Opinion | 12 Ene De acuerdo a datos que surgen de relevamientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el quinquenio que va desde 2006 a 2011 la pobreza en el medio rural se redujo un 74 por ciento, en tanto en el mismo período la indigencia en estos hogares cayó 85 por ciento.
Es por cierto un dato auspicioso y que coincide con los datos que ha divulgado el Poder Ejecutivo, apoyados en el mismo instituto, en el sentido que se ha registrado en estos últimos años una reducción de estos parámetros en las ciudades y en el promedio de todo el país, en lo que se considera como una muestra del éxito obtenido en políticas sociales.
El punto es que los factores que han llevado a esta conclusión difieren sustancialmente entre el medio rural y el urbano, si se tiene en cuenta que no solo se trata de dos realidades diferentes, sino que los mayores ingresos que han permitido que esas familias salgan de su estado de pobreza o indigencia, tienen orígenes distintos y no pueden ser asimilados como si fueran la misma cosa.
Recientemente el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y el director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del MGAP, Carlos Paulino, presentaron oficialmente los datos estadísticos de este estudio, que arrojan como aspectos principales los números que damos a conocer líneas arriba, y atribuyeron además este logro a la política de gobierno, en tanto consideraron que si bien no se tienen aún las cifras de 2012, todo indica que el año pasado esta tendencia positiva se mantuvo.
Según indicaron, en 2006 la indigencia afectaba al 2,3 por ciento de los hogares del Interior de localidades con menos de 5.000 habitantes y de la población rural dispersa, conocida en su conjunto como “espacio rural ampliado”, para pasar en 2011 al 0,2 y 0,3 por ciento respectivamente de los hogares considerados. El nivel de indigencia se considera cuando no se cuenta con ingresos como para abastecer una canasta básica de alimentos, y la pobreza cuando lo que percibe el núcleo familiar no alcanza para constituir una canasta básica de alimentos y servicios. En 2006 la pobreza alcanzaba a más de uno de cada tres hogares (35,3 por ciento) de localidades del Interior de menos de 5.000 habitantes y a casi uno de cada cinco (18 por ciento) de cada cinco para la población rural dispersa, en tanto en 2011 esos guarismos descendieron a 12 y 4,6 por ciento de los hogares respectivamente
Para Benech, la reducción en estos indicadores obedece a las buenas relaciones de precios en el mercado internacional, pero también responde a una definición política del gobierno y de un trabajo interinstitucional con los otros ministerios y con todo el gobierno.
Aseguró que “no es solo el Ministerio de Ganadería el que bajó solo la indigencia. Aportamos algunas herramientas, pero se trabajó fuertemente con otros organismos del gobierno”, en tanto reconoció que también esta baja se da “porque los precios son buenos y porque la economía crece. Los temas de redistribución del ingreso solo se explican cuando se separan la distribución primaria (sin intervención del Estado) y la final. Entre ambas la diferencia es dejar actuar al mercado libremente o intervenir con políticas activas”.
En realidad ni tanto ni tan poco. Es cierto, es fundamental contar con políticas activas a través del Estado para diferenciar positivamente entre los instrumentos a generar en apoyo a los sectores más desposeídos y con menores posibilidades de mejorar sus ingresos, lo que en este caso contó con el aporte de la Dirección General de Desarrollo Rural, al promover ayudas directas a los pequeños productores a través de recursos para proyectos que comprendieron a más de 20.000 personas en el período considerado.
Pero estas políticas están condenadas al fracaso si a la vez en el medio rural no se dan las condiciones para sustentar los procesos, como buenos precios para la producción.
Ello se dio felizmente en el quinquenio, ante el favorable entorno internacional, que ha permitido que los mayores ingresos y la inversión en emprendimientos productivos con base en nuestras materias primas se derramara sobre el medio rural, y se generaron en varios lugares, incluyendo a Paysandú, polos de desarrollo que atrajeron mano de obra y se creara a la vez infraestructura de apoyo a través de servicios y producciones complementarias.
Estos esquemas, aunque igualmente dependientes de los precios internacionales, tienen carácter sustentable, y efectivamente contribuyen a sacar a la población de las franjas de indigencia y pobreza, como está ocurriendo.
Pero no es lo mismo este sustento con lo que ocurre en el medio urbano, donde las estadísticas reflejan que se ha sacado a miles de personas de la indigencia y la pobreza, cuando esos valores se miden a partir de la transferencia de dinero de programas asistencialistas que ha incorporado el gobierno en el período.
Por lo tanto esas familias están condenadas a traspasar nuevamente hacia abajo los umbrales de pobreza e indigencia si por alguna circunstancia debe interrumpirse este flujo de dinero, por no contar con ingresos genuinos y la capacitación imprescindible para la reinserción, que es donde han fallado estas políticas voluntaristas.