Opinion | 22 Ene Mediante medidas que incluyeron un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados en los últimos dos meses del año, y en base a la decisión unilateral de UTE de no cobrar en diciembre parte de la factura los buenos pagadores, el gobierno logró que en diciembre se registrara una pequeña deflación, y que por lo tanto durante el año 2012 la inflación se situara solo en el 7,48 por ciento, cuando en los once meses anteriores medidos a noviembre se había acercado peligrosamente al nueve por ciento.
Lo que se hizo fue una jugada para que el Índice de Precios al Consumo, no la inflación, no superara el 8 por ciento. Pero este movimiento es apenas una maniobra de dilación y está lejos de ser una solución, por cuanto se han atacado los efectos y no las causas del crecimiento de los precios de bienes y servicios.
Los mismos sindicatos afines al gobierno, sobre todo en el caso de COFE, han criticado duramente al Poder Ejecutivo porque en realidad lo que se hizo con esta conjunción de UTE y acuerdo con las cadenas para abatir el IPC se traducirá en un menor aumento salarial, dado que este valor es la base para la fijación de los salarios. Al tomarse un índice inflacionario “alterado”, es evidente que los ajustes salariales también se verán afectados, perjudicando así a los trabajadores.
Pero tiene razón sin embargo el Poder Ejecutivo al preocuparse y ocuparse por abatir la inflación, haciendo uso de un margen de maniobra muy acotado debido a que si bien sigue utilizando el dólar “planchado” para que los precios no reflejen una suba de la divisa, como suele ocurrir, por otro lado sigue perdiendo competitividad el país, ante el encarecimiento interno en dólares, sobre todo en los productos que incorporan valor agregado.
El punto es que no solo el IPC no se corresponde con la tendencia inflacionaria, sino que una vez finalizado el aporte de UTE para reducirlo y los acuerdos con los supermercados, el arrastre es mucho más que la deflación de diciembre, y comenzó así enero con un margen muy considerable de aumentos de precios, ante las previsiones por el ajuste salarial pero también por la tendencia que venía desde meses anteriores y que fuera aplacado por las medidas específicas.
La inflación, por lo demás, es un índice general que sin embargo no puede medirse con la misma vara para todos los sectores de la población, desde que el perfil de los incrementos en determinados bienes hace que para la canasta de hogares de menores recursos el aumento sea notoriamente mayor respecto al de los estratos más altos de la población, que tienen otros componentes en la ecuación de gastos.
Este es precisamente el aspecto que hace que la “sensación térmica” en los hogares promedio sea de que la inflación real es mucho más que el 7,48 por ciento de IPC que aparece en las estadísticas. Y esa sensación térmica es una realidad indiscutible cuando se entra a hilar más fino, por cuanto en las familias de los estratos de menores ingresos los gastos se concentran en el rubro alimentación fundamentalmente.
Es que el aumento de precios de alimentos y bebidas durante 2012 fue de casi el 11 por ciento, e incluso pudo haber sido mayor si no fuera porque estuvo parcialmente congelado cuando las grandes cadenas acordaron con el Ministerio de Economía y Finanzas mantener los valores en una canasta de doscientos productos.
Tenemos por lo tanto que la inflación para los sectores de menores recursos ha superado notoriamente el reajuste salarial y que se ha perdido poder adquisitivo respecto a la canasta básica, y como lo reconoció el director nacional de Trabajo, Luis Romero, la preocupación de la gente está en su economía, ya que “lo que al 31 de diciembre compraba por mil pesos, ya hoy cuesta 1.200”, en alusión al fin del convenio con los supermercados.
Es sabido que la inflación no se combate con medidas administrativas, como las famosas “congelaciones” de precios y salarios, que sólo logran buenos resultados a lo sumo por quince días, ante su artificialidad, sino que la única respuesta sustentable es abaratar los costos de producción para que los consumidores tengan acceso a bienes y servicios a precios más accesibles.
En un régimen de libre competencia, otras alternativas son pan para hoy y hambre para mañana, y la respuesta que está faltando desde el gobierno es hacer que a los sectores reales de la economía les resulten más baratos los insumos, ante los costos adicionales que aplica el Estado al seguir funcionando con su gran ineficiencia tradicional y gastar demasiado y mal.