministerio de Salud Pública (MSP) exigirá a los ginecólogos que brinden “justificación real” para no practicar abortos, según informó el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, al semanario Búsqueda.
El catedrático de Ginecología en el Hospital Pereira Rossell, Justo Alonso, dijo a El Observador que la propuesta de Briozzo “no tiene ni pies ni cabeza”. Además se sorprendió, dado que el mismo subsecretario participó en la redacción del decreto que reglamenta la ley de interrupción del embarazo, que no exige justificación para “objetar de conciencia” y negarse a realizar abortos.
Briozzo añadió que el MSP quiere asegurarse de que las objeciones de conciencia “sean justificadas”, basadas en aspectos filosóficos, religiosos o de pensamiento, “que tengan que ver con la discrepancia con la participación en la interrupción voluntaria del embarazo y no con diferencias de cómo están redactada una ley”. “Es más una desobediencia que una objeción de conciencia”, consideró.
El decreto establece que los médicos ginecólogos y el personal de salud pueden no intervenir en la realización del aborto por objeción de conciencia y haciéndolo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen. Sin embargo, aunque el reglamento no lo exige, Briozzo admitió que el MSP está trabajando en un procedimiento que obliga a los médicos a dar “una justificación real”.
Mientras que Alonso dijo que planteó la objeción y no tiene “por qué explicar a ningún ministerio” por qué lo hace. “No hay que justificar el motivo por el cual uno objeta. En ningún lugar del mundo se necesita justificación”, acotó.
CUATRO PROCESADOS POR PROSTITUCIÓN
La Justicia dispuso el procesamiento con prisión de cuatro personas por prostitución de menores en el departamento de Artigas. Una persona de 57 años y otra de 33 años fueron procesadas de “presunta comisión de un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad”. También fueron procesados un mayor de 72 años por la “presunta comisión de un delito de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales” y una mujer de 47 años, con antecedentes penales, por “comisión de un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad en concurso formal con un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”.
Además el juez letrado de Primera Instancia de Primer Turno dispuso que tres adolescentes fueran alojadas en forma provisoria en dependencias del INAU. El hecho fue investigado por la Dirección de Investigaciones, que efectuó allanamientos en fincas e incautó prendas íntimas femeninas, dos celulares, preservativos y varias pipas, que fueron utilizados de pistas en el caso de prostitución de menores.