Opinion | 08 Ene En Uruguay hay 584.112 armas de fuego registradas pero se cree que en los últimos años aumentó la tenencia no registrada, por lo que ese número sería bastante superior. Durante 2012, los uruguayos registraron un promedio de diez armas y solamente 160 se entregaron en forma voluntaria, según informó El País.
El gobierno nacional se dispone a lanzar una nueva campaña de desarme voluntario y tenencia responsable de armas de fuego. En tanto, en el Parlamento, la Cámara de Representantes ya aprobó un proyecto de ley que postula penalizar con dos a seis años de prisión el tráfico de armas y municiones, y otorgar un plazo de seis meses para entregar o regularizar las armas que se posean ilegalmente; se espera que el Senado lo sancione en abril. La diputada y ex ministra del Interior, Daisy Tourné, dijo que es “una locura” que el tráfico de armas y municiones no esté tipificado como un delito. “Acá todos sabemos que hay un tráfico muy importante de armas porque tenemos una frontera seca muy permeable y dos grandes países productores de armas como Brasil y Argentina”, dijo.
Tourné, que además integra el Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, presentó tiempo atrás un proyecto de ley sobre control de armas más ambicioso y restrictivo que el enviado por el Ministerio del Interior.
Por otra parte, recientemente el Ministerio de Salud Pública respondió un pedido de informes de la legisladora sobre muertes con armas de fuego. El informe indica que durante 2010 murieron 324 personas como consecuencia de disparos con armas de fuego. Unos 150 fallecieron en su domicilio (violencia doméstica y suicidios), seis en cárceles, 19 en la vía pública, dos en lugar natural y 147 en sitios no indicados.
En definitiva, parecería que se ha vuelto demasiado accesible tener un arma e, indudablemente, es demasiado alta la cantidad existente en manos de civiles. Eso, sin contar las que diariamente circulan en el mercado negro, muchas de las cuales van a parar a manos de delincuentes con las consecuencias harto conocidas.
Por otra parte, la reacción de adquirir un arma como respuesta a la inseguridad puede llegar a ser más un peligro que un beneficio si quien la adquiere no sabe usarla correctamente o no la guarda con el suficiente cuidado para evitar que sea accesible a otras personas que vivan bajo el mismo techo --a veces menores-- que carecen de conocimientos para manipularla adecuadamente. En definitiva, la existencia de un alto porcentaje de la población civil armada es un problema y el Estado no puede permanecer ajeno a ello. El desarme voluntario y la tenencia responsable son bienvenidos.