Opinion | 24 Ene El ciclo de crecimiento de la economía del país se ha dado simultáneamente con un aumento de la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el sector de servicios, a la vez de verificarse en el período una mejora en el porcentaje de emprendimientos que trabajan en la formalidad, según se desprende de la Encuesta Nacional de Mipymes Comerciales, Industriales y de Servicios realizada por la consultora Equipos Mori por contrato del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
De acuerdo a los datos aportados por Búsqueda, en todo el territorio nacional están en actividad unas 140.000 empresas de tipo micro, pequeño y mediano, lo que representa un incremento del 14 por ciento frente a las 120.000 que habían sido relevadas en la encuesta anterior, efectuada en 2008.
Según el titular de la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), Pablo Villar, en realidad no hubo una explosión en el número de empresas de este tipo, sino que en el período se ha registrado una paulatina formalización de estos emprendimientos, alentado ello por la coyuntura económica favorable.
La amplia mayoría, el 84 por ciento, corresponde a empresas micro, es decir que ocupan a cuatro personas como máximo y sus ventas anuales no superan los 249.000 dólares, excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en tanto otro 13 por ciento nuclea hasta 19 personas y factura no más de 1,3 millones de dólares al año. Mientras, el 3 por ciento restante involucra a empresas medianas, con 99 trabajadores como máximo y ventas por 9,3 millones de dólares al año. De este universo de empresas pequeñas, la gran mayoría corresponde a comercios y servicios, en tanto solo un mínimo responde a la categoría de industrias, con el común denominador de que la mayoría de las mipyme se localizan en Montevideo, donde predominan las empresas de servicios, en tanto en el Interior la distribución por sectores es más pareja.
La mayoría de estas empresas es de creación relativamente reciente, no más allá de 2007, lo que indica que su salida al mercado surge en base a la mejora de la economía del país, en tanto en su mayoría están al frente de los emprendimientos personas de más de cincuenta años.
Este sector de actividad se caracteriza por nuclear la mayor parte de la mano de obra de las empresas que están trabajando en el Uruguay, por vender bienes y servicios prácticamente en un cien por ciento en el mercado interno y por ser donde existe mayor informalismo, aunque este aspecto ha mejorado en los últimos años. Naturalmente, la consolidación de esta tendencia todavía depende de los condicionamientos del escenario socioeconómico, más que de la voluntad de quienes se encuentran en esta situación.
Mientras tanto, está en vigencia desde hace un año el decreto que modifica la reglamentación de la ley de promoción y protección de inversiones que regía desde 2007, tras una espera de seis meses de la sanción. La normativa establece exenciones fiscales adicionales a usuarios de parques industriales y a las PYME, pero las empresas que se han postulado hasta marzo pueden hacer uso del régimen anterior, si lo consideran conveniente.
De acuerdo a lo señalado por el Poder Ejecutivo, el objetivo es adecuar las exigencias sobre las externalidades a las que se comprometen las empresas beneficiarias, “eliminando indicadores de difícil control, incorporando el concepto de calidad de empleo, redefiniendo los indicadores de descentralización y de incremento de las exportaciones, ampliando el concepto de innovación, considerando las exportaciones directas generadas por los productores agropecuarios e incorporando indicadores sectoriales”.
La coyuntura económica favorable del país, que todavía se mantiene, sin dudas que alienta las inversiones, lo que es particularmente importante en el caso de las pequeñas empresas, que suelen tener poca capacidad de previsión por falta de capital y que cuando existen mercados promisorios tienen la posibilidad de arriesgar una ampliación o modernización de sus emprendimientos, pero con el condicionamiento que implica el generar un retorno más o menos inmediato de la inversión ante su escaso respaldo económico-financiero.
La formalización es a la vez una necesidad imperiosa en todas las áreas de la economía, porque por un lado significa poner en un pie de igualdad a todos los protagonistas, tanto empresarios como trabajadores, para beneficio general, desde que implica acceder a los beneficios de la seguridad social, incluyendo pasividad y seguros de salud, y a la vez posibilita que puedan reducirse las cargas sociales y de impuestos, cuando todos pagan.
Por lo demás es buen momento para que el gobierno cumpla la promesa de bajar al 20 por ciento el IVA, en una decisión que se ha postergado demasiadas veces, que debería acompasar como buena señal el proceso de formalización y hacer que aparezca una madura entre tantas verdes.