Opinion | 19 Ene Hace casi un año, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, subrayó que a través de la ley de promoción de la vivienda social, por la que se abate sustancialmente la carga tributaria para este tipo de emprendimientos, “estamos prácticamente agotando la capacidad de influir a través de las políticas públicas en el desarrollo del sector”.
El secretario de Estado instó a la vez a que los privados hagan su parte, teniendo en cuenta que existe esta batería de instrumentos en vigencia que otorgan exoneraciones fiscales a la construcción y refacción de viviendas para clase media y media baja.
Desde entonces se ha ido incrementando gradualmente la participación a la que apelaba el secretario de Estado para el uso de este instrumento, el que apunta a una problemática muy sensible. En sí la ley facilita a quien construye que no tenga que financiar sus proyectos, teniendo presente que existen instrumentos como el Fondo de Garantía de Desarrollos Inmobiliarios que lanzó la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para reducir el riesgo que los bancos asumen al prestar a pequeños inversores, es decir los que acometen proyectos para erigir entre dos y 15 viviendas.
Debe evaluarse el estímulo en el contexto de que el déficit en el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas pendientes de solución en nuestro país, como consecuencia de que se ha carecido de políticas de Estado que aseguraran por lo menos determinada continuidad en los programas que se han intentado. Es que como en tantas otras áreas, cada gobierno ha traído su propia fórmula, se han dejado emprendimientos inconclusos o se han interrumpido para promover otras posibilidades, lo que explica que hoy estemos con un déficit estimado en no menos de cien mil unidades habitacionales en todo el país.
Y cuando seguimos en un período de bonanza económica, aunque enlentecido, estamos en un buen momento para que el Estado destine recursos tendientes a promover respuestas activas a esta situación, como generador de acciones que impliquen la coparticipación con privados y naturalmente la participación de los propios interesados.
Lamentablemente, todavía no estamos percibiendo un empuje como el que se requiere para encarar un sostenido proceso de reversión del déficit habitacional, pese a las buenas intenciones. Para ello se requieren programas viables, con objetivos bien definidos y por supuesto la necesaria financiación, para lo que es además imprescindible asegurar el retorno de recursos en determinado período para ir reciclando el dinero en beneficio de nuevos aspirantes a contar con su techo propio.
Por lo demás, es impensable generar de un período para otro la “gran” respuesta que signifique la solución que se ha estado esperando tantos años, por cuanto se requiere un proyecto nacional que realmente ataque el problema con instrumentos desde varios frentes.
Es decir, por un lado el Estado con programas que impliquen una cuota de subsidio y aporte de trabajo para sectores que realmente no tienen capacidad de repago, la participación activa de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua mediante la agilización de los préstamos y un aumento de la cuota de recursos, así como la coparticipación privada en emprendimientos destinados a sectores medio y medio bajos de la población que no están en condiciones de comprar o construir su casa por el alto costo de la construcción y la falta de créditos en montos y plazos razonables para este fin.
Debe evaluarse como positivo en este contexto que se haya reglamentado hace un año y medio la Ley de Promoción de la Vivienda Social, la que apunta a habilitar, fomentar y promover la participación del sector privado mediante la inversión en la vivienda a sectores de ingresos medios y medios bajos. Una de las posibilidades que ofrece es financiación para pequeños y medianos inversores que desarrollen proyectos de vivienda de interés social, incluyendo beneficios tributarios a la construcción y a la refacción de viviendas para su puesta a la venta o alquiler.
Desde que se ha habilitado este instrumento, los proyectos presentados no llegan todavía a colmar las expectativas, con el agravante de que solo unos pocos proyectos provienen del Interior, pero igualmente se está a tiempo de mejorar el mecanismo para lograr los objetivos, en base a la evaluación de resultados y eventualmente incorporar cambios para que se constituya en una herramienta a tono con las necesidades de vastos sectores de la población que todavía no han logrado el acceso a la vivienda propia.